Hugo Rangel Vargas
Consejo Económico y Social de Michoacán: Las resistencias
Jueves 28 de Agosto de 2014
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La enorme complejidad de los problemas que afrontan las sociedades modernas ha obligado a los gobiernos en sus diferentes esferas, a abrir espacios de participación social y ciudadana que sirvan de válvula de escape y que acrecienten la creatividad en las propuestas de atención a los mismos.
Más allá de la moda, la participación social es un instrumento de verdadera praxis transformadora del entorno, así como de formación de ciudadanía. Esta nueva forma de entender la democracia sirve para involucrar a los afectados directamente de las políticas públicas y para abrir nuevos mecanismos de diálogo y relación entre el Estado y la sociedad en el procesamiento de conflictos sociales. Un efecto adicional de la apertura de formas de participación ciudadana, es el fortalecimiento de la cohesión social y la generación de sinergias.
Estos elementos, aglutinados a la vasta experiencia internacional que incluye diversas iniciativas tales como mesas de diálogo y concertación sobre temas varios, y en Consejos Económicos y Sociales (CES) en diferentes países y regiones (a manera de ejemplo, la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales y Organismos Similares -AICESIS- identifica al menos 95 iniciativas de este tema: 27 en África, 20 en Asia, 30 en Europa y 18 en América Latina), sirvieron de sustento a la Ley del Consejo Económico y Social de Michoacán promulgada el 28 de diciembre de 2011.
Colocada en el tránsito de las administraciones de Leonel Godoy y Fausto Vallejo, así como en el cambio de la Legislatura; esta ley ordenaba la instalación del primer consejo (de 40 integrantes divididos en diez miembros propuestos por los sectores empresariales, campesinos o gremiales, académicos y regionales), a más tardar a los 90 días después de la entrada en vigor de dicho ordenamiento. Los tiempos y las prioridades del Ejecutivo y el Legislativo, recientemente electos en aquel entonces, parecían no tener como prioridad la instalación de este órgano.
Frente a este primer escollo, el ex diputado y promotor de esta ley, Enrique Bautista Villegas, promueve un amparo ante un juez de distrito, recurso jurídico que en una primera instancia es rechazado. Sin embargo, el 30 de junio de 2014, el juez Segundo de Distrito en el estado concede al quejoso la protección de la justicia federal y ordena al Congreso del Estado la inmediata instalación del Consejo en controversia.
Con un retraso adicional, el Poder Legislativo estatal emite apenas el 12 de agosto la convocatoria para la designación de los consejeros que integrarían el primer pleno de este órgano consultivo. Pero la tentativa de tripular un órgano de participación ciudadana y de deliberación en torno a políticas públicas, prevalece aún entre la clase política representada en el Congreso del Estado. Y es que al parecer el perfil de los 50 pretensos consejeros registrados como aspirantes a partir de la convocatoria en cuestión, no satisface a las filias de los diputados que pretenden reabrir la convocatoria, pretextando falta de paridad de género entre los candidatos registrados.
Pese a tratarse de un asunto que debe ser atendido con el único rasero de la ley y de los ordenamientos derivados de la misma (los que por cierto no contemplan segundas convocatorias, ni la paridad de género en la integración del consejo); el tema de fondo es el retraso y la resistencia evidente que los poderes públicos presentan ante la apertura de la participación ciudadana.
Bien vale la pena que los representantes populares, emanados de la voluntad democrática de la ciudadanía expresada en las urnas, abran el abanico de posibilidades ante la grave crisis social por la que atraviesa Michoacán. Quizá la participación ciudadana dé a Michoacán alternativas frente a la misma, posibilidades que no ha abierto la “inmensa sabiduría” del oráculo que posee, en exclusividad, la clase política michoacana.

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