Columba Arias Solís
Inseguridad sin fronteras
Viernes 21 de Noviembre de 2014

Segunda parte

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Desde hace varios años la delincuencia organizada ha perdido su carácter regional, convirtiéndose en multinacional, por ende ha trascendido fronteras y en virtud a ese carácter internacional también desde los países de origen de los criminales se van importando y adaptando las formas de delinquir, de tal forma que diversifican y multiplican el ámbito delincuencial.
Ya desde hace diez años, la Unión Europea en su informe sobre delincuencia organizada, señalaba cómo las mafias búlgaras dedicadas al tráfico de mujeres para la explotación sexual, también se dedicaban a la falsificación de euros, así como al fraude con tarjetas de débito.
En tanto que las mafias albanesas diversificaron sus rubros en el tráfico de drogas, emigración ilegal y trata de personas, mientras que las chinas en el contrabando de precusores químicos, elaboración de drogas sintéticas y fraudes con tarjetas de crédito, además de la inmigración ilegal de ciudadanos chinos, a quienes extorsionan y amenazan con represalias contra sus familiares en China.
Por su parte, las mafias rumanas dedicadas a la trata de mujeres menores para su explotación sexual, diversificaron sus acciones con la falsificación de documentos, así como también la extorsión, el fraude con tarjetas y los delitos contra la propiedad, mientras que las bandas turcas que centraban su principal negocio en el comercio de heroína, además se introdujeron en la inmigración ilegal y la trata de personas, con negocios legales como bares y restaurantes o las franquicias de comida rápida para el blanqueo del dinero de la droga.
En el último informe sobre delincuencia organizada realizado por la Unión Europea el pasado 2013, la comisión redactora considera que el informe SOCTA de Europol 2013 estima en tres mil 600 el número de organizaciones delictivas internacionales que operan en la UE, que el 70 por ciento de esas organizaciones tiene una composición y un radio heterogéneo desde el punto de vista geográfico, y que más del 30 por ciento tiene una composición pluridelictiva.
En México, no existen informes que además de englobar las distintas clases de delitos cometidos, sean confiables en torno a la situación de inseguridad en las diferentes entidades de la República Mexicana, ni tampoco de la totalidad de los grupos delincuenciales, y mucho menos de los negocios utilizados como fachada para el blanqueo de los capitales procedentes de los ilícitos, sin embargo, el pasado año 2013, la Organización Fund For Peace, publicaba en Foreign Policy, los resultados sobre el Índice de Estados fallidos, señalando que México aún se encuentra entre los países en riesgo de convertirse en Estado fallido al ubicarse en el número 97 de una lista de 178 países analizados “bajo estado de advertencia”.
No son de extrañar las notas anteriores, habida cuenta que una de las características más comunes de los estados calificados de fallidos, se refiere a la pérdida de control físico de su territorio o del monopolio de la fuerza legítima. Otro más incluye la erosión de la autoridad legítima para tomar decisiones colectivas, y la incapacidad de proveer servicios públicos razonables.
Dentro de los indicadores para calificar un Estado de fallido, aplicados a México, se encuentra la desigualdad en el desarrollo económico y la existencia de aparatos de seguridad débiles.
Aun cuando la condición de Estado fallido se presenta, en la mayor parte de los casos, como resultado de guerras civiles o invasiones militares, también se aplica ante la imposibilidad del gobierno de ejercer el monopolio de la violencia o por la impunidad en la que actúan y permanecen los grupos criminales.
En varios puntos de México, los grupos criminales -por encima de las autoridades públicas- son los que ejercen el poder real y disputan al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia, así como el cobro de impuestos, toda vez que eso viene a ser la imposición de cuotas o pagos periódicos de derecho de piso, como lo denuncia el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Entre las entidades con las características anteriores el consejo apunta: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, entre otras.
En tales condiciones, ¿será exagerado afirmar que ante la gravedad de la inseguridad, más el elevado índice de pobreza, el subdesarrollo y la crisis social, el país camina hacia la ingobernabilidad?
Si como señalan diversas organizaciones no gubernamentales, se considera la confluencia de transgresiones tales como la incidencia de homicidios dolosos cometidos por grupos armados, la impunidad con la que actúan, las desapariciones ,los desplazamientos forzados, el control territorial por parte de los grupos delictivos, el robo sistemático, el secuestro masivo (como en el caso irresuelto de los estudiantes normalistas), la trata de personas, el control de policías por grupos de la delincuencia, la intimidación a medios de comunicación y la coacción por delincuentes en actividades comerciales lícitas, poco espacio a la duda nos queda sobre el camino enfilado hacia un Estado fallido.

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