José María Carmona
Por una reforma democrática en la Universidad Michoacana
Miércoles 10 de Diciembre de 2014
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El país, como ya se sabe, atraviesa una profunda crisis política, económica y financiera, amplios sectores de la población se encuentran indignados por el caso de Ayotzinapa y todas las estructuras no solamente del gobierno, del régimen político, sino del Estado mismo, están duramente cuestionadas.
En ese contexto la lucha de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional ha quedado opacada pero es un movimiento muy importante que ha obligado al gobierno de Peña Nieto a ir a una reforma profunda de la institución, que es producto de la movilización estudiantil que obligó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a salir a la calle a negociar el asunto.
Este hecho es parte de una ola democratizadora del conjunto del movimiento estudiantil nacional, primero por los propios estudiantes del Poli y ahora de los normalistas.
En este contexto se está dando la sucesión de la Rectoría de la Universidad Michoacana, la Comisión de Rectoría ha tomado la decisión de consultar a cada uno de los consejeros universitarios para saber la opinión sobre el perfil del próximo rector de la máxima casa de estudios, el cual tomará posesión en los primeros días de enero del 2015.
Esa decisión tomada por dicho órgano que tiene la atribución en términos de la Ley Orgánica de la Universidad es de considerarse como un hecho importante en un paso en la democratización de la Universidad, resulta progresivo que se consulte a los miembros del máximo órgano como autoridad, sin embargo esto resulta insuficiente porque el proceso del nombramiento del nuevo rector se dará al final del periodo vacacional de invierno, donde la comunidad universitaria estará ajena a éste porque va a estar ausente de las instalaciones universitarias.
Lo que hay que cuestionar a fondo es la existencia de las atribuciones exclusivas de la Comisión de Rectoría para efectuar la designación del próximo rector, que es un proceso antidemocrático no obstante que ahora se tome en cuenta “la opinión” de los miembros del Consejo Universitario de manera personalizada, ni siquiera se convoque a una sesión del mismo, para discutir la sucesión de la Rectoría.
Este método es antidemocrático: que ocho miembros, entre ellos cinco ex rectores, decidan a nombre de más de 55 mil universitarios nicolaitas y sobre todo por encima de la máxima autoridad de la Universidad, el H. Consejo Universitario.
Por lo que se convoca a los consejeros universitarios a emplazar a los aspirantes a la Rectoría a que esta consulta que les hace la Comisión de Rectoría sea abierta y que los aspirantes presenten su plan de trabajo a la luz del día y ante toda la comunidad universitaria, porque también se sabe que los aspirantes han estado invitando a dialogar a los consejeros universitarios para presentar sus propuestas.
En este momento, la Universidad nicolaita enfrenta problemas financieros, la demanda de los estudiantes por la gratuidad de la educación superior, el problema del régimen de pensiones y jubilaciones y la reglamentación de las casas del estudiante que violan su autonomía, así como el reglamento de las promociones del personal académico.
Porque el proceso de la designación del nuevo rector por parte de la Comisión de Rectoría es antidemocrático, se hace necesario plantear lo siguiente:
Que se lleve a discusión la propuesta de un rector interino para que convoque a un congreso universitario y se pueda discutir toda la problemática universitaria que consiste en el déficit financiero, la gratuidad de la educación superior, la reforma a la Ley Orgánica y mecanismos democráticos y representativos, no solamente en la designación de las autoridades universitarias incluyendo la elección del rector, así como la toma de decisiones en todo el quehacer universitario invocando los principios de la Universidad nicolaita establecidos en la Ley Orgánica.
Que ante la problemática financiera por la que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la posición de la comunidad universitaria es demandar ante el gobierno federal y estatal un aumento al subsidio para solventar todas las necesidades de la Casa de Hidalgo.
Que la Universidad debe seguir salvaguardando su carácter científico, democrático y de compromiso con las causas sociales del país, principalmente con los trabajadores, que son los generadores de la riqueza nacional y por lo tanto su carácter popular garantizando el acceso a los hijos de estos que le dan el carácter a la Universidad nicolaita de popular.
Por lo tanto la Comisión de Rectoría no tiene la legitimidad -aunque sí la legalidad- de nombrar un rector definitivo en la Universidad y se hace imperativo iniciar una profunda reforma universitaria en la Universidad nicolaita.

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