Jorge Álvarez Banderas
Mamá Rosa y el Estado fallido
Jueves 17 de Julio de 2014
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Así como civiles en 2013 tomaron las armas para defenderse de otros civiles armados ante la inacción del Estado, en 1947 una mujer iniciaba una labor encomiable para muchos y negativa para otros ante un Estado sordo y/o indiferente frente a una necesidad apremiante en la sociedad: la asistencia social a personas desvalidas; a pesar de asistir a personas desprotegidas, darles alimento y un techo, hoy esta mujer ya de casi 90 años de edad es acusada de varios delitos y su albergue se encuentra intervenido por fuerzas policiales.
El procurador general de la República anunciaba que esta intervención se dio por una serie de denuncias de particulares, de alguna manera afectados por circunstancias específicas de sus familiares que se encontraban bajo el “regazo” de su madre “adoptiva”. Lo que en la ciudad de Zamora se conoce como La Gran Familia tiene sus partidarios y lapidarios, los primeros consideran que la obra es buena, mientras que los segundos piensan que la forma en que lo hizo no fue la adecuada; lo cierto es que como ahí se dice, si fuera un gran negocio ya habría competencia y al menos en la ciudad no la tenía. Es evidente que con esta acción se cumplió bien o mal por parte de un particular la obligación de la asistencia social responsabilidad del Estado, la que a su leal saber y entender brindaba atención a personas desvalidas.
La acción del Estado de intervenir en este tipo de situaciones es adecuada, pienso que ya cuentan con una alternativa para albergar de una manera digna a los cientos de personas que se encontraban ahí, donde se les brinde la atención médica, psicológica y manutención para cada caso específico.
Si esto es el inicio para regular este tipo de albergues, al menos en nuestra capital Morelia, cuando incursionen, que espero sea de inmediato, saldrá a relucir la violación de los más elementales derechos humanos a personas con problemas de adicción a diversas sustancias, que en aras de sacarlos adelante con su problema, muchas veces se agrava más por no saber canalizarlos mediante un programa adecuado y en esto el Estado hasta hoy ha sido omiso, en especial la Legislatura local, la que se encuentra obligada constitucionalmente (último párrafo del artículo 117 CPEUM) a legislar en materia de “combate” al alcoholismo, aspecto que hoy debía ser una acción preventiva mas no correctiva y no sólo a dicha sustancia, sino a todas las que afectan la salud de las personas.
Dicho lo anterior me alegra la iniciativa, lo cual es un claro indicio de que el gobierno por fín da el primer paso de muchos, que por supuesto sin duda serán permanentes, para ayudar a esta parte de la sociedad hoy tan vulnerada.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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