¡Para el debate por Michoacán!

Por un equipo de gobierno sin vicios y con rumbo

Jerjes Aguirre Avellaneda

Se tiene la costumbre de considerar y dar por verdadero que ganar las elecciones es igual a ganar el poder. La realidad muestra que frecuentemente esta relación no es cierta, sino que corresponde a uno de los grandes mitos de la democracia. Por el contrario, se afirma por estudiosos que las elecciones se hacen porque así conviene al poder real establecido.
Como resultado de las elecciones sigue la integración de los equipos de gobierno y aquí surge la presencia de otro mito: que los mejores hombres y mujeres, por elección o por selección, tendrán la tarea de gobernar el funcionamiento y los cambios de la sociedad entera.
Hoy, mujeres y hombres, mantienen expectativas e ilusiones provocadas por estos dos grandes mitos de la democracia: las mayorías nunca se equivocan y el gobierno será ejercido por los mejores ciudadanos. En Michoacán, el nuevo gobernador prepara su gabinete y la atención de los ciudadanos se concentra en este proceso, esperando implícitamente que los nuevos gobernantes y los nuevos funcionarios resuelvan sus múltiples problemas reales.
La integración del gabinete tiene la mayor importancia en las actuales circunstancias michoacanas, donde la crisis en todos los aspectos está muy lejos de haberse superado. Continúan los problemas en la economía, el desempleo, la desigualdad y la pobreza, la inseguridad y la violencia, así como la terrible crisis en la credibilidad y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en los gobernantes, en los partidos y en los políticos.
Hay una trágica resignación y una imposibilidad para visualizar futuros que estimulen el aliento y la esperanza. Hay condiciones objetivas y subjetivas para que cualquier “chispazo” pueda provocar un gran incendio social. Esta posibilidad es real y no debiera minimizarse.
Por ello lo relevante del proceso de integración del nuevo equipo de gobierno, en tanto que en la percepción ciudadana, tendrían que ocurrir cambios que cumplan con sus expectativas, o bien continuar con los desencantos que pueden conducir a las grandes frustraciones por la repetición de más de lo mismo.
Debiera considerarse que la administración pública, en su integración y funcionamiento, ha dependido de las estrategias generales de desarrollo, particularmente con el papel que corresponde desempeñar al gobierno. De una parte, como conductor, promotor y responsable del desarrollo, y de otra, como simple coordinador y generador de condiciones para que cada individuo pueda construir su propia prosperidad, entendiendo que los éxitos individuales son equivalentes al éxito colectivo. En una y otra perspectiva, la organización, atribuciones y características del gobierno y la administración son completamente diferentes.
En la década de los años 80 del siglo pasado, el modelo mexicano de desarrollo registró grandes cambios al sustituir la participación del Estado en la economía por otro de economía de mercado, donde las empresas individuales y de grupos de individuos asumieron la responsabilidad principal, movidas por el incentivo del máximo beneficio, dejando a cargo del gobierno la obligación para crear las condiciones que permitieran la realización de buenos negocios.
Ahora, para este modelo, el perfil del servidor público, del funcionario, ya no es la comprensión de los beneficios generales, sino que el funcionamiento de la economía pueda medirse satisfactoriamente con cifras positivas de crecimiento, independientemente de su coincidencia o no con el bienestar colectivo. La responsabilidad social fue sustituida por las prácticas tecnocráticas.
En estas circunstancias el reto del nuevo gobierno michoacano consiste en la integración de un equipo de gobierno que reúna la doble característica de ser eficiente y eficaz, en atención a los objetivos alcanzados con el mínimo de costos y con metas precisas previamente calculadas.
El aparato con el que se gobierna es enorme. Considerando los tres niveles de gobierno, Federación, estado y municipios, la suma de funcionarios y empleados es gigantesca. En Michoacán, solamente en el Poder Ejecutivo, existen 85 dependencias manejadas por dos mil 622 funcionarios y alrededor de once mil empleados de base y por contrato. Faltaría sumar los servidores de los poderes Legislativo y Judicial.
El modelo de mercado no exige elevados índices de competitividad de los equipos de gobierno. Es suficiente que se reconozca el poder de quienes controlan la estructura y la dinámica económica. Todo lo demás pueden proporcionárselo las mismas empresas. Consecuentemente para servir a los empresarios los altos funcionarios no requieren de grandes cualidades.
Pero si la intención consiste en gobernar para todos, especialmente para los sectores sociales con mayores carencias, ganando legitimidad y poder sustentado en las mayorías sociales, entonces habrá que utilizar criterios de selección que sean congruentes con los objetivos históricos de los michoacanos, identificados con la prosperidad, el bienestar y la igualdad de oportunidades.
Atrás tendrán que quedar las prácticas que colocan los intereses personales por encima de los intereses de los demás. Las vanidades y las simulaciones, los engaños y la corrupción. Tal vez ya sean los tiempos de modificar las atribuciones discrecionales para efectuar la selección y los nombramientos, o cuando menos, de incorporar al texto de la ley, los requisitos que se deban cumplir para encargarse de la atención de las áreas específicas del gobierno.
Es evidente, entonces, que mujeres y hombres, de contenido y no huecos, es lo que necesita Michoacán en sus circunstancias de crisis. Los mejores de verdad, puesto que sólo así se podrá iniciar la cancelación de los mitos, cerrarse la brecha entre gobierno y poder real, recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana y cohesionar a los michoacanos.
Lo más importante siempre está adelante, pero hay que saber en qué consiste para comprometerse a tornarlo realidad. Sociológicamente, y no es exagerado afirmarlo, los equipos políticos son un indicador de lo que puede esperarse de un nuevo gobierno, del tamaño de su compromiso y de su potencial y alcance en realizaciones.