La globalización ha modificado estructuras anquilosadas y ha generado la visibilidad de prácticas prejuiciosas y puesto a las mismas en la agenda pública otorgando los derechos que les corresponden en muchos de los casos, pero estos posicionamientos han hecho reaccionar a actores políticos y aún sociales por el desplazamiento que han sufrido en el ejercicio del poder, entre ellos la Iglesia católica de México, quien en días pasados rechazó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, señalando que contraviene a los principios del federalismo y rompe con una sólida tradición jurídica en el país.
La SCJN expresa en la jurisprudencia 43/2015 que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional; ante esta norma, la Iglesia expreso su respeto a las Instituciones del Estado mexicano, pero desde luego no está de acuerdo.
En el campo discursivo de lo político siempre existe la construcción del adversario y su confrontación, en estos posicionamientos encontramos dos discursos, uno a favor y otro en contra:
La Iglesia nos plantea un discurso opositor que se centra en la competencia o no de la legislación local para discutir un tema que podría caber en el ámbito de la legislación nacional. Aunque podría considerarse una maniobra para trasladar la discusión a una instancia con una correlación de fuerzas distinta, en realidad, en ella se encuentra uno de los puntos más relevantes al momento de tratar un posicionamiento, su definición. Esto es, que el tema se discuta en el interior de cada estado federado donde seguramente perderá fuerza.
Por otro lado, el discurso opositor también nos plantea el problema de la nominación matrimonio: primero, ¿a qué se puede llamar matrimonio?; segundo, ¿quiénes realmente pueden conformarlo y para qué fines lícitos?; con base en estos sustentos se pretende fortalecer algo que se supone natural, visiblemente familiar y desde luego normalizado; dicho de otra manera, los sexos opuestos son también complementarios y están preparados para la reproducción social, esto es que son sanos y que con amor surge la reproducción social; sólo lo anormal y antinatural no logra la reproducción como en el caso de sexos iguales, de ahí que no se les pueda llamar a esta unión entre personas de igual sexo matrimonio.
Detrás de este posicionamiento está la intención de imponer una ideología milenaria, que no se ha movido y que ha resultado de interés para ciertos grupos económicos. Recordemos que se llevaron a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo tanto en la antigua Grecia como en Roma, donde, por cierto, tampoco hubo cuestiones de homofobia.
Por otro lado, el discurso que utilizan los propios activistas sociales y hoy la SCJN para la defensa de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo se fundamenta en la base de los derechos humanos relativos a la libertad, la igualdad y el desarrollo de la personalidad, con lo cual se da respuesta a los discursos opositores.
Otro posicionamiento que tiene el discurso político a favor es el planteamiento de que las instituciones no son entes naturales, son entes jurídicos que evolucionan de acuerdo con las necesidades sociales y a la legislación que se construye paralelamente para dar solución a sus fenomenologías. Hoy, a la vuelta de los tratados internacionales y las recomendaciones sobre orientación e identidad de género, se avanza a la construcción de nuevos marcos jurídicos.
Como puede verse, el discurso opositor al matrimonio universal parte de una sola concepción de familia, y por ende, de una sola posibilidad de conformación social. En el fondo de esta concepción están la homofobia y la discriminación con la que ven la existencia de otro tipo de parejas.
Para los conservadores, a pesar del discurso políticamente correcto que expresa que los no heterosexuales tienen todo el derecho y todo el respeto subsiste la visión de una sexualidad única que no permite variantes sino para comprobar lo negativo, lo malo, lo moralmente incorrecto , lo legalmente inviable, lo anormal, lo antinatural. Por eso es inconsistente e incurren en la contradicción de decir que respetan y reconocen los derechos de las personas que integran los colectivos de no heterosexuales, al mismo tiempo que buscan limitar los espacios de lo privado, de lo íntimo, del gueto de este segmento de la población.
Para los conservadores, sólo los heterosexuales tienen la exclusividad del amor, que es el cementante para la reproducción social, por eso intentan defenderlo de los impuros, quienes sólo pueden sentir concupiscencia y depravación.
Por otro lado y frente a este posicionamiento, los colectivos no heterosexuales plantean diversos discursos sobre el matrimonio universal:
El primer discurso plantea el reconocimiento de los marcos jurídicos y de las políticas públicas como un paso fundamental para la inclusión y el reconocimiento de ciudadanía plena; no obstante, siempre se relega a un segmento de población en esta visión o en este discurso, porque ampliamente sólo es aceptada la comunidad transexual en la Ciudad de México, no así en el resto del país; este enfoque lo podríamos plantear como humanista.
La segunda posición, más ruda, sobre todo en boca de segmentos más politizados, plantea la impugnación al Estado y a sus mecanismos de control, sobre todo con la figura de familia, matrimonio, toda vez que asumen que es una forma de control social, que ha ido sometiendo a una sociedad homogenizante sobre un dispositivo de sexualidad que plantea una visión dicotómica de sexo, género, y erotismo, sobre la base de una familia patriarcal, monógama, falocrática y católica.
Otra posición, la tercera, que pide una mayor autonomía en sus derechos pero alejado de las instituciones que contralan sus maneras de ser y estar.
Finalmente me cuestiono, legalizar el matrimonio no heterosexual, con los mismos derechos que los heterosexuales ¿nos lleva a lograr una igualdad?, o en el marco de esa igualdad habrá una diferencia, porque si bien en la ley lo expresa, la sociedad será implacable para hacer sentir esa diferencia.
De ahí mi interés por continuar trabajando en la construcción de una sociedad de mayor tolerancia y con mayores formas de convivencia.
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