Columba Arias Solís
¿Qué sucedió con Oceanografía?
Jueves 17 de Julio de 2014
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Con relación al presunto fraude que la empresa Oceanografía habría cometido en perjuicio de la institución financiera Banamex, en créditos que se le otorgaran por encima de los 400 millones de dólares y que fueron respaldados la mayor parte de estos con estimaciones derivadas de los contratos con Petróleos Mexicanos, que la paraestatal le otorgó a la empresa Oceanografía y que a la postre resultaron apócrifas, propiciando la denuncia de la institución bancaria y saliendo a relucir una serie de irregularidades en las que podrían estar involucrados funcionarios de Pemex, los integrantes de la Cámara de Senadores constituyeron una comisión investigadora a fin de conocer si la empresa del estado habría sufrido algún quebranto en sus finanzas o si los directivos de la misma hubieran incurrido en actos de corrupción.
No obstante la magnitud del presunto quebranto y de las características escandalosas del mismo por la presunción de la implicación de altos funcionarios de los dos sexenios anteriores, la investigación al respecto no parece tener grandes avances, o al menos esa es la impresión que trasciende hacia la sociedad.
El pasado 20 de junio, el procurador general de la República, al comparecer ante la Comisión Investigadora del Senado, no arrojó grandes luces al respecto, toda vez que el funcionario se concretó a señalar que la investigación no se encontraba cerrada y que se continúan integrando pruebas para conocer el monto del quebranto contra Banamex y sancionar a quienes estuvieran involucrados, porque hasta la fecha de la comparecencia del funcionario, como lo manifestó, no había sido posible determinar el monto exacto de lo defraudado al banco, ya que el dictamen contable presentado por Banamex está no determinado, “en razón de que no descuenta los pagos efectivamente recibidos”.
Igualmente, el procurador señaló que “lograr la reparación de acreedores afectados, como se tiene que buscar en todo procedimiento y sancionar a los responsables de las conductas delictivas realizadas, fueron los objetivos que nos hemos trazado cuando iniciamos y lo hicimos público”.
A instancias de los senadores, el procurador manifestó que con las acciones de las autoridades, lo que se ha buscado es no afectar el patrimonio nacional y no afectar a Pemex, al tiempo que se preservaron las once mil fuentes de empleo para evitar una quiebra.
El procurador, no obstante su propio reconocimiento de la falta de información en el proceso de investigación, señala que los delitos y quebrantos no afectaron a Pemex y que no hay funcionarios de esta empresa o del gobierno que hayan intervenido en esos delitos, cuando menos -eso dijo- hasta el momento; sus declaraciones al respecto han sido muy criticadas toda vez que por un lado expresa que la investigación está en curso, y por la otra insiste en exonerar a funcionarios de la paraestatal sin bases para sus aseveraciones.
Por su parte el director general de Pemex, en su comparecencia ante la misma comisión, unos días antes, afirmó que cualquier posible afectación patrimonial en contra de la paraestatal, como en el caso de Oceanografía, se encuentra controlada en virtud a que Pemex exige reservas y garantías a sus proveedores y contratistas.
En ese contexto, el director jurídico de la misma empresa paraestatal y en el marco de su propia comparecencia, respondería a los senadores que en el caso de Oceanografía, se impuso a ésta una multa de 24 millones de pesos.
Como se dio a conocer en los primeros meses del año, Pemex Producción y Exploración (PEP) firmó 82 contratos con Oceanografía entre 2066 y la fecha de su inhabilitación en este 2014, por un monto total de casi 45 mil millones de pesos. A la fecha de inhabilitación de Oceanografía, 39 de esos contratos seguían vigentes, y 31 estaban cedidos a bancos, de los cuales 25 cesiones de cobros de facturas se encuentran en poder de Banamex.
Luego de las anteriores informaciones rendidas por los funcionarios en sus comparecencias ante la Comisión del Senado, de acuerdo a las notas publicadas en diferentes medios, el juez que lleva el caso de Oceanografía resolvió que es procedente declarar en concurso mercantil a la empresa por incumplir de forma generalizada con el pago de sus obligaciones por más de 30 días a por lo menos 149 de sus acreedores que integran la lista provisional, y mientras se tramita el procedimiento respectivo, se ordena a Pemex que reintegre los importes deducidos por penas convencionales impuestas a Oceanografía, del 28 de febrero de 2014 a la fecha. O sea entonces, que Pemex no tiene garantizado el pago de nada. Así vamos.

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