Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Jurisprudencia 43/2015
Martes 16 de Junio de 2015
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De 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas, solamente doce3 reconocen la posibilidad de contraer matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo (Países Bajos, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, México (Distrito Federal, Quintana Roo, Coahuila), Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca y Uruguay) 78 países que aún conservan legislación punible contra actos homosexuales y cinco países con pena de muerte para los actos “sodomitas”.
Otros países también reconocen la unión de parejas del mismo sexo, pero con otra denominación distinta al concepto de matrimonio, pero otorgando los mismos derechos. Otro países más aceptan la unión civil entre personas del mismo sexo pero reduciendo sus derechos.
Dos países que reconocen el matrimonio igualitario sobresalen en Iberoamérica, España y Argentina. Ambos con un antecedente de dictaduras, población católica y de moral conservadora.
En México este asunto del matrimonio igualitario se presentó ante la cuarta legislatura del Distrito Federal, ahí, se discutió y aprobó, este trabajo en mucho lo fortaleció desde su inicio LolKing Castañeda y otros, activista que supo imponerse impulsando alianzas de izquierda, logró sostener su estrategia en dos vías, el cabildeo con otras fuerzas políticas al interior de la Asamblea Legislativa acompañada del diputado David Razu y con otros actores políticos y sociales para buscar el consenso social. Pese a haberse judicializado la decisión de la Asamblea Legislativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad del acto jurídico legislativo.
En Michoacán se viene trabajando con el tema de matrimonio igualitario desde el 2006; ante instancias del órgano autónomo de derechos humanos, ante la oficina del titular del Ejecutivo del Estado y ante el Poder Legislativo, se presentaron las propuestas correspondientes, fue Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán quien acompañado de cientos de firmas de ciudadanos, organizaciones e instituciones, quienes convencidos de la importancia de vencer el último prejuicio aceptable en una sociedad conservadora y con leyes violatorias de los derechos humanos buscaban acciones para la libertad. Gracias a personas como Gumesindo García Morelos, que ha acompañado procesos judiciales, Michoacán cuenta ya con dos matrimonios y distintas acciones que se ventilan para alcanzar las libertades a que tiene derecho la disidencia sexual.
De esta manera la sociedad avanza, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, confirma con la Jurisprudencia número 43/2015: matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.
Esta histórica determinación del máximo tribunal del país abre la puerta para que en todas las entidades se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, dando un decisivo avance en la lucha por proteger y visibilizar los derechos fundamentales de todas las personas con la cual se construye una sociedad de derechos y libertades.
Comparto con ustedes la Jurisprudencia 43/2015: “Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como \"entre un solo hombre y una sola mujer\". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual”.
De 2009 a la fecha se han dado adelantos en México respecto al matrimonio igualitario, con la aprobación de uniones civiles en cinco entidades, el reconocimiento legal de matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo, así como la Resolución por Disposición 2/2011 emitida por el Conapred y aceptada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la plena igualdad de trato y de oportunidades de las y los derechohabientes, sus familiares y cónyuges.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010, siete de cada diez personas en México manifestaron no tener inconveniente en que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.
Con esta resolución, México se une al grupo de naciones de la región latinoamericana que dan apertura al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, siendo Argentina el primer país en hacerlo en el año 2010, así como Brasil y Uruguay en el año 2013.
En abril de 2014, Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán expresaba su reconocimiento al Poder Judicial de la Federación, por haber confirmado en sentencia, el Amparo de la Justicia Federal para las ciudadanas Alejandra Banderas Rosales y Claudia Brizeiry López Ramos -y promovido por el doctor Gumesindo García Morelos-, quienes en esta histórica decisión se han convertido en el primer matrimonio universal en Michoacán.
En la sentencia dictada por la jueza del Noveno Distrito Judicial con sede en Morelia, confirma la inconstitucionalidad de los artículos 123 y 125 del Código Familiar en Michoacán, toda vez que violenta la Constitución Federal así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados por México y ratificados por el Senado de la República.
En la sentencia se expresa, que las parejas heterosexuales cuentan con la institución jurídica del matrimonio, el cual constituye una garantía al derecho establecido en el artículo 4° constitucional (protección a las familias); sin embargo, dicha situación se contrapone a la de las parejas homosexuales al no contar con tal garantía, lo que se traduce en una desigualdad que no se encuentra razonablemente justificada por el legislador, ante situaciones análogas que deben gozar de la misma protección jurídica.
Adicionalmente, los artículos 123 y 125 del Código Familiar reclamados contienen una discriminación prohibida por el artículo 1° constitucional y por múltiples tratados internacionales, ya que el único criterio utilizado para proteger una posible, futura o presente relación es el de preferencia sexual, criterio que no persigue ninguna finalidad constitucional admisible y que afecta a las parejas homosexuales del estado de Michoacán; pero adicionalmente es discriminatoria la exclusión que realizó el legislador a los homosexuales de la figura del matrimonio, en el caso también se incumple el mandato previsto en el artículo 4° constitucional, en el sentido de proteger a todos los tipos de familia, incluyendo la homoparental (así como las familias: nuclear, extensa o consanguínea, y monoparental).
En dicho documento jurídico se precisa que la relación jurídica matrimonial ha dejado de vincularse al fin de la procreación, “sosteniéndose, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común”, así que, la reproducción no puede ser un requisito para acceder al matrimonio, incluso entre personas heterosexuales.
Adicionalmente a la confirmación del matrimonio de la pareja de Claudia y Alejandra, hoy tienen acceso a procedimientos de adopción, incluso al derecho a la reproducción asistida, siendo esta sentencia, la primera en su caso a nivel nacional de otorgar no sólo el matrimonio sino de manera general otros derechos; así Michoacán nuevamente se erige como ejemplo jurídico en México.

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