Columba Arias Solís
El monopolio de la riqueza, última parte
Viernes 14 de Agosto de 2015
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No obstante que desde hace varios años han proliferado los programas sociales de combate a la pobreza, mismos que se oficializaron en las tres últimas décadas del pasado siglo XX, quedando integrados en el decreto de creación de la Ley General de Desarrollo Social, expedido en enero de 2004, estableciéndose la política nacional en materia de desarrollo social para atacar la pobreza vía los ejes de la educación, salud, alimentación, generación de empleo, autoempleo, capacitación, seguridad social y programas asistenciales, desarrollo regional, infraestructura social básica y fomento del sector social de la economía; sin embargo, año con año se evidencian los magros resultados en el combate a la pobreza.
Tanto el diseño como la ejecución de la política social quedaron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la que cada seis años, cuando inicia el periodo presidencial, presenta el programa respectivo.
En julio de 2001 fue creado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), integrado por académicos expertos en medición de la pobreza, cuya tarea es además de medir, evaluar y dar seguimiento a los programas para reducir la pobreza.
Vale señalar que la política social seguida por los diferentes gobiernos de México quedó definida como el principal instrumento de combate a la pobreza en la década de los años 90, empero, no fue el resultado precisamente de la sensibilidad de los gobernantes a las demandas y carencias de los sectores de la población mexicana inmersos en la precariedad, sino más bien como respuesta a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial, entre otros, quienes comienzan a dar trascendental importancia a los temas de reducción de pobreza y mejora en la distribución del ingreso, aduciendo que dicha reducción se logrará en torno a un crecimiento económico propiciado por la apertura económica del mercado que redundaría en un mayor bienestar de la población.
Es evidente que las políticas de combate a la pobreza no han funcionado, así ha quedado expuesto en diferentes informes del Coneval, entre ellos el que abarca la medición de la pobreza en el país en los últimos dos años, que en cifras contabiliza más de 53 millones de pobres, será que como lo ha señalado Dresser: ¿los programas se convierten en mecanismos de manipulación de los más pobres, como medios para mantener clientelas políticas o prácticas de cacicazgo alentando mecanismos de corrupción?
Mientras las políticas sociales en el país fracasan en su cometido de disminuir la pobreza, en las antípodas de esta situación, el monopolio de la riqueza continúa engrosando las arcas de unos cuantos mexicanos.
De acuerdo con la investigación sobre la concentración del poder económico y político en nuestro país, desarrollada por Gerardo Esquivel Hernández*, en 1996 Forbes publica la primera lista de multimillonarios mexicanos con fortunas superiores a los mil millones de dólares, en la que aparecen quince mexicanos en la categoría; luego de una década, existen 16 mexicanos en la lista, apenas uno más desde 1996.
Al respecto, Esquivel hace énfasis en la magnitud del incremento en la riqueza de los cresos mexicanos, señalando que mientras en 1996 las fortunas de esos quince equivalían a 25 mil 600 millones de dólares, en 2014 la fortuna de los 16 equivale a 142 mil 900 millones de dólares; es decir que, en promedio, la fortuna de cada uno de los más ricos, en apenas 18 años, de mil 700 millones, pasó a ocho mil 900 millones de dólares.
A lo largo de su estudio, el investigador va desglosando por medio de gráficas la evolución de la riqueza de los cuatro principales multimillonarios mexicanos como porcentaje del PIB durante el periodo 1996-2014, señalando que hasta 2002, la riqueza de ese grupo (Slim, Larrea, Bailleres y Salinas Pliego) representaba solamente alrededor del dos por ciento del PIB, iniciando a partir de 2003 un ascenso que para 2011-2014 alcanza un promedio de nueve por ciento del PIB; es decir, en la actualidad “el rendimiento real de la riqueza de cuatro mexicanos es alrededor de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos”.
Como ya se ha señalado, el punto coincidente de estos multimillonarios es que una parte considerable de su fortuna proviene de las empresas públicas privatizadas y concesiones que el estado les ha otorgado, las cuales han sido explotadas en forma monopólica, sin competencia, estableciendo las tarifas a modo con la complacencia de autoridades en el caso de telefonía, y con la acelerada explotación en el campo de la minería, que permitió a sus detentadores, además de enormes privilegios fiscales -hasta 2013 no se cobraba ningún impuesto a la producción a boca de mina-, en una década, 2000-2010,“la extracción de oro equivalente a más del doble de toda la extracción realizada en los 300 años de la etapa virreinal.”
Citando estudios de la OCDE, Esquivel señala que la consolidación de Slim como gigante de las telecomunicaciones se realizó a costa de los consumidores mexicanos, quienes durante años pagaron tarifas telefónicas muy por encima de las que se hubiesen pagado en un sistema de libre competencia y regulado correctamente, por lo que entre 2005 y 2009 el monopolio de Slim se tradujo en la pérdida de bienestar superior a los 129 mil millones de dólares para los mexicanos.

*Gerardo Esquivel Hernández, Desigualdad extrema en México. OXFAM. México.

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