Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
\"Cuarto Aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos\"
Martes 9 de Junio de 2015
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Este día 10 de junio, se cumplen cuatro años de haber sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de derechos humanos en México; una reforma de gran calado para el inicio del siglo XXI.
Pero a cuatro años de trabajo ¿cuál es el balance que se percibe por parte de la sociedad?:
Las reformas constitucionales llegaron en un momento delicado en todo el país, esto es, cuando los derechos fundamentales se habían degradado considerablemente debido a la violencia que se vivía en muchos lugares de México (entre ellos Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, entre otros), originados por cuestiones de crimen organizado, narcotráfico, entre otros aspectos, como corrupción e impunidad de algunos elementos de las fuerzas policiacas, tanto de seguridad pública como de procuración de justicia en los diversos niveles y órdenes de gobierno.
Esta violencia también alcanzó los crímenes de género, los llamados feminicidios, entre ellos las denominadas muertas de Juárez; según la red de organizaciones Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre 1993 y 2003 fueron asesinadas más de 400 mujeres por violencia de género en esa región. En 2009 asesinaron a 130, y en el 2010 la cifra alcanzó más de 150. Hoy este asunto aún no concluye, hay muchas acciones por hacer, entre ellas, en el marco de la ley, el que se aprueben las alertas de género que se han solicitado en Michoacán, Guanajuato y el Estado de México.
Pero también llegó en un momento en el cual el Estado mexicano había acumulado diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de deficiencias en la tutela de los derechos fundamentales de la población, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró culpable al gobierno de México por no garantizar la \"vida, integridad y libertad\" de las víctimas, por discriminarlas y dejar impunes sus crímenes; en el caso de tres de las ocho mujeres que fueron torturadas, violadas y asesinadas en 2001 y cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Juárez (sentencia conocida como “campo algodonero” de 10 de diciembre de 2009), entre otras, como la sentencia a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo por violación, tortura y violencia de género, de autoridades castrenses.
A partir de la publicación de la reforma constitucional (2011), comienza una tarea de gran impacto para la difusión, análisis y desarrollo de su contenido entre las y los mexicanos principalmente para aquellos más vulnerados. Una tarea que correspondía hacer a diferentes actores sociales y políticos, y que hasta ahora no ha sido cumplida cabalmente, falta mucho por hacer, vea usted:
Para los académicos, en los diferentes niveles educativos, pero principalmente en la educación básica, promover en las aulas el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos (una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos, así se señala el artículo 3 constitucional); en el Poder Judicial Federal y local, principalmente a los jueces y en general al personal operativo, construir sentencias en el marco del respeto de los derechos fundamentales, y del debido proceso; a las y los legisladores en el diseño y aprobación de leyes con enfoque de respeto a los derechos humanos de la población, esto es de legislar con igualdad y sin discriminación (http://revistainternacionalcienciasjuridicas.org/article/legislar-con-igualdad-y-sin-ideologias/); así como a los integrantes de los poderes ejecutivos en sus niveles de gobierno para la construcción de políticas públicas con ejes transversales en materia de los derechos humanos, la no discriminación, y la equidad de género; en tanto que a los órganos autónomos constitucionales de derechos humanos (Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones o Procuraduría de Derechos Humanos) comprometidas con sus mandatos de ley promover la cultura de los derechos humanos entre la población, sobre todo en aquellas áreas en donde la violación recurrente a los derechos fundamentales era el pan de cada día.
Pero sobre todo, las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la población en general para formar e informar de los impactos de las reformas en materia constitucional de derechos humanos.
Pero a cuatro años, ¿qué tanto se ha avanzado en la cultura de la legalidad, en la cultura de los derechos humanos, para hacer del respeto a la dignidad humana de la población un compromiso permanente de autoridades en el ejercicio del poder?; arribar a una cultura de la igualdad, del respeto de los derechos humanos no es sólo tarea de las estructuras gubernamentales, requiere del compromiso de todos y todas, y que por cierto es la única vía transitable para que México y desde luego aquí en Michoacán se respete la dignidad humana.
Sí, es una tarea por decir lo menos titánica, pero reconozco que también es una tarea urgente que requiere de rumbo y de no perder tiempo.
En México contamos con un Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, que da certidumbre del rumbo y que plantea: la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos; la prevención de violaciones a los derechos humanos; las acciones de garantía y protección de los derechos; la articulación y coordinación entre los actores involucrados en la política de derechos humanos, y la generación de información correctamente sistematizada y accesible en la materia.
Michoacán, si bien aún no cuenta con un instrumento de política pública en materia de derechos humanos (Plan Estatal de Derechos Humanos de Michoacán 2012-2015) se está trabajando actualmente en ello.
No obstante, consideramos que tanto la Federación, como el Estado y los municipios deben profundizar en los siguientes aspectos: a) Capacitación y sensibilización a servidores públicos en los contenidos e implicaciones de la reforma constitucional, no sólo con cursos aislados, sino bajo un programa de capacitación integral de derechos humanos que permita de manera global y de conjunto formar a los servidores públicos en la materia.
b) Promover la armonización legislativa conforme a los contenidos constitucionales establecidos en la reforma (Michoacán cuenta con un avance importante en materia de armonización de las leyes, gracias al trabajo realizado con la sociedad civil y el Poder Legislativo, con ello, se está cumpliendo uno de los objetivos del Programa Nacional, el impulsar la participación de la sociedad civil en la elaboración de iniciativas de ley relacionadas con reforma de los derechos humanos) estableciendo los tiempos y temas en la agenda legislativa para impulsar las reformas y armonización correspondiente (agenda para la Legislatura LXXIII).
c) Esta es la tarea titánica que requieren los ciudadanos de los órganos constitucionales en materia de derechos humanos, que se difunda entre la población los contenidos de la reforma constitucional de derechos humanos, haciéndolos accesibles a través de los medios de comunicación (tomando en consideración cuestiones como la discapacidad, así como las cuestiones étnicas), así como conviniendo con las organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos humanos que difundan entre sus beneficiarios la reforma (como lo ha venido realizando Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán). Y desde luego, lo más importante, promover entre las instituciones de educación superior en Michoacán la enseñanza de los contenidos de la reforma constitucional, como se realiza en la Facultad de Derecho de la UMSNH, así como el Posgrado de Derecho.
d) Evaluar el proceso y los impactos de la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, para ello, consideramos que es urgente establecer mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información en torno a la implementación de la reforma. Es importante conformar y garantizar el funcionamiento de un consejo ciudadano que colabore en la evaluación de la implementación de la reforma, que sería independiente al que prevé la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como asegurar que la sociedad civil participe en la observación y vigilancia de la implementación y seguimiento de la reforma constitucional.
Finalmente, a cuatro años de las reformas, hay mucho por hacer, y usted, ¿qué piensa?

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