José María Carmona
Iguala: la masacre perredista
Miércoles 8 de Octubre de 2014

Segunda parte

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De esta manera la matanza de los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición de otros no tienen punto de comparación en la historia reciente de la violencia en el país.
Junto con el caso de Tlatlaya, donde también el gobernador, Eruviel Ávila, ha perdido la gobernabilidad en el Estado de México, son golpes muy violentos contra la figura presidencial y de la magnitud como ya se mencionó de la crisis, el propio Peña Nieto tuvo que salir en cadena nacional a “condenar” los hechos y únicamente ha decidido mandar a la Gendarmería Nacional a controlar la crisis.
En la opinión internacional se percibe que el gobierno mexicano ha perdido el control en materia de seguridad y su política es todo un fracaso, lo que constituye un factor determinante dentro de las expectativas de los inversionistas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es omisa por no haber asumido las medidas cautelares desde que Guerrero se convirtió en un foco rojo, el presidente Raúl Plascencia está fuertemente cuestionado por las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos por su actuación no solamente en ese asunto sino en otros más.
El legendario René Bejarano, dirigente de Alianza Nacional Democrática, sin el menor empacho también ha declarado a Carmen Aristegui que el gobierno federal “abandonó” al gobierno de Ángel Aguirre, un gobierno de izquierda, este personaje recordado por la memoria colectiva como el hombre de las ligas por sus negocios con Ahumada, hoy defiende incondicionalmente al gobernador de Guerrero.
Los dirigentes de los partidos políticos guardan silencio cómplice ante los hechos, incluyendo a López Obrador y no ha dicho ni una palabra sobre estos hechos.
Con la masacre de Iguala, también queda confirmado el actuar de Ángel Aguirre Rivero ante el caso de la comandanta Nestora Salgado, la cual está encarcela por organizar la policía comunitaria y detener a las autoridades municipales por sus vínculos con el narcotráfico.
De esta manera es necesario impulsar una campaña de todas las organizaciones sociales y políticas independientes para demandarle al gobierno de Peña Nieto el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los desaparecidos y de manera categórica la caída de Ángel Aguirre Rivero, como gobernador de Guerrero, y que sea llevado a juicio junto con el ex presidente municipal de Iguala. La impunidad no debería ser permitida y el pueblo tiene la última palabra ante la masacre de Iguala.

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