Francisco Lemus
Visor
Licitaciones gubernamentales y pequeñas empresas
Viernes 24 de Octubre de 2014
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La actuación del Estado en la economía suele levantar polémicas, y entre las principales escuelas de economía se estima que éste debe mantenerse lo más alejado posible; sin embargo, la necesidad de proveedores marca una relación constante con las empresas, una relación que en México siempre está bajo sospecha por lo poco transparente de las licitaciones.
Pequeños escándalos a nivel municipal o grandes fraudes como el cometido por la empresa Oceanografía, superior a 400 millones de pesos en garantías falsificadas, han sido una muestra de la poca transparencia que existe en las licitaciones para que los gobiernos adquieran bienes y servicios de las empresas.
Más allá de estos casos, las adquisiciones gubernamentales suelen ser un salvavidas para muchos emprendimientos, más cuando el entorno es totalmente incierto y sólo aquí puede haber alguna garantía de certidumbre, por lo general en el pasado el gobierno era uno de los pocos clientes que siempre hacía sus pagos, tal vez no los más puntuales, pero eran algo seguro.
La realidad ha ido transformándose y ahora hacer negocios con los municipios, casi todos en quiebra, o con los estados, mayoritariamente sobreendeudados, ya no representa un negocio muy seguro, a menos que se cuente con información privilegiada o se sea lo suficientemente poderoso para no permitir que un gobierno no cumpla con su deuda en un tiempo estipulado.
Hace ya algunos años que apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios se volvió una consigna de los gobiernos, una consigna que parece haberse transformado en “no me ayudes, compadre”. Basta ver el caso de Michoacán y sus proveedores, que en palabras del comisionado Castillo se han visto obligados a hipotecar sus casas ante la morosidad del gobierno.
Y esto ya no es una novedad. Entre el cambio de gobierno estatal de Leonel Godoy al de Fausto Vallejo hubo muchos bienes o servicios que no se liquidaron, ya que si se quería seguir siendo proveedor del gobierno estatal, había que renunciar a lo adeudado, o esperar la investigación pertinente para saber si esa deuda iba a ser pagada por la Tesorería.
Habría que ver cuántos de esos proveedores que renunciaron a los adeudos previos ahora están entre la espada y la pared gracias al pretexto de la falta de transparencia con que el mismo gobierno ha tenido para hacer las licitaciones y adquisiciones pertinentes, y que deben esperar a que el próximo mes se empiece a pagar a quienes tienen mayores urgencias.
La deuda suele ser satanizada, sobre todo desde posturas cercanas a la derecha, pero la deuda en un gobierno como en un hogar o una pequeña empresa puede ser una importante palanca de avance. Pero hay que señalar que las empresas no tienen los mismos objetivos que los gobiernos, las primeras deben generar ganancias, los segundos deben ser un apoyo para ello.
Que un gobierno recurra al crédito para mantener un entorno económico sano no tiene nada de negativo, pero en el caso de Michoacán el endeudamiento no ha servido para ello, la mejor prueba son justamente estos proveedores, seguramente micro y pequeños empresarios en su vasta mayoría, que esperan las deudas sean saldadas a partir del próximo mes.

Sobre el autor
Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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