Juan Pérez Medina
El derecho social a decidir y las perversiones de la Suprema Corte de (in) Justicia de la Nación
Martes 11 de Noviembre de 2014

“Es algo que nunca en mi vida pensé vivirlo, una cosa, pues es como una pesadilla para mí con mi esposa y pienso que para todos los padres de familia es una pesadilla estamos viviendo y que no podemos despertar de esto”.

Padre de familia de estudiante desaparecido de Ayotzinapa, Guerrero.

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La Suprema Corte ha completado el círculo del poder irracional que se ejerce en nuestro país. Poder despótico, arbitrario, convenenciero. Poder de los poderosos en contra del bien común. Los mexicanos hemos reunido más de tres millones de firmas con la finalidad de que se nos pregunte sobre los cambios constitucionales realizados el año anterior por el Congreso a petición del Ejecutivo, para permitir la participación de capitales privados, nacionales y extranjeros en la industria eléctrica y petrolera. Pero eso no es suficiente. A pesar del gran sentido común de una solicitud como ésta que trata de que los mexicanos opinen sobre el destino de un bien de carácter nacional y, por lo tanto, que pertenece a todos; a pesar de que la consulta popular es un ejercicio eminentemente democrático y; a pesar que la soberanía radica originalmente en el pueblo a quien se le intentaba consultar; la Suprema Corte determinó que preguntarnos era demasiado poner en riesgo los hechos consumados por el Congreso; es decir: las reformas en materia energética. Más allá, se trata de evitar que los grandes negocios y compromisos alcanzados por los gobernantes en turno y la clase acaudalada del país, gerentes -por cierto- de las grandes empresas multinacionales, se pongan en zona de riesgo.
¿Y qué tal y sí nos preguntan y ocurre que no estamos de acuerdo con lo que han hecho nuestros gobernantes? Imaginemos los hechos. Póngase usted en sus zapatos y reflexione: ¿Qué pasaría si al autorizar la consulta, los mexicanos le dicen que no a sus reformas entreguistas? Podemos concluir sin mucho darle vueltas al asunto que simplemente eso no está en su imaginario, por lo mucho que está en juego. Para ellos, los gobernantes en turno, se trata del negocio de su vida y no están dispuestos a tan siquiera pensar en que pueda ser puesto en manos de la ciudadanía. Para eso tienen a la clase política que ya lo saben, se compra con dinero.
Y digo que se ha completado el círculo del poder irracional, porque son los tres poderes quienes se han alineado para impedir que los mexicanos hagan uso de uno de los derechos más elementales: el derecho a decidir en cuanto a su destino, a los acontecimientos que son de interés supremo y de relevancia nacional como en este caso. ¿A poco no estamos ante la dictadura perfecta?
El argumento de marras, hace referencia a la imposibilidad legal de consultar a los mexicanos sobre asuntos que tienen que ver con los ingresos del gobierno. La Suprema Corte -tan leída y letreada- estimó, que permitirlo implicaba que se pusieran en riesgo los recursos que el gobierno pretende obtener como resultado de la venta de concesiones por exploración, extracción, refinamiento y distribución del petróleo y la generación y distribución de energía eléctrica y que supuestamente están contenidos en la propuesta de presupuesto entregada por el gobierno federal al Congreso; lo que implicaría, si fuera el caso que la consulta resultara negativa a los intereses económicos del gobierno, que el presupuesto esperado se fuera por la borda, con sus respectivas consecuencias.
Con ello, la Suprema Corte de (in)Justicia ha dado un golpe de irracionalidad al pueblo de México impidiéndole el derecho inalienable a decidir y que se había alcanzado con la figura constitucional de la consulta. Lo que habla de una grave violación a los derechos sociales y humanos de todos los mexicanos.
Lo que esta instancia ha hecho no le cayó por sorpresa a nadie. Ya lo esperábamos, viniendo de quienes hasta hoy han actuado como apéndices del Poder Ejecutivo a quien se han dedicado a servir sin escrúpulo alguno. ¿Cómo puede ponerse por encima de la opinión general el interés del gobierno?
Por otro lado, si nos atenemos a lo estrictamente argumentado por los millonarios jueces (gozan de sueldos estratosféricos), caeremos en cuenta de que su argumento es demasiado endeble. Vender concesiones para que empresas privadas usufructúen el petróleo nacional, no es más que una quimera económica, que con el tiempo se habrá esfumado, dejando graves consecuencias para el país. La entrega de los recursos energéticos sólo dinamizará su explotación y hará que estos se agoten más rápidamente y, de paso, contaminen y deterioren aún más el ambiente.
Por otra parte, es un hecho que los inversionistas están pensando en un negocio que les dejará enormes ganancias, que habrán de llevarse a sus respectivos países sin mayor beneficio para el país que el pago de la renta petrolera. Y eso está por verse ante los altos niveles de impunidad y corrupción que padecemos. Ejemplos de lo anterior hay demasiados como para desalentarle el optimismo a cualquiera. La banca fue entregada a banqueros privados, principalmente extranjeros, quienes con el cobro de comisiones y altísimas tasas de interés, han logrado enormes ganancias que no han contribuido para nada al desarrollo nacional. Lo mismo pasó con Telmex y está pasando con la industria minera, la cual súper explota a los trabajadores mexicanos para llevarse los minerales y sus enormes ganancias a sus respectivos países, dejándonos sólo el deterioro ambiental y la pobreza en las regiones en donde realizan sus operaciones.
Finalmente, la decisión de la Corte deja claro que mientras la intención de llevar a cabo una consulta popular ciudadana implique tocar los grandes intereses económicos de la clase en el poder, no habrá empacho en impedir que los ciudadanos sean consultados. La perversión de la Suprema Corte de (in)Justicia es directamente proporcional a la perversión de la clase política y económica que nos (des)gobierna.

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