El Quijote
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La derrota de Gurrola
Martes 3 de Febrero de 2015

Al arribo de Jaime Esparza Cortina a la Secretaría de Gobierno hay que apuntar la reactivación de otro experimentado priista: Agustín Trujillo Íñiguez, quien se presume va a la dirigencia estatal de su partido político.

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Después de la fallida estrategia en seguridad, en determinadas regiones de la entidad, que implementó el ahora ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes, fue instalado el Grupo de Coordinación Michoacán, quedando al frente el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez.
El general de división dijo en el evento que entre sus objetivos se encuentran las capturas de cinco “cabecillas” del cártel de Los Caballeros Templarios, entre ellos de Servando Gómez (a) “La Tuta”.
Sin embargo, el jerarca militar en su primera incursión a Tierra Caliente, en la comunidad de Antúnez, no sin dificultades, aprehendió y dio cauce a la liberación de Federico “Lico” Villegas García, presidente del Consejo Ciudadano de Autodefensas.
El considerado un experto en lucha contra el crimen organizado capturó al “arrepentido templario, bajo la acusación de conducir un vehículo reportado como robado, provocando bloqueos de carreteras de sus seguidores en demanda de su liberación.
Horas después, argumentando que la presunción del delito alcanza fianza, las autoridades liberaron a “Lico” y, por supuesto, cesaron las movilizaciones.

PRI Morelia, la historia
Para analizar la actual situación preelectoral en el caso especial del municipio de Morelia, donde está asentada la capital michoacana, nos tenemos que remontar al año 1989, tiempo en que Genovevo Figueroa Zamudio era gobernador e impuso la candidatura a la alcaldía de Fausto Vallejo Figueroa.
Y, pese a que el hoy mandatario estatal con licencia ganó en las urnas, como lo sostiene a propios y extraños, en las negociaciones, finalmente, se le dio el triunfo al perredista Samuel Maldonado Bautista.
Años después sin problema alguno Fausto Vallejo gana la Presidencia Municipal. En esos días el presidente de la República era Carlos Salinas de Gortari, quien tenía la más alta calificación de los mexicanos y el área federal de desarrollo social operó en toda su intensidad en favor del ganador.
En la siguiente elección moreliana, el priista no logra imponer a uno de sus alfiles políticos y no actúa del todo a favor del candidato de su partido político, Manuel Antúnez Oviedo, y termina entregando la alcaldía al panista Salvador López Orduña.
En otra ocasión hizo perder a Salvador Galván Infante y ganar otra vez a Salvador López Orduña, aunque en la más reciente, la del año 2011, logró retener la Presidencia Municipal con uno de sus cercanos colaboradores, Wilfrido Lázaro Medina, con quien más adelante se distanciaría.
En el actual proceso interno del PRI, Fausto Vallejo Figueroa arriba disminuido políticamente, derivado de su oscilante y polémico gobierno estatal, debido a su enfermedad, a la alta ola de violencia en el estado y la “filtración” en áreas gubernamentales del crimen organizado y hasta en uno de sus hijos, así como las endebles finanzas públicas.
La designación de un comisionado federal para Michoacán, en la figura de Alfredo Castillo Cervantes, más allá de una inicial coordinación, provocó diferencias que le acotaron funciones como mandatario estatal hasta lograr su separación del cargo e imponer en su lugar al universitario Salvador Jara Guerrero.
Sin embargo, Fausto Vallejo Figueroa desde el inicio de su gobierno en la entidad empezó a impulsar para la alcaldía a Ernesto Núñez, quien había sido su secretario particular durante la campaña político electoral y luego diputado federal, en una alianza entre el PRI y el PVEM.
Aun así, una “filtración” de una grabación donde se escucha la voz del legislador federal, presumiéndose un acto irregular en una gestión de recursos públicos, provoca que disminuyan sus bonos políticos hacia la alcaldía, aunque él siempre rechazó las acusaciones y siguió trabajando.
La segunda opción de un candidato priista para Morelia fue su ex colaborador Carlos Río Valencia, aunque también en un inicio simpatizaba con otras figuras como los diputados federal y local Eligio Cuitláhuac González y Daniela de los Santos, respectivamente.
Aparte de lo anterior, sin un real respaldo de algún fuerte grupo al interior del PRI buscaron la candidatura del empresario Constantino Ortiz García y la abogada Consuelo Muro Urista, así como el diputado Olivio López Mújica, además de varios colaboradores del hoy edil Wilfrido Lázaro Medina, entre ellos Iván Pérez Negrón y Arturo José Mauricio.
Aun así, todos los aspirantes priistas no esperaban que de último momento por igual se registrara Jaime Darío Oseguera Méndez, quien venía fungiendo como secretario de Gobierno, bajo el impulso del virtual candidato a la gubernatura, Ascención Orihuela Bárcenas, sin dejar de considerar que de todos ellos era el mejor posicionado en las encuestas.
Después, lo que ya sabemos, el único que logró el registro oficial para la candidatura fue precisamente el diputado local con licencia Jaime Darío, quien hizo una alianza con los alfiles del edil, dejando fuera a Consuelo Muro, Constantino Ortiz y a Carlos Río Valencia.
La impugnación de los tres últimos no se hizo esperar, con la presunción de que el ex secretario de Gobierno no cubrió todos los requisitos de la convocatoria, y el caso está siendo analizado por los integrantes de la Comisión de Protección de los Derechos de los Militantes y de la Comisión de Elecciones, los cuales tendrán la última palabra.
Ante todo ello, en especial Carlos Río Valencia inició el amago con ser candidato a la alcaldía de otros institutos políticos, reconociendo acercamientos con operadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque, en este caso, uno de los aspirantes del sol azteca, el nada serio Antonio Soto Sánchez, ha dejado entrever que no declinará por él.
Además, el propio Fausto Vallejo Figueroa ha reconocido públicamente sus acercamientos con varios actores políticos, no solamente con los de su partido político, sino figuras que van desde el aspirante independiente a alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, hasta con los perredistas Fidel Calderón Torreblanca y Silvano Aureoles Conejo.
Lo cierto es que el ex gobernador michoacano se hará a un lado de su participación activa en favor del PRI si en Morelia el candidato a alcalde es Jaime Darío Oseguera, algo similar sucederá a nivel estatal con la oficialización de la candidatura al Solio de Ocampo de Ascención Orihuela Bárcenas.

