Hugo Rangel Vargas
EPN: La nomenklatura
Viernes 5 de Septiembre de 2014
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La pompa con la que se ha conducido lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, seguramente no ha defraudado a los publicistas que construyeron su campaña rumbo a la Presidencia de la República. Montada en un guión que fue respaldado por un despliegue en los medios de comunicación de televisora de Chapultepec, desde el gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto proyectó una imagen de un PRI “renovado”.
Pero la renovación peñanietista se ha construido en la oquedad de un cambio maquillado sobre rimbombantes denominaciones a sus acciones de gobierno. Cambiar todo para que siga igual, es el signo del actual sexenio, que sin embargo ha logrado sacar adelante una agenda de reformas que ha puesto en retroceso histórico al andamiaje político, económico y social de nuestro país.
Michoacán, botón de muestra de la lógica invasiva del gobierno federal, ha padecido una estrategia que pretende entregar resultados en materia de seguridad y de desarrollo integral con el nombramiento de un emisario de la Federación, que ha asumido poderes plenipotenciarios subordinando prácticamente al conjunto de las instituciones a su designio.
La estrategia de la Federación en el estado incluye al menos dos ejes claros: el Plan Michoacán, integrado por 250 obras y acciones, y la institucionalización de los grupos de autodefensa civil y la renovación de los cuerpos de seguridad a través de la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana. Ambas líneas de acción sin embargo han tenido tumbos que evidencian debilidad.
De las 250 obras y acciones del Plan Michoacán, el gobierno de la República sólo presenta resultados tangibles en tres de ellas, todas vinculadas a actividades deportivas. Por su parte, el proceso de regularización de los grupos de autodefensa ha quedado en tela de juicio frente a la posible infiltración de los mismos por parte de grupos del crimen organizado y el cuestionamiento a dos de sus cabezas claras: Antonio Torres, El Americano, y Estanislao Beltrán, Papá Pitufo.
Más hueco aunque la nomenklatura del Plan Michoacán y de la Fuerza Rural y Ciudadana, es el cambio de nombre al programa de política social que, desde la administración salinista, ha pretendido detener el crecimiento de la pobreza en México. De Solidaridad, a Progresa, pasando por Oportunidades y ahora devenido en Prospera; las derivaciones de nombre de este instrumento de política pública no van al fondo de resolución de la fábrica de pobres que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto mantiene al país dentro de los de mayor pobreza en el mundo, según datos del informe publicado recientemente por la OCDE llamado “Todos a bordo: haciendo posible el crecimiento incluyente”.
Y es que detrás de la suntuosidad de los programas sociales de las administraciones de corte neoliberal de los últimos 30 años en el país, se encuentra la voracidad de una política económica que constriñe el crecimiento y limita el desarrollo. De fondo, la política social sigue siendo un paliativo de una política fiscal y monetaria que restringe el crecimiento real del salario y que prende incienso al control inflacionario antes que al estímulo al desarrollo económico.
Cambiar todo para que todo siga igual, es la lógica detrás de la resurrección de un priismo que ha engullido a la propia oposición, devorándola en la vorágine de otra nomenklatura, ésta sí llena de contenidos retrógradas y perversos: el Pacto por México. Este acuerdo, que bien podría ser el acta de nacimiento de un nuevo régimen presidencial construido sobre el cimiento de la vacuidad mediática peñanietista, alfombra el camino de otros “grandes cambios y transformaciones” que mantiene en vilo a la teleaudiencia de la clase política mexicana.

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