Columba Arias Solís
Nombramiento cuestionado
Jueves 12 de Febrero de 2015
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El pasado 3 de febrero, el presidente de la República hizo público el nombramiento de Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública, con la finalidad de que investigara al propio titular del Ejecutivo, a la esposa de éste y al secretario de Hacienda, en el caso de las sonadas adquisiciones de las “casa blanca” y otras a proveedores gubernamentales; luego de presentarlo públicamente, sellaría con un abrazo el flamante nombramiento.
Mucha tinta ha corrido en diversos medios nacionales a partir de tal nombramiento, cuestionando la trayectoria y cercanía que el nuevo funcionario ha tenido y mantiene tanto con el secretario de Hacienda, como con el propio presidente, de modo que no se advierte un esfuerzo serio de transparencia de cara a los ciudadanos, sino una tardía reacción para tratar de controlar los daños a su imagen al encargarle a su cercano una investigación que ya desde ahora parece no tener credibilidad.
Pero además de la trayectoria del personaje nombrado, cabe poner la atención en si dicho nombramiento está o no fuera de la legalidad, ya que desde el año de 2009 fue anunciada por el entonces presidente Felipe Calderón, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, quedando fuera de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Es en enero de 2013 cuando el presidente Peña Nieto manifiesta su intención para que la iniciativa de creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fuera aprobada por el Congreso “para realmente asegurar el que en todos los órganos de gobierno exista una verdadera y auténtica rendición de cuentas”.
Más tarde los coordinadores del Partido Acción Nacional presentarían una iniciativa para crear el Sistema Nacional Anticorrupción; en junio del mismo año, senadores del PRD presentarían una propuesta de ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción.
Luego de diversas propuestas, por fin en diciembre de 2013 el Senado aprobó la reforma que propone sustituir a la Secretaría de la Función Pública por la Comisión Nacional Anticorrupción, la cual contempla la creación de un nuevo órgano encargado del combate, la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas por corrupción.
Igualmente, la reforma considera que las entidades federativas deben contar con un órgano similar para garantizar el combate a la corrupción; crea un sistema nacional con facultades para atraer asuntos de estados y municipios, y crea una fiscalía anticorrupción para la cual el Senado deberá nombrar un fiscal que será aprobado por al menos dos terceras partes del pleno. Sin embargo, dicha reforma sigue en suspenso mientras no se analice, discuta y apruebe en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, cabe el cuestionamiento, ¿si la Secretaría de la Función Pública ha desaparecido desde hace varios años, al menos en el papel, qué caso tiene -y más aún qué validez- el nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la misma? En todo caso mejor hubiera sido la creación por decreto de algún órgano independiente e imparcial que investigara verdaderamente los posibles conflictos de interés en que pudieran haber incurrido el presidente, su esposa y el secretario de Hacienda.
La Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de la Contraloría General de la Federación -hasta la primera mitad del gobierno foxista- tuvo resultados intrascendentes en las actividades desplegadas durante el gobierno calderonista, puesto que prácticamente nunca cumplió con los objetivos trazados en las funciones que se le adjudicaron en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública, las cuales van más allá de la recepción, registro y verificación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
A la luz de los diversos casos de corrupción acaecidos en la última década -unos más conocidos y señalados que otros-, es evidente que dicha dependencia incumplió con las tareas de diseñar políticas de prevención de actos de corrupción, cursos sobre códigos de ética a seguir por funcionarios y empleados, la expedición de normas de control y fiscalización, auditorías y evaluaciones a las dependencias, la investigación de las conductas de servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades, la aplicación de sanciones, y la presentación de denuncias ante las autoridades correspondientes, entre otras; cuando menos, no se conocen indicadores sobre medidas serias contra la corrupción, y en ese contexto, no tiene sentido la designación de un titular al frente de una dependencia que existiendo no cumplió los cometidos para la que fue creada y no existiendo, sólo resulta ser un recurso mediático en busca de acallar las críticas.
Así las cosas, de nada sirve la existencia de órganos llámense contralorías o secretarías, ya sea en el ámbito federal o local, si estos no cumplen con las funciones que les son asignadas. Hasta ahora, las contralorías de los gobiernos solamente han servido para proteger al amigo y sancionar al enemigo. Pero esa, es la siguiente historia.

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