Jorge Álvarez Banderas
La educación como un derecho humano
Viernes 7 de Agosto de 2015
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Esta semana, el gobernador del estado de Michoacán anunciaba el posible cese del funcionario que impugnó una determinación judicial respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aludiendo que era respetuoso de tal determinación y que incluso apoyaba tal criterio jurisdiccional.
Esta misma semana, la SCJN, a través de su Primera Sala, en un comunicado de prensa anuncia de nueva cuenta la reasunción de su competencia original para conocer del amparo en revisión interpuesto por la autoridad universitaria en 2014, durante la administración de quien hoy es titular del Poder Ejecutivo estatal en los siguientes términos: “La Primera Sala de la SCJN resolvió la reasunción de competencia 51/2015, presentada por el ministro José Ramón Cossío Díaz, cuyo tema es el derecho humano al acceso a la educación gratuita”. La Primera Sala, una vez más, reasumió su competencia para conocer de un amparo en revisión en el que un estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo impugnó la constitucionalidad del acuerdo del Consejo Universitario, mediante el cual determinó que a partir del ciclo escolar de 2014 los alumnos que cursarán la educación media superior y superior deberán cubrir las cuotas de inscripción o reinscripción correspondientes. El citado estudiante, al encontrarse obligado a pagar una cuota para realizar su reinscripción, promovió juicio de amparo contra el acuerdo antes descrito, por estimar que violenta en su perjuicio diversos derechos humanos, ya que al no liquidar el importe se produciría un daño irreparable al no poder continuar con sus estudios. La jueza de Distrito le concedió el amparo para el efecto de desincorporarlo de la obligación de cubrir tales cuotas en los subsecuentes ciclos escolares. Inconformes tanto el rector Salvador Jara Guerrero (actual gobernador) como el tesorero Horacio Díaz Mora (actual funcionario del gobierno estatal) de la señalada Universidad interpusieron el recurso de revisión que aquí solicitaron reasumir. La importancia y trascendencia del asunto radica en la posibilidad de analizar la constitucionalidad del acuerdo referido, en cuanto el derecho humano al acceso a la educación, ya que condiciona la inscripción al pago de una cuota y, además, en cuanto al principio de progresividad, pues el artículo 138 de la Constitución local establece la gratuidad de la educación en todos sus niveles, incluyendo el de licenciatura. La Sala estimó que en el análisis del recurso de revisión se podrán abarcar las siguientes interrogantes: a) ¿Cuál es el referente normativo que dota de contenido al derecho a la educación? b) ¿El reconocimiento de la educación gratuita a nivel medio superior y superior en una Constitución local es exigible judicialmente? c) ¿El derecho a una educación gratuita a nivel medio superior y superior reconocido en una Constitución local es absoluto o puede limitarse, sin que implique violación al principio de progresividad? d) ¿De poder limitarse, se tiene que motivar dicha decisión?
Hoy el señor gobernador, ¿que podrá decir de la decisión que tomó cuando fungía como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Fue su voluntad la de interponer en contra de 31 sentencias favorables a cientos de estudiantes universitarios igual número de recursos de revisión y de solicitar que la SCJN atrajera los asuntos. ¿A él a estas alturas quién lo podría cesar? Parece ser que atendiendo al contexto es como resuelve a su conveniencia los entuertos.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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