Columba Arias Solís
Irregularidades
Jueves 19 de Febrero de 2015
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La Auditoría Superior de la Federación acaba de entregar a la Cámara de Diputados el informe con los resultados de la auditoría practicada a las diferentes dependencias de gobierno que utilizaron recursos federales durante el año 2013, y del cual se desprenden lo que presumiblemente son irregularidades cometidas en la Cámara de Senadores, ya que de acuerdo con la revisión, el Senado no habría proporcionado información sobre cómo se gastaron mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios en 2013, año en que Ernesto Cordero presidió la Cámara durante ocho meses, sucediéndolo el 1° de octubre Raúl Cervantes.
En el informe de la Auditoría destaca que el Senado aumentó el apoyo económico de sus secretarías de la Mesa Directiva hasta en 200 mil pesos mensuales, además de dar a su Mesa Directiva bonos extra por 50 mil pesos, así como la entrega de dos millones de pesos mensuales adicionales por cada senador para compra de boletos de avión.
Según el documento, los senadores tenían un presupuesto inicial de mil 89 millones 471 mil 100 pesos para asignar a los diversos grupos parlamentarios, pero sin explicar o justificar se aumenta la cantidad a 120 millones 109 mil 600 pesos, lo que suma un total de mil 209 millones 580 mil 700 pesos.
Además de lo anterior, la Auditoría Superior señala que durante 2013 el Senado omitió comprobar la forma en que gastó mil 200 millones de pesos que asignó a sus grupos parlamentarios, lo que equivale a la tercera parte del presupuesto total de esa Cámara que en esa anualidad ascendió a tres mil 756 millones de pesos.
El 1 de octubre de 2013, ya como presidente Raúl Cervantes, se consideró conveniente apoyar el trabajo legislativo de los senadores que desarrollan actividades como secretarios de las Mesa Directiva, por lo que se autorizó incrementar un importe mensual de 100 mil pesos al apoyo económico que mensualmente recibían, el cual quedó en 200 mil mensuales.
La Cuenta Pública revisada es, por cierto, la primera de la presente administración y se integra además con siete auditorías denominadas forenses, las cuales se refieren a los casos que no fueron comprobados y por ende son motivo de presentación de denuncia a causa de uso indebido de recursos públicos, que además podrían derivar en denuncias penales, si no se aclaran las dudas señaladas.
Resulta inadmisible que los senadores de la República, además de las altísimas dietas que perciben por su encomienda como representantes populares, por ese mismo trabajo -porque las secretarías de las comisiones forman parte de su labor como legisladores- reciban otros emolumentos más, como si formar parte de las comisiones fuera un trabajo extra; pero que además sin justificación alguna se incrementen los estipendios también en otros rubros como en lo que denominan apoyos para la compra de boletos de avión, pero todavía peor, que además de no justificarse tales incrementos, no se haga entrega del soporte documental de los millonarios aumentos.
Cabe entonces preguntarse si en el Senado de la República se cometieron las irregularidades arriba mencionadas, ¿habrá de fincársele responsabilidad sobre las mismas? ¿Habrá acaso desviación de recursos y de ser así quién responderá por los mismos? ¿De veras se aplicarán sanciones en caso de ameritarse, o solamente quedará como una más de las anécdotas legislativas?
De por sí hay tal descrédito y desconfianza en las instituciones políticas, legislativas y de gobierno, que resulta absurdo que la Cámara integrante de uno de los poderes incumpla con las normas que ellos mismos aprobaron, y abonen a la negativa percepción que los ciudadanos tienen sobre ellos.
Al respecto, el propio titular de la Auditoría Superior de la Federación, al hacer entrega del documento conteniendo los resultados de las auditorías, señalaba que “distintos sectores de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado, llegando en algunos casos hasta asumir tintes de disenso y confrontación”.
El auditor destacó trece áreas de riesgo de mayor impacto y representatividad en el sector público, entre ellas la integridad gubernamental, cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos, rendición de cuentas en las entidades federativas, padrón de beneficiarios de los programas sociales, adquisiciones, contrataciones e inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado, proyectos de infraestructura sin planeación, supervisión ni seguimiento, participación de intermediarios en la dispersión del gasto público y subejercicios.
Además del Senado, fueron auditadas todas las secretarías y demás órganos de la Administración Pública, cuyos resultados están en el informe entregado a la Cámara de Diputados; de algunas de las dependencias ya han trascendido la existencia de irregularidades, por lo que seguramente con el transcurso de los días serán conocidas las observaciones y presuntas responsabilidades. En la misma línea de las auditorías a los entes públicos, habrá que revisar cómo se aplicaron los recursos públicos en la Cámara de Diputados.

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