Congreso, faltaron los intendentes

Más de 30 diputados externaron en algún momento su deseo de buscar otro cargo de elección popular y varios creyeron que podrían lograrlo, sin embargo conforme pasan los días los legisladores se están encontrando con la realidad, ni su propio partido los está postulando.
La ambición y visionario futuro de desempleo político provocó que congresistas, funcionarios y colaboradores del propio Poder Legislativo local busquen espacios en presidencias municipales y diputaciones.
Por ejemplo, en ese contexto se encuentran los diputados priistas: Rosa María Molina Rojas, Antonio Sosa y Marco Polo Aguirre, aunque la primera ya aseguró su candidatura por la lucha de un espacio en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Otros diputados del PRI que han pedido licencia son Salomón Rosales Reyes, quien busca la candidatura a la alcaldía de Huetamo, en tanto que Rigel Macías Hernández y Marco Trejo, la de Uruapan; Juan Carlos Orihuela, la de Zitácuaro, y Olivio López, la de Morelia; la mayoría de ellos quedó en el camino.
En el PRD, los diputados locales que buscan un nuevo cargo de representación popular son Elías Ibarra, Erick Juárez, Francisco Bolaños, Silvia Estrada, Cristina Portillo, Eleazar Aparicio y Leonardo Mares.
En el PAN, en la lista de precandidatos, algunos ya seguros candidatos, se apuntaron los congresistas Sergio Benítez, que va por la alcaldía de Uruapan; Laura González, por una diputación federal; María Eugenia Méndez, por Zamora, y José Eduardo Anaya, por Jiquilpan.
A la vez, el diputado ex panista Alfonso Martínez Alcázar intenta alcanzar la candidatura independiente por la Presidencia Municipal de Morelia, en tanto que la ex perredista Selene Vázquez Alatorre se registró como aspirante a gobernadora por el PT.
Los legisladores que se quedaron en el camino fueron Sarbelio Molina, del Panal; Reginaldo Flores, del PT, y Uriel López Paredes, el primero en pos de una diputación federal y el resto a la gubernatura.
Pero, no son todos, hay funcionarios y hasta empleados del Congreso del Estado que también pretenden postularse por su respectivo partido político a algún cargo de elección popular, como el caso del secretario de Servicios Parlamentarios Raymundo Arreola, quien, como priista, aspira a la alcaldía de Nueva Italia, de donde ya fue la primera autoridad.
Por igual, se sitúan en busca de espacios políticos J. Reyes Galindo, director de Asistencia Técnica Jurídica; Marisol Torres Ibarrola -esposa de Marko Cortés-; Yankel Benítez, contralor; Roberto Andrade Fernández, coordinador de Atención Ciudadana; Andrea Villanueva, asesora de Comunicación; Alba Bazán Nieto, secretaria técnica de la Contraloría; Karina Pantoja, jefa del Departamento de Relaciones Públicas; Juan Pablo Puebla, asesor; Socorro Hernández, secretaria adscrita, entre otros.

