Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Política antidiscriminatoria
Martes 4 de Noviembre de 2014
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A la corrupción se le ha definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, ejemplos muchos, los que usted mi estimado lector desee, los pasados y los presentes, los de esta semana; pero también se le puede considerar a la corrupción como una conducta política contraria a las normas jurídicas.
Pero estas prácticas constituyen una consecuencia; primero favorecen la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas (grupos de poder que colocan a sus representantes en el ejercicio del poder para ser beneficiados por ellos), después, erosionan la credibilidad y legitimidad de los gobiernos (cómo creer en la honestidad de un gobierno cuando existen funcionarios o ex funcionarios con enriquecimientos inexplicables, cuando se conoce de sobreprecios en las obras públicas, con el uso de viáticos y gastos de gasolina no ejercidos, pero sí pagados, en fin), pero tal vez lo más grave es que la corrupción reduce los ingresos fiscales y se impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social (así, ni con la disposición más amplia podemos llegar a cumplir satisfactoriamente con el Programa Prospera).
Hoy, los partidos políticos, en su mayoría, si no es que todos, se encuentran desacreditados y por ende sin credibilidad ni legitimidad; los partidos políticos podrán tener la legalidad, sí, pero no tienen la aprobación de eso que quieren ver como una sociedad civil organizada.
Pese a ello, el Partido Acción Nacional presentó en estos días en la Cámara de Diputados la iniciativa que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Al parecer y como lo señalan los medios de comunicación y los mismos militantes panistas, la propuesta es de combate frontal e integral contra la corrupción en México, una tarea titánica que difícilmente por la vía institucional y legislativa se podrá evitar.
Aunque en sus arengas al momento de la presentación, los panistas han dicho que se deberá discutir la propuesta anticorrupción en este mismo periodo de sesiones ordinarias para que en el presupuesto 2015, éste cuente con un programa auditor anticorrupción que evite el desvío de los recursos públicos federales el próximo año.
Por lo pronto, en dicha propuesta se plantea una reforma constitucional que modifica a una decena de artículos de nuestra Constitución Federal y que propondrían modificar entre otros, el artículo 22, 73 y 74, 76, 79, 109,113, 114, 116 y 122.
El Sistema Nacional Anticorrupción que propone el PAN, y que al parecer es de interés de otros partidos políticos, plantea seis instrumentos de política pública: un Consejo Nacional para asegurar una amplia representación del sector público y de la sociedad civil organizada (de acuerdo con Gaetano Mosca en su título La clase política; son la clase política la que está bien organizada, frente a una amplia masa ciudadana desorganizada, ¿cómo hacer coincidir a sociedad y gobierno?), un comité ciudadano para la ética pública y que organizaría observatorios ciudadanos (poco se ha trabajado con la sociedad en valores, principios y virtudes sociales, cómo hacerle para que un comité de este tamaño pueda ir tejiendo con hilos finos la honestidad como valor de la democracia), el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública (que requiere de modificaciones a sus códigos de ética, así como una importante capacitación y formación ética de sus empleados y sobre todo de sus funcionarios para poner el ejemplo de honestidad y responsabilidad), entre otros instrumentos en materia de auditoría y de investigación, para efectos de control interno.
También se plantea ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, así como crear la Fiscalía Anticorrupción, ambos órganos autónomos para la fiscalización de la aplicación de los recursos públicos.
Si bien esta fue una de las propuestas que realizará el presidente Peña Nieto en su campaña electoral, hoy a la vuelta de su ejercicio gubernamental, el PAN presenta una propuesta anticorrupción.
Las consideraciones que hacemos a la misma es que si bien, tenemos ya una propuesta, que plantea un marco jurídico y estructuras operativas para instrumentar las políticas públicas anticorrupción, lo que adolece la propuesta es generar entre la población, entre los niños y las niñas, los jóvenes, las familias, en las escuelas, una política pública muy agresiva que llegue a todos los rincones de México para generar los valores, principios y virtudes sociales, incluido el valor de la honestidad.
No bastan los instrumentos jurídicos y altas sanciones de privación de la libertad a corruptos, y es que no basta el personal institucional y las políticas públicas si es que los servidores públicos y la sociedad no logran transformar las prácticas de corrupción en prácticas de transparencia, en prácticas de legalidad, en prácticas de solicitar la rendición de cuentas y la transparencia de sus autoridades, pero sobre todo, de ejercer prácticas de cumplimiento de los derechos humanos a la población y de cumplimiento de las responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos.
La corrupción es un fenómeno social que ataca a todas las clases sociales; la corrupción se presenta con mayor frecuencia entre los entes públicos que cuidan de la vialidad, la corrupción está presente en los trámites para solicitar algún tipo de licencia, o documento comprobatorio de la identidad, ahí donde para agilizar un trámite se requiere de un “coyote” o de una prebenda para hacer mover las estructuras burocráticas y conseguir un bien o servicio público, y de esto saben perfectamente los grupos vulnerados, los indígenas, los adultos mayores, las personas con alguna discapacidad.
No basta un modelo anticorrupción, si es que no se toman en cuenta los bajos salarios del servidor público y se mejoran estos a partir de su desempeño laboral y humano del trabajo que realizan (algunas narrativas de personas que han caído en la corrupción me han dicho que es justificable frente a las necesidades de su familia y los requerimientos de sus jefes); pero igualmente me parece fundamental que los actos de corrupción deben ser denunciados, no sólo en los observatorios ciudadanos, sino de manera mediática, que toda la sociedad se entere del mal comportamiento de un servidor público o de un funcionarios, que se les finque responsabilidades y que se les inhabilite, pero para llegar a ello la población debe asumir valores, principios y virtudes, que no le permitan caer en actos de corrupción, dando prebendas o mordidas, pero sí actuando en un modelo ético de respeto y transparencia en la acción pública, teniendo en sus manos la denuncia como medida de control.
Finalmente expreso: la corrupción en México ha alcanzado a nuestra planta productiva, y vemos un sin número de productos chinos o de otros países que entran a México seguramente sin control y que invaden las plazas comerciales generando un comercio desleal que afecta al desarrollo de nuestros productores de calzado, del vestido, textiles.
Por ello concluyo diciendo que la importancia de la honestidad, la importancia del valor de la honestidad, está en formar a nuestros hijos e hijas en el seno de la familia, ahí donde debemos impulsar acciones para evitar que se cometan actos de corrupción fuera de nuestro hogar, y eso lo lograremos con nuestro ejemplo.
Lo lograremos, en un primer momento, en nuestro círculo primario, con la familia, con nuestros vecinos, con nuestros maestros en las escuelas, en las unidades hospitalarias, ahí donde el grueso de la población requiere de una mayor incidencia para solicitar los servicios públicos, pero sin mordidas, sin prebendas, sin dádivas.
El gobierno del estado tiene ya una cruzada por la honestidad, esperemos que la misma dé sus frutos; por lo pronto como ciudadano realizo acciones a favor de la paz social, sentando en todos las reflexiones que realizo de cara a la sociedad civil los elementos que nos lleven a formar a la población en valores, principios y virtudes. ¿Y tú qué haces para promover la honestidad?

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