Columba Arias Solís
La extensión del mal
Viernes 31 de Octubre de 2014
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Más de un mes ha transcurrido desde la desaparición de los jóvenes normalistas en Iguala, sin que las investigaciones de las autoridades federales rindan frutos, no obstante la captura de policías que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos del 26 de septiembre pasado. En el trayecto de la búsqueda de los desaparecidos, el sembradío de cadáveres en diferentes municipios del estado de Guerrero es una muestra de cómo la extensión del mal se dispersó por el territorio guerrerense: Iguala, Cocula, Zitlala, y hasta Acapulco y Taxco, más los que -por desgracia- resulten en los abruptos senderos de esa tierra.
Resulta inaudito que a estas alturas del tiempo transcurrido no se sepa dónde se encuentran -vivos o muertos- los normalistas, como tampoco la identidad de quienes hacinados en fosas han sido encontrados en las tumbas clandestinas. Esos macabros hallazgos dan una muestra de la barbarie predominante ante el conocimiento y complicidad de ciertas autoridades.
Es incomprensible que el responsable de la política interna del gobierno federal declare ahora que le pidió al ex gobernador de Guerrero que vigilara al hoy prófugo ex presidente de Iguala para que no se le fuera a ir. No es creíble tal declaración, porque si alguien sabe de niveles de gobierno es el secretario, quien además con la investidura de su cargo puede disponer de las fuerzas necesarias para vigilar de cerca a cualquier sospechoso, y por ende, no ocupaba del encargo al ex gobernador, ya entonces en la mira de la licencia.
Más allá de los policías capturados y alguno de los cabecillas delincuenciales, así como del señalamiento sobre la responsabilidad del ex edil igualense y de su pareja, hoy considerada el cerebro por delante del marido y toda una Mata Hari, no hay -al parecer- indicios de otros autores intelectuales y materiales, o habiéndolos como se sospecha, no se quieren dar a conocer, pese a la promesa del presidente Peña Nieto de que se aplicaría justicia en el terrible caso.
No es -para muchas personas- creíble la versión oficial del desconocimiento de los ejecutores de la desaparición de los jóvenes y el sitio de su ubicación, por tanto, la especulación es de todos los días y se manejan en medios y en diversas instancias las versiones que apuntan al encubrimiento, o al ocultamiento de lo que realmente sucedió por parte de las autoridades y por motivos e intereses desconocidos para la población. En tanto, a la condena internacional en distintos países y por diferentes organismos, se suman cada día las manifestaciones de universidades y centros de estudio tanto públicos como privados; más transcurre el tiempo sin resultados de las pesquisas, más hechos que rayan en la violencia se realizan en protesta por esa falta de resultados.
Las tentaciones de la violencia como forma de manifestar repudio y oposición a las autoridades se van haciendo más frecuentes y ya no solamente en contra de oficinas gubernamentales o partidistas, sino también sobre los bienes de los particulares y en entidades vecinas como Michoacán.
Los municipios guerrerenses en que han sido encontradas las tumbas clandestinas, y donde hoy se sabe se disputan el territorio dos grupos de la delincuencia, tiene en común un elevado índice de pobreza, así como la pertenencia de sus habitantes a poblaciones mayoritariamente rurales.
Pobreza, marginación, población con índices educativos muy bajos; amplios porcentajes de la población sin acceso a los servicios básicos, así como a los sistemas de salud, son las características de los tres municipios donde las fosas clandestinas han sido encontradas, y donde al parecer no hay comunidad a salvo de la violencia ejercida por los grupos delincuenciales y las autoridades protectoras.
La desesperación de las familias de los jóvenes desaparecidos, la frustración de sus compañeros y de grupos de la población que no encuentran respuestas, son sin duda un caldo de cultivo para el resurgimiento de grupos armados en aquellas regiones de Guerrero, y una tentación para hacer de la violencia un medio cotidiano de protesta y de repudio.
Por ende, la exigencia a las autoridades para que den a conocer sin mayores dilaciones los resultados de las investigaciones que ubiquen el destino de los estudiantes normalistas, la detención de todos los culpables y la aplicación irrestricta de la ley, debe ser la razón que prevalezca desde la ciudadanía, desde los espacios de las universidades, y desde las organizaciones no gubernamentales.
Es impostergable el compromiso de gobiernos y sociedad para erradicar la extensión del mal representada por la violencia en todas sus manifestaciones.

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