Columba Arias Solís
Contra la tortura
Jueves 9 de Abril de 2015
A- A A+

El pasado 9 de marzo, el relator especial contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas, presentó el informe sobre la situación del país en relación con el terrible tema, concluyendo que en México la tortura es generalizada y ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, además de que la misma tiene fines de castigo y de investigación.
Este informe se deriva de la visita al país del relator Juan E. Méndez, en el periodo del 21 de abril al 2 de mayo del pasado año 2014, y el documento se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalando que generalmente la finalidad de la tortura es castigar o extraer confesiones o información.
Hay evidencias -señala el relator- de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las Fuerzas Armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.
En el informe se detalla que las salvaguardias son débiles, especialmente para detectar o impedir la tortura en esos primeros momentos y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.
El relator explica: “Cuando digo generalizada es porque las denuncias que he recibido son de prácticamente todas las agencias que hay en este país. No hay corporaciones que se dediquen al arresto y detención de personas contra las que no haya recibido denuncias”. Y así -continúa el relator-, “la tortura se produce durante las horas de detención, se produce en vehículos y casas de seguridad, durante traslados, y cesa en el momento que el juez recibe la declaración de la indagatoria”.
El pasado 5 de mayo de 2014, el funcionario de la ONU presentó unas conclusiones preliminares, una vez que se hubo reunido con diversas autoridades federales, así como de algunas entidades para entregarles el reporte con los datos recabados.
Las observaciones finales estaban previstas para el mes de septiembre de 2014, lo que no se llevó a efecto, empero el relator informó sobre dos recomendaciones hechas al gobierno mexicano en aquel tiempo: avanzar en la modificación del tipo penal de tortura, pues a consideración del organismo internacional, éste en México no refleja la definición del delito como está previsto en la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes y tampoco existe uniformidad del delito en las entidades federativas, por lo que la armonización debe contemplar la prohibición absoluta de la tortura.
La otra recomendación al gobierno de México, se refiere a reformar el sistema de defensoría pública en las primeras etapas de la detención, ya que a decir del funcionario, la ausencia de abogados es una de las situaciones más preocupantes que observó, considerando que una de las principales garantías contra la tortura es el acceso rápido y eficaz a una defensa.
Para llegar a las conclusiones del informe, el relator en su visita a México se reunió con víctimas, organizaciones civiles y con autoridades tanto de la capital del país como de diversas entidades de la República, acudiendo además a centros de menores infractores, centros de readaptación social y centros de arraigo, así como a una estación migratoria, encontrando que “una amplia mayoría de los casos alegados comienza con la intrusión sin orden de cateo en domicilios o la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civil y en autos no identificados, seguido de la destrucción y robo de propiedad privada, los golpes y amenazas a las víctimas, sus familiares o demás personas presentes, y el traslado forzoso de las víctimas con los ojos vendados a sitios usualmente no identificados”.
Asimismo, prosigue el funcionario señalando que “las alegaciones refieren repetidamente el uso de insultos y amenazas para intimidar; los golpes con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo; el uso de bolsa para causar asfixia; los toques eléctricos con la llamada chicharra; la desnudez forzada; la asfixia húmeda; la suspensión y la violencia sexual”.
El funcionario del organismo internacional concluye señalando que a pesar de la evidencia del uso de la tortura y los malos tratos, es muy escaso el número de investigaciones efectivas por este delito y la ausencia casi absoluta tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias, lo que conlleva a una persistente impunidad.
A todo esto, el gobierno mexicano expresó su malestar ante los señalamientos del informe del relator de la ONU, expresando por conducto del secretario de Relaciones Exteriores su rechazo a dicho informe, considerando que en México solamente se han descubierto “casos aislados” de tortura, por lo que existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, reiteró el secretario. Empero, el funcionario de gobierno no ha puntualizado las discrepancias que señala, como tampoco la respuesta sobre los avances en el combate contra la tortura, sí en cambio ha minimizado las cifras del informe, al considerar que los lugares señalados por el relator no representan a todo el país.
Más allá de las cifras que se manejen -un solo caso de tortura es indignante- es absolutamente urgente que el gobierno cumpla con las observaciones de la ONU, que aplique las políticas necesarias para generar una cultura nacional de respeto a los derechos humanos, para prevenir y erradicar la tortura, y por supuesto que se apliquen las sanciones contra los responsables de su comisión.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada