Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Presupuesto 2015, transversalidad de igualdad
Martes 9 de Septiembre de 2014
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El Programa Presupuesto Federal 2015 fue entregado ya a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ello, nos pone en aviso a las y los michoacanos para revisar que debemos hacer y que debemos plantear a nuestras autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que se integren recursos públicos en el Presupuesto 2015 de Michoacán y se atiendan las diferentes áreas de trabajo que se impulsan y fortalecen desde las organizaciones la sociedad civil.
Por ello, el Programa Presupuesto 2015, que presente el Gobierno del Estado de Michoacán para aprobación de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, deberá plantear que se garantizará el derecho humano a la no discriminación, tal cual lo dice nuestra Constitución Política Federal, como la Local de Michoacán; esto lo hará, a partir de que las partidas presupuestales y el ejercicio del gasto contemplen a todos los grupos de población vulnerables en sus muy diversas condiciones, incluidas todas aquellas poblaciones relacionadas con la identidad de género, la discapacidad, el trabajo doméstico, los grupos de minorías religiosas y aquellos que requieren de estrategias compensatorias.
De ahí mi pregunta base, ¿el estado de Michoacán está considerando el criterio de igualdad de trato en su política presupuestaria?; y es que hoy, al parecer la política presupuestal, en su operar actual, trata de forma desigual a los ciudadanos que esencialmente busca servir, cuando la regla debería ser tratar de manera igualitaria a aquellos que históricamente se les ha tratado de manera desigual.
A la vuelta de estos años de trabajo con grupos vulnerados, observamos que la desigualdad de trato en materia presupuestal está presente desde el diseño mismo de la política pública: por un lado la falta de equidad en la distribución de los recursos fiscales (no están algunos grupos de los llamados vulnerados por la legislación armonizada), por el otro, en la invisibilidad de la población destinataria de los mismos (Judith Butler dice: lo que no está no existe, lo que no existe no tiene derechos, veamos el caso de los grupos de orientación sexual, identidad de género, de las minorías religiosas, de las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar) y finalmente como corolario y a la vez síntesis en la exclusión en el acceso de tales recursos.
En este sentido la afectación del presupuesto para los grupos discriminados, como el relacionado con la diversidad sexual, la población de las minorías religiosas, el grupo de personas con discapacidad o bien, el de las llamadas trabajadoras domésticas o del hogar, salvo los dos últimos que son grupos en desventaja económica, todos ellos, también son objeto de una diferencia de trato social, de discriminación histórica.
Mientras no existan los recursos públicos para atender a estos segmentos de población y otros que se mantienen alejados de la política pública por falta de asignaciones presupuestales, tendremos a un Estado que invisibiliza como mecanismo de opresión a estos y que no les da la atención que merecen en un estado que se dice ser democrático, razón por lo cual tendría que expresar su vocación social en el diseño del Programa Presupuesto Estatal.
Hoy, las organizaciones de la sociedad civil, al igual que algunos segmentos de población que son apoyadas por éstas y las políticas públicas del Estado, requieren de la asignación de recursos para mejorar sus acciones comunitarias y lograr modificar las conductas y prácticas sociales y generar la disminución de las asimetrías, no sólo económicas entre grupos avanzados y los vulnerados económicamente, así como ir cerrando las diferencias de trato social por cuestiones de estigma, prejuicios y estereotipos sociales.
El Programa Nacional de Igualdad y no Discriminación 2014-2018, así como los programas nacionales de la Mujer, de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, o bien el de los Derechos Humanos, traen consigo una serie de responsabilidades para los gobiernos locales, en ellos el de Michoacán; pensar en que la agenda antidiscriminatoria es de buena fe no es correcto, a la no discriminación y a la cultura de la igualdad se le debe invertir como política pública, como política de Estado, tal como lo plantea el Programa Nacional de Igualdad.
En este sentido y aterrizando en el discurso político de la Ley para Prevenir la Discriminación y Violencia en Michoacán, me parece que es hora, ya pasaron seis años de que se debió instalar el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y Violencia en Michoacán, que se deben asignar los recursos económicos públicos para su impulso y fortalecimiento de una política que evite la diferencia de trato social en Michoacán; en diferentes ocasiones Grupo de Facto y otros actores políticos han expresado el exhorto al Ejecutivo del estado para que impulse esta tarea, pero todo ha sido inútil, no hay respuesta.
Por ello la pregunta ¿el gasto público realmente atiende con acciones compensatorias a aquellos grupos que la normatividad señala como necesitados de esas acciones?, creo que no, así, en este Programa Presupuesto 2015, la desigualdad de trato se deberá entender como cualquier diferencia injustificada en el tratamiento que se ofrece, mediante políticas, programas y acciones públicas, hacia el conjunto de las personas que son titulares de los derechos que el Estado ha de garantizar, en tanto que éste ha de tratar a la ciudadanía no sólo con cuidado y respeto, sino con igual cuidado e igual respeto; por ello en el 2015, los recursos deben ser asignados sin discriminación y sí con una clara visión de igualdad social tendiente a cubrir la agenda antidiscriminatoria estatal.
Hasta hoy, y en concordancia con la posición que manejan los autores del libro “La desigualdad de trato en el diseño del gasto público federal mexicano”, Mauricio Merino y Carlos Vilalta, nos comparten que entre el 2010 y el 2012 se generaron las siguientes deficiencias constitutivas de discriminación e invisibilidad de grupos históricamente discriminados (quiero entender que en los programas de presupuesto de los estados hay una significación mayor de discriminación que en el presupuesto federal), en cuya política presupuestar se les violentó, veamos sus conclusiones:
1.- No hay criterios de equidad en la distribución de recursos asignados a los grupos en situación de vulnerabilidad identificados en la normatividad de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. 2.- Los objetivos y los resultados esperados de los programas presupuestarios deben estar plenamente informados a las poblaciones, al parecer hay falta de transparencia y de un sistema consolidado de rendición de cuentas, la ausencia de datos sobre los objetivos específicos de los programas presupuestarios impide constatar que el gasto se haya diseñado o ejercido para reducir la desigualdad, en cualquiera de sus manifestaciones. 3.- En la mayoría de los programas presupuestarios las poblaciones destinatarias son invisibles o no son cuantificables.
4.- Se observa, como fenómeno preocupante, que la asignación y ejercicio del gasto en los tres años del análisis deja fuera la atención a grupos poblacionales que, si bien no están considerados expresamente en la ley como poblaciones a las que se deben otorgar acciones compensatorias, sí constituyen poblaciones que conjuntan motivos que representan formas de discriminación a las que debería atenderse, precisamente por la estigmatización y prejuicios de las que son objeto y por la reiterada discriminación que viven, a saber: la comunidad lgbttti (comunidad transexual, transgénero, las y los trabajadores del sexo comercial), las minorías religiosas, los afrodescendientes y los migrantes.
5.- La población objetivo no corresponde en su totalidad con el grupo de personas que el programa dice atender. 6.- Los requerimientos de acceso a los beneficios de los programas dan por hecho que la gente sabe cómo y, además, puede acceder a esos apoyos. 7.- Aunque una reducción en los niveles de exclusión programática en el periodo 2010-2012 con base en la unidad de análisis (población potencial u objetivo), la exclusión en sí misma y el problema de indefinición de la población destinataria queda latente.

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