Iguala, desde la barbarie

Columba Arias Solís

Los hechos de barbarie acontecidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, cuyos funestos resultados no terminan de saberse todavía, han generado una condena unánime en el país y fuera de éste: organismos internacionales de derechos humanos, el secretario de la OEA, el comisionado de Naciones Unidas, y hasta autoridades del vecino país del norte, han expresado su repudio ante los asesinatos de jóvenes a manos de las fuerzas policiacas municipales de Iguala, así como su preocupación por el destino de los 43 estudiantes normalistas que siguen desaparecidos, sin conocerse aún si alguno de los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de aquel municipio corresponden o no a los jóvenes levantados el pasado 26 de septiembre.
El secretario general de la OEA manifestó su profunda consternación ante la desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes que se llevaron; como “inhumano y absurdo” calificó el secretario el posible asesinato de los jóvenes e instó con urgencia a alcanzar mecanismos de trabajo conjunto por parte de los gobiernos de la región, para luchar contra el poder del narcotráfico, capaz -señaló- de asesinar, corromper y aterrorizar a los pueblos del continente.
Con el paso de los días, se presume que a la desaparición y el cobarde asesinato de los jóvenes, no son ajenos ni el jefe de Policía Municipal, ni el alcalde de Iguala y quién sabe cuántas más autoridades, que ignoraron las denuncias en contra del munícipe por su presunta responsabilidad en la muerte de otros actores políticos municipales.
Hoy se conoce que el alcalde de Iguala, no sólo conocía los hechos -como lo había negado en entrevistas a los medios- sino que él mismo había ordenado a la policía detener a los jóvenes que se dirigían a la plaza de la localidad, donde rendía su informe de labores al frente del DIF la esposa del munícipe.
Resulta inaudito, que habiendo denuncias en contra del alcalde desde hace más de un año, no se haya actuado en consecuencia, y que ahora el procurador de la República señale ¡que no se actuó porque no le presentaron pruebas! ¿Quiere decir, que para accionar ante una denuncia, deben los promoventes, investigar, presentar las pruebas, obtener la confesión y detener al acusado? Al parecer era pública y conocida la relación de autoridades de distintos niveles con integrantes de la delincuencia organizada, de tal forma que -como sucedió en Michoacán- hasta la entrada de la Federación se estén dando a conocer las relaciones ilícitas de políticos locales con aquellos, pero sin que a ninguno se le haya detenido.
¿Acaso el gobernador de Guerrero -priista de siempre pero que contendió bajo las siglas perredistas, como también lo hizo el ex gobernador de esa entidad-, ignoraba las denuncias en contra del dizque “ciudadano sin partido” que participó como candidato a la alcaldía igual que el titular del Ejecutivo, cobijado por las siglas del partido negroamarillo? En los últimos años, en aquella entidad ha existido cierta simbiosis entre partidos que llevan de candidatos a militantes de institutos políticos diferentes del que los cobija. El amarillo postula inconformes tricolores, el azul a inconformes amarillos, los cargos se reparten entre los diferentes colores.
¿Acaso los directivos perredistas se molestaron en averiguar la procedencia de sus prospectos a las candidaturas a los diversos cargos de elección popular? A la luz de los acontecimientos está claro que no, y deben por ello asumir su responsabilidad. ¿Acaso los demás partidos se preocupan por el origen y recursos de sus candidatos? Hoy, las fotografías del prófugo presidente de Iguala, acompañado con los más conspicuos personajes de la política -del presidente de la República para abajo- inundan las redes, quizás alimentadas por el propio alcalde en un afán de presumir las influencias, alguna de las cuales le permitió la fuga.
¿Cuántas autoridades más de los diferentes niveles de gobierno estarán coludidas con los grupos delincuenciales del vecino estado? La cloaca comenzó a ser destapada y a mostrar la descomposición de ciertos políticos y ciudadanos que se venden sin partido y compran sus candidaturas con recursos de procedencia ilícita.
Por desgracia, las fosas clandestinas en las que se encontraron los 28 cuerpos en el poblado de Palo Blanco, perteneciente al municipio de Iguala, en Guerrero, son parte de un paisaje de tumbas sin cruces que en diversas parte del país desde hace años y hasta ahora se han ido encontrando, donde mujeres, niños y hombres se amontonan en la tierra sin que logren identificarse sus restos. En Durango, Tamaulipas, Veracruz, La Barca, Jalisco, Tepic, en Nayarit, Acapulco y ahora Iguala se han encontrado las fosas donde la barbarie y la inhumanidad de los criminales sepultaron a cientos de infortunados.
Previo a la barbarie en Iguala, las ejecuciones en Tlatlaya, Estado de México, han puesto en entredicho el Estado de Derecho en nuestro país; por desgracia, no parecen ser los únicos, ya el ex presidente Fox acusaba al sexenio calderonista de sembrar miles de cadáveres. Este país no puede seguir pintándose de rojo. Hoy más que nunca los ciudadanos debemos levantarnos con una sola voz: ¡Justicia, justicia, justicia!