Jorge Álvarez Banderas
¿Nueva Ley de Participación Ciudadana?
Viernes 14 de Agosto de 2015
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Esta semana, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la iniciativa de Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, supongo que dicho ordenamiento abroga la Ley de Participación Ciudadana publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 de enero de 2012; en ninguna se contempla la figura tan necesaria en un país que se precia de ser democrático como el nuestro, que es la revocación de mandato.
Los procedimientos de participación ciudadana regulados por la ley abrogada eran el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular; esta última jamás regulada por el propio Legislativo en cuanto a establecer en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo la cantidad de firmas requeridas para hacerla efectiva, una figura idónea para que los michoacanos pudiéramos iniciar leyes ante el Congreso del Estado. Los procedimientos de participación ciudadana regulados por la presente ley son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana (antes era la iniciativa popular), la consulta ciudadana, el observatorio ciudadano y el presupuesto participativo.
En realidad las otras figuras que se consideran “nuevas” sólo son un puñado de buenas intenciones del legislador, ya que difícilmente en las comunidades más paupérrimas a sus habitantes les resultará intrascendente ejercer este nuevo derecho demagogo denominado “presupuesto participativo” mediante el cual se decide el destino del dinero público a proyectos específicos; en el caso del “observatorio ciudadano”, el legislador sabe que hoy en las redes sociales se encuentra la reflexión, el análisis y la construcción de propuestas para los órganos del Estado.
Manuel García Pelayo define a la revocación de mandato como el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. La revocación del mandato abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, someta a consulta del cuerpo electoral la remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo para el cual fue designado.
¿Faltó consenso para contemplarla en la nueva legislación?, ¿la incluirán los próximos legisladores?

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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