Viernes 3 de Octubre de 2014
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Los hechos de violencia ocurridos en meses y días pasados en diversos lugares de este sufrido país, nos demuestran que vivir bajo fuego es una experiencia que está adquiriendo visos -desgraciadamente- de cotidianidad, agravadas las circunstancias por la participación en los hechos de soldados y policías, que son los encargados de salvaguardar el orden.
El 30 de junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional daba a conocer que los militares que realizaban labores de patrullaje en la zona de Tlatlaya, en el Estado de México, habían respondido al ataque de un grupo armado, resultando de éste 22 presuntos delincuentes muertos y un militar herido. El gobernador del Estado de México no se quiso quedar atrás reconociendo “la acción decidida y contundente del Ejército Mexicano”.
Sin embargo, con el paso de los días se fue desmintiendo la versión castrense y gubernamental al demostrarse que no había indicios de tiroteo continuo en el edificio desde donde se decía habían sido atacados, ello gracias a los reportajes que medios internacionales hicieron sobre el fatal suceso, entrevistando a una de las tres sobrevivientes del ataque, quien declaró que no se trató de un enfrentamiento, que solamente uno de los presuntos delincuentes se había enfrentado y que los otros 21, incluida su hija de quince años, simplemente fueron puestos en línea y ejecutados.
Ante la evidencia de las ejecuciones realizadas por las fuerzas militares, organismos internacionales de derechos humanos han prendido las alarmas y cuestionado al gobierno mexicano, solicitando que las autoridades civiles de México investiguen a los militares por su presunta participación en la muerte de 22 personas, ya que éste podría ser un caso de ejecuciones sumarias, según lo declaró el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas, así como el relator especial del organismo sobre ejecuciones extrajudiciales, quien manifestó que el gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los implicados en los presuntos casos de ejecuciones extra legales o sumarias.
Por su parte, la organización internacional WHR ha denunciado que en este caso existe un doble crimen, de una parte la masacre y de la otra el encubrimiento; el director del organismo para América Latina ha criticado fuertemente la actitud gubernamental manifestando que “el encubrimiento ha sido la política y la práctica que históricamente se ha adoptado en México para proteger estos hechos, para evitar que se rindan cuentas específicamente cuando se trata de oficiales de rango superior o autoridades políticas”.
Luego de quedar al descubierto la falsedad de las declaraciones de las autoridades en el caso Tlatlaya, el procurador general de la República anunció el martes pasado la consignación de tres militares que se encuentran sujetos a investigación por su presunta participación en la muerte de las 22 personas.
Estas detenciones dejan en evidencia tanto al gobernador mexiquense como a su procurador, así como al propio secretario de la Defensa, y ni qué decir del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien declarara desde la titularidad de su encargo el supuesto enfrentamiento -que por lo visto no fue tal-, y quien al parecer sólo busca proteger su estancia al frente del organismo defensor de derechos humanos, al hacer eco de declaraciones gubernamentales sin tener a la mano evidencias que lo confirmen, con lo que queda claro que su tiempo en la CNDH debe llegar a su fin.
Por otra parte, el ataque a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la población de Iguala, en el estado de Guerrero, la pasada noche del viernes 26 y madrugada del siguiente día, a manos de policías municipales y pistoleros que los apoyaban, dejó una estela de seis personas muertas, 28 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
Los hechos sucedieron cuando los estudiantes normalistas llegaron a botear, se apropiaron de tres autobuses en los que comenzaron a circular, lo que provocó la persecución de los policías que comenzaron a disparar contra los autobuses en los que iban los normalistas, luego de lo cual atacaron también el camión donde viajaban los integrantes de un equipo de futbol de Tercera División, provocando que se desbarrancara el vehículo, y ocasionando la muerte de un joven futbolista de apenas catorce años, así como del chofer del autobús. Todo esto sucedía mientras que el presidente municipal de Iguala se divertía en un festejo, y quien al ser entrevistado por los medios declaraba no estar enterado de los hechos.
En ambos desafortunados eventos, se hace indispensable la delimitación de responsabilidades y la aplicación irrestricta de la ley; la impunidad es el caldo de cultivo de las inconformidades sociales. El gobierno federal está obligado a revisar sus estrategias de seguridad, así como a quienes integran las fuerzas policiacas y militares, que no solamente cometen abusos a los derechos humanos, sino como en los casos anteriores, son presuntos hechores de graves delitos, igual compromiso tienen los gobiernos locales y municipales. Si no se aplica la ley, si no se hace justicia, pronto tendremos un Estado de Derecho fallido.

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