Columba Arias Solís
Guerrero ¿Un Estado fallido?
Jueves 16 de Octubre de 2014
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El pasado año 2013, la organización Fund for Peace, publicaba en Foreign Policy, los resultados sobre el índice de Estados fallidos, señalando que México aún se encontraba entre los países en riesgo de convertirse en un Estado fallido, al ubicarse en el lugar 97 de una lista de 178 países analizados bajo “Estado de advertencia” con 73.1 puntos.
Si se atiende a los parámetros establecidos mundialmente para determinar si un Estado es fallido, encontraremos que una amplia zona de nuestro país reúne las condiciones para calificarlas como tales, toda vez que la pérdida de control físico de su territorio, la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, la incapacidad para proveer servicios públicos razonables y la incapacidad de interactuar con otros estados como un miembro de la comunidad, se observan en diversos lugares.
Si se toman en cuenta además otros indicadores como los considerados para calificar al país, entre los que destacan: la desigualdad en el desarrollo económico y aparatos de seguridad débiles, la incapacidad del gobierno de ejercer el monopolio de la violencia o también, la impunidad con la que actúan grupos criminales, tenemos que en una extensa franja territorial de México, las condiciones apuntan hacia la calificación de entidades fallidas, entre otras a: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Veracruz, donde por encima de las autoridades, los grupos criminales son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio de la violencia y el cobro de impuestos -que resulta ser la imposición del pago periódico de derechos de piso-, como lo ha señalado el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
A la luz de los desgraciados sucesos del pasado 26 de septiembre en la población ahora tristemente célebre de Iguala, en Guerrero, con el asesinato de tres personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, sin que hasta la fecha se tenga información sobre el paradero de los mismos, más el descubrimiento de varias fosas clandestinas donde se encontraron 23 cadáveres que no han sido identificados todavía, otros hechos de violencia que ya no son aislados y que repercuten internacionalmente, las protestas constantes y la incapacidad de que ha dado muestras el gobernador de aquella entidad, todos estos hechos hacen suponer la calidad de fallida a la entidad guerrerense.
Y no puede pensarse en menos ante la gravedad de la inseguridad, los altos índices de pobreza y subdesarrollo, la alta incidencia delictuosa con los asesinatos y desapariciones por organizaciones armadas, la impunidad de esas acciones, el control de poblaciones por grupos delictivos, el robo o el despojo, el control de la policía por la delincuencia, las intimidaciones y ataques a medios de comunicación, o como se vio recientemente, el secuestro masivo.
Guerrero es un estado caracterizado por los altos índices de pobreza en determinadas áreas; una entidad donde los contrastes se marcan descarnadamente; tiene en su territorio el municipio considerado como el más pobre en el país: Cochoapa, cuyos niveles de vida se equiparan a los de algunas de las regiones más pobres del Continente Africano, mientras que por otra parte cuenta con lujosos lugares de playa como Acapulco e Ixtapa, conocidos internacionalmente, los cuales conjuntamente con Taxco reciben el mayor ingreso por concepto de turismo.
La marginalidad, los elevados índices de pobreza han propiciado en Guerrero el surgimiento de grupos guerrilleros que han buscado la reivindicación de sus demandas sociales a través de levantamientos armados, como sucedió en la década de los 70 con los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
En 1995, en el vado de Aguas Blancas, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, la policía estatal asesinó a 17 campesinos, lo que produciría la caída del entonces gobernador Rubén Figueroa, propiciando que Ángel Aguirre concluyera el periodo de gobierno del anterior.
Aguirre realizó toda su carrera política al amparo del priismo, empero al no ser el favorito del entonces poderoso e influyente líder del Senado, quien apoyaría a Manuel Añorve como candidato del tricolor, llegaría a las elecciones del 30 de enero de 2011 con el cobijo de la alianza PRD-PT-Convergencia y con el apoyo tácito del PAN, cuyo candidato al gobierno del estado en las vísperas de la elección decidió no participar y llamó a los ciudadanos a emitir su voto a favor de Aguirre.
Al asumir Aguirre el gobierno de aquella entidad, de acuerdo a las mediciones de la pobreza realizadas por el Coneval, siete de cada diez habitantes no contaban con los ingresos necesarios indispensables de alimentación, salud, vivienda y educación. Entonces y ahora, la pobreza y la violencia campean en amplias zonas del territorio guerrerense; los desgraciados hechos de Iguala son el corolario que muestra de un lado, la colusión de la clase gobernante con la delincuencia, y de la otra la incapacidad para resolver expeditamente el ataque policiaco contra los jóvenes cuyas secuelas son el asesinato de tres y el secuestro y desaparición de 43 estudiantes.
No es extraño entonces que se solicite la desaparición de poderes en Guerrero, lo extraño es que se siga sosteniendo una clase gobernante que en todos los niveles, sobradamente ha dado muestras de incapacidad.

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