José María Carmona
De la intervención a la regulación estatal
Miércoles 18 de Marzo de 2015

En solidaridad con Carmen Aristegui

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Con las reformas estructurales recientemente aprobadas se culminó un proceso de privatización que inicio en el año de 1982 como producto de la crisis petrolera por la atravesó la economía mexicana. Este proceso de reducir la intervención del Estado no sólo en la actividad económica, sino también en todos los ámbitos tanto sociales como políticos.
Mucho se ha debatido sobre la estrategia de privatización y la apertura comercial del país, así como la crítica severa a la intervención estatal en la producción de bienes y servicios, donde el déficit público, el crecimiento del gasto público de la deuda pública fueron los actores que explicaron la crítica impulsada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para el cambio de paradigma que años posteriores dio lugar al consenso de Washington.
Al principio de la década de los años 80 el sector público participaba en la economía con un 50 por ciento de todos los bienes y servicios que se producían, bajo la lógica del modelo de sustitución de importaciones que dio lugar a la industrialización del país y en términos del comercio exterior a la protección de la industria nacional mediante el régimen de los permisos previos de importación, así como una serie de medidas tanto financieras como comerciales realizadas por el Estado, que por cierto se inauguró en la década de los 50.
Ese proceso de industrialización como una estrategia de desarrollo que tuvo como resultado más de 25 años la economía mexicana que creciera del PIB del seis por ciento anual con una tasa de inflación del tres por ciento, una paridad cambiaria o tipo de cambio fijo de 12.5 pesos por dólar durante este periodo, que se le llamo el milagro mexicano o estabilizador.
En este lapso de tiempo se desarrolló el llamado “Estado de bienestar”, que ofreció grandes concesiones a los asalariados, como el crecimiento constante del poder adquisitivo real de los salarios y la seguridad social.
La distribución del ingreso fue equitativa, dando lugar al crecimiento de una clase media y una alta movilidad social, pero esa estrategia se agotó y en 1976 hace 38 años, culminando con la primera evaluación del peso y una profunda crisis económica y financiera que fue resuelta –por falta de espacio no se detallara- con el descubrimiento de la explotación del petróleo que abarcó 1977-1982. Según los estudiosos de la historia económica del país el auge petrolero sólo sirvió para amortiguar y posponer la crisis más profunda que ha vivido México y que abarcó de 1982 de 1987 mediante la aplicación de severos ajustes o planes de austeridad por parte de los gobiernos de Miguel de la Madrid a través de los pactos económicos.
El objetivo de estos acuerdos cupulares ante el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical encabezada por el legendario y corrupto Fidel Velázquez tuvo su expresión más aguda a principios de 1987, culminando con el conflicto por la designación de la sucesión presidencial al interior del PRI entre Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, que como se sabe sin detallar dio lugar a la famosa corriente democrática del PRI y posteriormente al Frente Nacional Democrático, así como al fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas y la imposición de Carlos Salinas de Gortari como presidente que culminó con su estrategia de modernización del país, la apertura total de la economía y privatización para que en 1994 se culminara con la aprobación, la firma y la entra en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Todo esa referencia histórica y la culminación de este proceso con las reformas estructurales recién aprobadas a través del Pacto por México, lleva a la siguiente reflexión de que el Estado pasó de ser un interventor activo en los ámbitos económicos sociales y políticos a una función de regulador, especialmente en el aspecto económico, más aún con el surgimiento de los diferentes órganos autónomos recién creados.
Los resultados sociales y políticos de esta estrategia mal llamada “neoliberal” ha llevado al descredito del valor de lo público como un concepto fundamental de la vida democrática del país.
Hoy más que nuca la sociedad mexicana y amplios sectores de la población son víctimas de la estrategia que está en su punto culminante de la entrega total de los recursos naturales del país a manos extranjeras y sin patriotismos a la pérdida total de la soberanía nacional, al empobrecimiento de la mayoría de la población y a la violencia y la inseguridad. Es por ello que hoy más que nunca se hace necesario revindicar lo público como algo de interés de todos por el bien común.

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