Sistema penal, 33 días

El Nuevo Sistema de Justicia Penal que se implementará en Michoacán y en todo el país, surge de la exigencia social de contar con un modelo efectivo que garantice el respeto a los derechos de las personas, dé celeridad a los juicios y transparencia a la actuación de las autoridades involucradas en cada una de las etapas del proceso.
La experiencia probada en países de corte anglosajón del sistema acusatorio adversarial ha hecho que al paso del tiempo, las latitudes con herencia, sobre todo jurídico romana, transiten hacia una nueva etapa, en donde, con las adaptaciones necesarias, dadas las diversas idiosincrasias, los procesos penales sean más justos y creíbles, lo que implica mucho mayores exigencias a los operadores institucionales.
La resistencia no ha sido menor, pero la convicción de que lo que tenemos no es lo que necesitamos, ha sido de mayor peso frente a las voces que todavía auguran el fracaso al nuevo sistema.
En Michoacán faltan sólo 33 días para que inicie la experiencia de la transición, en la primera etapa en dos regiones: Morelia y Zitácuaro.
La primera integrada con tres distritos judiciales que abarcan 22 municipios: Acuitzio, Álvaro Obregón, Charo, Chucándiro, Copándaro, Cuitzeo, Erongarícuaro, Huandacareo, Huiramba, Indaparapeo, Lagunillas, Madero, Morelia, Pátzcuaro, Queréndaro, Quiroga, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Tzintzuntzan, Tzitzio y Zinapécuaro.
Y Zitácuaro, integrada con los municipios de Angangueo, Áporo, Contepec, Epitacio Huerta, Hidalgo, Huetamo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, Ocampo, San Lucas, Senguio, Susupuato, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla y el propio Zitácuaro.
Sólo la primera región es la más poblada de la entidad y la que refleja el mayor índice delictivo de acuerdo con informes de seguridad, por lo que el gran porcentaje de los casos penales que se presenten a partir del próximo 7 de marzo, deberán atenderse bajo los nuevos principios y reglas constitucionales.
Seguramente la presentación de los primeros casos y sobre todo el desarrollo de las primeras audiencias causarán una alta expectativa, por lo que la presión institucional debe ser mayor.
Ya conocemos de casos en otras entidades federativas que han causado verdadero revuelo, sobre todo cuando se evidencian las inexperiencias y éstas generan consecuencias jurídicas realmente alejadas del significado de la justicia.
Es por eso pertinente que cada cual haga lo suyo y que el deslinde de responsabilidades también se realice de forma clara en cada caso en particular.
El sistema, garantista como lo es, exige la comprobación del delito y de la responsabilidad más allá de la duda razonable, por lo que el eslabón más expuesto es el de la Procuraduría General de Justicia y sus operadores ministeriales, de investigación y pericial.
Otro tema que significativamente saltará a la vista es la efectividad o la falta de ella de los centros de justicia alternativa que estarán tanto en la Procuraduría de Justicia como en el Poder Judicial, experiencias como las del Estado de México, no pueden ser repetidas en Michoacán.
El presidente del Poder Judicial de aquel lugar, en diferentes foros, ha acusado la ineficacia de la Procuraduría, en la aplicación de los métodos de resolución de conflictos penales que debieran impedir que un gran número de asuntos lleguen a juicio, lo que dice, tiene a punto del colapso al sistema.
Es, tanto por su población e incidencia delictiva, pero además por la ineficacia de la justicia alternativa, que en el Estado de México se ha tenido que multiplicar el número de jueces y de espacios para las audiencias; esa debe ser una experiencia a no repetirse en Michoacán.
Estos y otros problemas debemos enfrentar en el estado, pero lo cierto es que el sistema tradicional dio de sí y lo que viene debe sin duda ser mejor que lo que tenemos.

