Viernes 24 de Octubre de 2014
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Hay quienes sostienen que en el estado de Guerrero no hay condiciones para aplicar la desaparición de poderes que oficialmente el Partido Acción Nacional ha solicitado al Senado de la República, pero que también varias organizaciones en diversas partes del país han estado demandando ante los graves hechos de violencia, el asesinato de estudiantes y la desaparición de los 43 normalistas que a casi un mes de haber sucedido, la investigación para encontrar a los autores intelectuales, así como el destino de los infortunados jóvenes, muestra nulos resultados.
Los opositores a la desaparición de los poderes en la entidad guerrerense señalan que aquellos se encuentran trabajando, sin embargo, la cuestión a dilucidar será entonces ¿para quién o quiénes trabajan? Es decir, no debe perderse de vista que para llegar al terrible estado de cosas que hoy prevalecen en Guerrero, hay una responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno.
En estos días, en los medios de comunicación ha trascendido que la colusión de las autoridades con grupos de la delincuencia organizada era un secreto a voces, y no solamente en la localidad de Iguala, sino en muchos otros municipios de la entidad; por ende, ¿acaso el Congreso guerrerense ignoraba lo que estaba sucediendo?, ¿no sabía la Auditoría del Congreso del probable desvío de recursos públicos hacia la delincuencia?, ¿también en la ignorancia se encontraban las autoridades judiciales?, ¿no hay acaso expedientes en curso por extorsiones, levantones y asesinatos?
Hay que explicar cómo es que no se reúnen las condiciones para la desaparición de poderes cuando la entidad se encuentra literalmente en llamas: quemaron el Palacio de Gobierno, quemaron las oficinas del perredismo. En llamas también, si se quiere figuradamente, se está ante la protesta social del estudiantado y sectores de población que demandan justicia; así también en llamas por la reactivación de grupos guerrilleros que se pensaba habían desaparecido y que ahora se suman a la exigencia del esclarecimiento y la detención de los culpables de la desaparición y las muertes de los jóvenes y amagan con retomar las armas.
Hay un gobernador que pese a que se encuentra rodeado de llamas, se niega a dejar el poder para facilitar y hacer más expedita la investigación, un gobernador que sólo gobierna desde las páginas de medios nacionales, donde pretende hacer creer que en su estado se sigue trabajando como si nada pasara; hay unos poderes que no asumen su responsabilidad al menos por omisión, un gobierno federal que parece cerrar los ojos ante la protesta internacional por el caso de Iguala y quien parece ignorar el deterioro internacional de la imagen del país ante la falta de resultados en la investigación y la aplicación de la ley. Ya hay una resolución oficial del Parlamento Europeo que, aunque muy cuidadosa en el lenguaje, condena los sucesos ocurridos en Iguala y llama a la Unión Europea a reforzar su cooperación con México en materia de derechos humanos.
Con anterioridad otros organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos urgieron al gobierno mexicano al esclarecimiento y la aplicación de justicia de los asesinatos y desapariciones; más se demora en la aplicación del Estado de Derecho, más se resquebraja la imagen de México como un país en crecimiento, paz y prosperidad que el presidente ha querido vender en el extranjero, así como su retrato de estadista progresista, conciliador y hábil que se estuvo vendiendo luego de conseguir a través del Pacto por México, la aprobación de las reformas que en otros sexenios fueron de imposible realización.
Por desgracia, en llamas parece estar una gran parte del territorio nacional, donde los hechos de violencia han adquirido cotidianidad; las fosas clandestinas se multiplican, surgen de la tierra cuerpos de los que se desconoce su identidad, una vuelta al pasado parecen las desapariciones de estudiantes y las ejecuciones a manos de fuerzas militares.
Día con día, en el imaginario colectivo se afirma la sospecha de la muerte de los normalistas desaparecidos, empero no hay -al parecer- en la investigación indicios que supongan hacia dónde jalar para encontrar el hilo de la verdad; mientras, los días pasan y siguen encontrando fosas con sus macabros contenidos, hasta ahora 30 cuerpos cuyas filiaciones se desconocen, pero que de acuerdo con autoridades locales y federales, ninguno de ellos pertenece a los normalistas.
Las protestas se internacionalizan día con día, ¿qué hace falta para que el gobernador guerrerense asuma las consecuencias y con un poco de dignidad se retire del cargo?

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