Columba Arias Solís
México y la migración centroamericana
Jueves 10 de Julio de 2014
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La migración es un fenómeno cuya globalidad trasciende países, sociedades y fronteras, la cual, pese a la construcción de muros cada vez más altos, de tecnología más sofisticada y del incremento policial en las fronteras para frenar el crecimiento y hacerlo desistir, en los últimos años además de imparable, por el contrario, se ha incrementado día a día.
Durante la última década, el flujo de migrantes indocumentados provenientes de los países centroamericanos ha adquirido mayor importancia, y son los países de Guatemala, Honduras y El Salvador los mayores expulsores de esa migración que llega en primera instancia a México como lugar de tránsito, para luego intentar el cruce a los Estados Unidos, meta o destino de la migración.
La frontera sur de México comprende los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche, en una zona que se extiende a lo largo de mil 138 kilómetros compartidos con Guatemala y Belice, y a lo largo de la cual existen varios puntos de paso por donde acceden los migrantes de los países arriba señalados.
Por desgracia, no solamente los migrantes -como antaño- son los adultos que traspasan la frontera mexicana e intentan adentrarse en territorio estadounidense, en la búsqueda del trabajo que les permita salir de las condiciones de miseria en sus países de origen; a la necesidad de migrar por cuestiones económicas, se agrega en los últimos años el éxodo de familias que huyen por la violencia prevaleciente y las condiciones de inseguridad, empero, entre los grupos que emigran, los más vulnerables a todos los peligros -ya se ha visto- son los niños y adolescentes que cruzan México con destino a la Unión Americana sin ningún adulto acompañante.
Es desolador el panorama de tantos niños cuyas familias con sacrificio pagan al coyotaje el transporte de los infantes, y a partir de entonces, en esa suerte de largo viacrucis, están sometidos a todos los peligros imaginables; ya en la colaboración anterior, señalaba los miles de niños que durante el pasado año en su intento por llegar al vecino país, fueron detenidos, algunos repatriados y miles de ellos en los albergues provisionales en condiciones de gran vulnerabilidad, en tanto su caso se presenta a los jueces que en su mayoría determinarán la expatriación a sus lugares de origen.
Dada la importancia que ha adquirido México como país de tránsito de la migración proveniente de Centroamérica, nos surgen varios cuestionamientos: ¿Cuál es la política del gobierno en relación con esta migración? ¿Se atienden las necesidades prioritarias de los migrantes? ¿Se les respetan sus derechos fundamentales? ¿Se les repatria guardando las condiciones de seguridad?
No obstante la firma de acuerdos entre los diferentes países para garantizar que la estancia de los migrantes indocumentados en las zonas donde son encontrados y detenidos y que se convierten en su residencia temporal tenga lugar en condiciones de seguridad, a ese compromiso no se le ha dado debido cumplimiento, puesto que en general, las estaciones migratorias o los albergues provisionales carecen de esas condiciones y los exponen a la mayor vulnerabilidad.
A pesar de que desde el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado se comprometieron diversos objetivos, tales como el respeto y protección de los migrantes en México, así como el reordenamiento de la frontera sur, facilitando la documentación de los migrantes, reduciendo los incentivos a la ilegalidad, lo cierto es que pocas noticias se tienen sobre la detención y castigo de las bandas de traficantes de personas que han hecho del sufrimiento de miles de adultos y niños su modus vivendi.
Se desconocen los avances de los compromisos de dicho Plan sobre el crecimiento económico y el desarrollo en las zonas más atrasadas para arraigar a los nacionales en sus lugares de origen, así como la promoción entre los países que comparten la problemática para la inversión en las zonas expulsoras de mano de obra.
¿Qué habrá pasado también con el compromiso de contribuir a generar oportunidades de desarrollo, dentro de la región centroamericana para la generación de empleos, y en general, sobre la gestión migratoria con fundamento en la coordinación institucional a través del Instituto Nacional de Migración?
¿Qué resultados habrá del compromiso de dignificar las estaciones migratorias y del combate frontal a la corrupción? A este respecto no parecen halagadoras las respuestas, toda vez que entre las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades mexicanas contra los migrantes, se denuncian la discriminación, corrupción, privación de la libertad, robo, cohecho y extorsión, además de golpes e insultos.
Es una obligación y compromiso de las autoridades mexicanas, defender los derechos humanos de los migrantes ya sean temporales o permanentes, resguardar en condiciones de decoro y respeto su integridad, evitando acciones discriminatorias, así como sancionar la conducta de los servidores públicos violatorias de los derechos humanos. Las autoridades mexicanas no deben seguir siendo -en sus exigencias del buen trato a nuestros migrantes en el norte- candil de la calle y oscuridad de su casa.

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