Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Silvano y la agenda de la dignidad humana
Miércoles 29 de Julio de 2015
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Durante prácticamente lo que va de este siglo nos hemos propuesto promover acciones para lograr no sólo la igualdad de trato social, sino ir más allá, a realmente lograr que se respete la dignidad humana de las personas.
La dignidad humana es inherente al ser humano, mucho antes de que existiera el Estado; esto significa que el Estado mexicano debe reconocer y proteger la dignidad humana. La dignidad humana ha sido vista desde el alma racional por la filosofía platónica y aristotélica, pero también desde Tomás Moro, como que el ser humano es creado a imagen y semejanza de un dios. Así, entre posiciones verticales y horizontales, la dignidad humana debe servir para respetar al ser humano, para depositar en él los derechos humanos y en un ejercicio de libertad e igualdad, con independencia de lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo antropológico, debe ser tratado por igual.
A partir de las reformas de 2011 en materia de derechos humanos de la Constitución federal de México, el artículo 1 prescribe que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”, pero además “nadie puede ser discriminado en razón de su edad, sexo, preferencias sexuales, condición de salud, económica, las ideologías”, entre otras.
No obstante, observamos que las mecánicas de trato social en el devenir diario social continúan generando desajustes sociales, diferencias de trato social sustentadas en ideologías, prejuicios, estigmas y estereotipos que mantienen excluidas a amplios sectores sociales, entre ellos a personas con discapacidad, adultos mayores, los indígenas, la llamada comunidad diversa sexual, entre otros como los niños en y de la calle, las personas que viven en la calle. Y es que no basta la aplicación de la política pública, consideramos que es fundamental trabajar en el desarrollo de la conciencia social paralelamente con el resto de la población.
Esto es que bien que se entreguen apoyos en especie a los adultos mayores y también que se entreguen apoyos económicos para estos, pero si estas acciones no vienen acompañadas por el respeto a la dignidad humana del adulto mayor, al respeto a sus derechos humanos, de no violencia, de inclusión y respeto a su condiciones humana, estaremos haciendo las cosas con buena intención pero a medias.
Así me parece que la administración del gobernador electo Silvano Aureoles Conejo y las de los presidentes municipales deben impulsar una agenda antidiscriminatoria que permita fortalecer la creación y/o el desarrollo de la conciencia social; hoy una obligación por nuestros marcos jurídicos, pero hoy y mañana una demanda permanente de las poblaciones y grupos vulnerados.
En días pasados tuve la oportunidad de compartir algunas reflexiones acerca de los elementos que debería contener una agenda antidiscriminatoria, la misma que utilizamos en Churintzio con su presidente municipal, Juan Luis Contreras Calderón y que constituye una primera importante transformación documental, que debe trabajarse paralelamente con todos los servidores públicos para que cobre vida.
Comparto algunas reflexiones para las autoridades que tendrán que ajustarse a lo que hoy nos mandata la Ley de Planeación del Estado de Michoacán, donde todos los grupos sociales tendrán que opinar sobre la elaboración de los planes estatal y municipales de Michoacán; por cierto, reformas que fueron propuestas por Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán con el apoyo del diputado Sarbelio Molina Vélez y de la diputada Selene Vázquez Alatorre, y desde luego otros importantes actores que suscribieron los dictámenes y el apoyo de la ciudadanía, entre ellos de la contadora pública Silvia Gaona, de Saúl Pérez, Liz Vega, entre otros importantes actos sociales.
Para ello, consideramos que los elementos a intervenir en el Plan Integral de Desarrollo del Estado de Michoacán para 2015-2021 tendrán que orientarse a construir los entramados sociales para garantizar la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad y no discriminación y las libertades sociales y, desde luego, con una perspectiva de género:
Los objetivos del Plan de Gobierno deberán incorporar los ejes transversales de cultura de la igualdad y no discriminación, respeto a los derechos humanos, equidad con perspectiva de género, así como el eje transversal de discapacidad, que es fundamental para brindar la atención y cumplir con los mandatos de la actual ley para la inclusión de las personas con discapacidad.
Entre los elementos de diagnóstico que consideramos para atender un Plan de Gobierno con ejes antidiscriminatorios está: Michoacán aún cuenta con una normatividad y coordinación interinstitucional limitada en materia de igualdad que debe revertir; insuficientes mecanismos administrativos para defender y proteger a la sociedad contra actos discriminatorios, los actos entre particulares no son atendidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; persistencia de la desigualdad de trato en el disfrute de los servicios públicos; rezagos en la armonización de la normatividad estatal y, por ende, entre los municipios; insuficiencia de información con perspectiva de igualdad y no discriminación para fortalecer la política pública, definición de nuevas formas de producir información con sentido social y que, sobre todo, tengan los mecanismos para la evaluación de impacto; prejuicios y estigmas en la sociedad.
El sentido del Plan de Gobierno deberá respetar y garantizar la dignidad humana y sus derechos humanos reconocidos a la población sin discriminación de ninguna índole, para ello revisará, incorporará, adecuará, y robustecerá su normatividad y sus prácticas, de tal manera que se eliminen las disposiciones que favorecen actitudes discriminatorias, pero adicionalmente promoverá las adecuaciones necesarias para que progresivamente se incorpore la cultura antidiscriminatoria que se convierta en garantía de la igualdad de trato y de oportunidades para el goce de los derechos humanos y el trato igualmente digno en el acceso a los programas y servicios públicos para toda la población sin discriminación y en respeto a la dignidad humana.
El Plan de Gobierno deberá atender una agenda antidiscriminatoria sustentada en distintos ejes estratégicos: 1) quehacer público sin discriminación; 2) políticas de protección a la ciudadanía contra actos discriminatorios (mecanismos de protección, de denuncia, de queja); 3) acceder sin discriminación a grupos vulnerados al disfrute de bienes y servicios públicos; 4) promover el cambio cultural en favor de la igualdad y no discriminación; 5) armonización de la normatividad, de los códigos de conducta, de todos los documentos sustantivos; 6) promover el lenguaje incluyente y no sexista en la documentación pública; 7) creación e instalación del Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación y la apertura como mandato de ley, de la creación de espacios o consejos municipales para el impulso de la cultura de la igualdad y no discriminación que permita alinear la política pública estatal con la municipal.
Una gran tarea para el gobernador electo, Silvano Aureoles, y su equipo de trabajo. ¿Usted qué opina, estimado lector y estimada lectora?

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