Molino de vientos

1.- Al interior del PRI se está gestando la conformación de un grupo de mujeres listas para ocupar puestos de elección popular y en el propio Revolucionario Institucional para cambiar el rostro al partido en el poder. Son jóvenes, capaces y preparadas.
2.- El Ejecutivo michoacano presentó una denuncia penal contra los responsables de la publicación de mensajes a nombre del gobernador Salvador Jara Guerrero. La red social desde la cual se divulgaban las publicaciones canceló la página apócrifa. Para comunicarse con el mandatario la única oficial es @SJara_gobmich.
3.- Por cierto, el viernes apareció otro falso perfil que publicó mensajes a nombre del coordinador de Relaciones Interinstitucionales del gobierno del estado, Francisco Lara, quien supuestamente buscaría la candidatura a una diputación por un partido inexistente.
4.- Y siguiendo con el tema de las redes sociales, la ex secretaria de Desarrollo Social Yarabí Ávila, está siendo víctima de una campaña de desprestigio orquestada desde la dependencia que dirigía.Se dice que la andanada tiene que ver con su postulación a una candidatura por el Distrito VII local, lo que ha provocado el descontento que ha generado entre ciertos grupos que se sienten dueños del PRI en Morelia.
5. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, vuelve a su acelerado activismo gubernamental con mayor fuerza, luego de un brevísimo receso, tras su fallido intento por la candidatura a gobernador, donde llegó a la final, pese al pronóstico en contra de tirios y troyanos; ahora, también mira, de reojo, hacia la capital del país.

Sancho

La visita de Enrique Peña Nieto se dará en un clima preelectoral álgido, donde los candidatos virtuales a gobernador empiezan a “calentarse”, sobre todo el perredista Silvano Aureoles Conejo y el priista Ascención Orihuela Bárcenas, quedando en medio, por lo pronto, la panista Luisa María Calderón Hinojosa.

Rocinante

“No podemos quedarnos ahí, tenemos que darle atención, tiene que haber justicia, tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables”: Enrique Peña Nieto, presidente de la República, al referirse al caso Ayotzinapa.

Ayotzinapa, no al carpetazo

Ante lo que se considera un carpetazo federal al caso Ayotzinapa que declara que los 43 normalistas desaparecidos fueron calcinados, el Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos, dio a conocer diez puntos del porqué no es posible dicha postura:
1.- Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes. En ese sentido, reiteran su confianza en el Equipo Argentino de Antropología Forense y piden que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.
2.- Porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula, pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.
3.- Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya intervenido para aclarar estas denuncias.
4.- Porque la PGR ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
5.- Porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta Policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias El Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según la Procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”.
6.- Porque la PGR no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que ésta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos como todo México ha exclamado. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.
7.- Porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro La Parota.
8.- Porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.
9.- Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que afirmó el procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Cocula, pese a los cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes, sino que les brindaron protección.
10.- Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

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