Jorge Álvarez Banderas
Crímenes de lesa humanidad
Miércoles 15 de Octubre de 2014
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El 28 de octubre de 2005 México fue el centésimo país en ratificar el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, entrando en vigor el 1 de julio de 2002; en el cual se recoge el crimen contra la humanidad, también conocido como crimen de lesa humanidad, que no es más que un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
Encuadran en el tipo las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Cuando funcionarios del Estado atentan contra la población civil estamos frente a una especie del género lesa humanidad: el genocidio; definido desde 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como “una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros”, entre ellos los “raciales, religiosos o políticos”, es una acción que no necesariamente se da en tiempo de guerra, sino también en tiempo de paz, una de sus características es que es imprescriptible, es decir que pueden ser perseguidos en todo tiempo. El caso de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, puede encuadrar dentro de los crímenes de lesa humanidad el homicidio intencionado (asesinato), el dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales causados intencionalmente (tortura), la detención o secuestro de personas por el Estado o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los desaparecidos con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo (desaparición forzada de personas).
No nos extrañe que las investigaciones sobre los desaparecidos derive en una conclusión para intentar no encuadrar en el tipo penal: fue el crimen organizado.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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