Viernes 4 de Septiembre de 2015
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En la última década, los informes presentados por los presidentes mexicanos han estado rodeados de polémica, de cuestionamientos, especialmente el último de Vicente Fox y prácticamente todos los de Felipe Calderón; originados, en el caso del primero, por su abierta intervención en el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que le generó una lluvia de críticas no sólo partidistas, sino provenientes de diversos sectores de la sociedad mexicana; la campaña mediática contra el mismo actor político que lo situaba como un peligro para México polarizaría a una parte de la población, por lo que luego de la elección y del triunfo siempre cuestionado de Calderón, apenas éste pudo rendir protesta en el Congreso y asumir el poder presidencial.
La obligación de rendir el informe sobre el estado que guarda la nación mexicana data de la Constitución de 1857, que en su artículo 63 determinaba que “a la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión y pronunciará un discurso que manifieste el estado que guarde el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales”.
El primer presidente en rendir un Informe de Gobierno fue el general Guadalupe Victoria, quien no obstante que la Constitución de 1824 no establecía la obligación para el presidente, sino para los responsables de las secretarías de Estado, el 1 de enero de 1825 se presentó al Congreso e informó que a pesar de las penurias por las que pasaba el país luego de la Guerra de Independencia y del fallido imperio iturbidista, se había logrado “vestir, armar y alimentar al Ejército, pagar los sueldos atrasados de los empleados y atender en la medida de los posible la administración de justicia”.
Durante los 71 años de la hegemonía del priismo la rendición de cuentas se transformó en el Día del Presidente, convirtiéndose en tradición los mítines multitudinarios con integrantes de los tres sectores del Revolucionario Institucional, los aplausos atronadores en el espacio del Congreso, el desfile presidencial por las principales avenidas de la capital y el besamanos postinforme con las fuerzas vivas de la nación.
En sus primeros años Fox alcanzaría a disfrutar de las mieles del Día del Presidente antes de ser cancelado por la irritación y el descontento social y político; a partir de la reforma al artículo 69 constitucional que eximía al presidente de asistir al Congreso, Felipe Calderón comenzaría a organizarse su propio evento presidencial ante la presencia de su gabinete, invitados especiales y, por supuesto, con la ausencia de los incómodos opositores políticos, enviaría a la nación un mensaje político reseñando lo que consideraba sus logros.
En la mitad de su periodo sexenal, para cumplir con lo dispuesto en la norma constitucional, este 1º de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su secretario de Gobernación, remitió al Congreso el Informe escrito del estado que guarda la nación. Hace un par de días, el miércoles, dirigió su mensaje al país, un mensaje en el que obvió o al menos minimizó ciertos hechos que por su gravedad y la inconformidad social que han generado merecían un tratamiento más allá de las cinco líneas que en el discurso ocupó.
El presidente, muy someramente, se refirió a que “los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho”. Así de superficial también mencionó “señalamientos de conflictos de interés –que incluso involucraron al titular del Ejecutivo–, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal –y en algunos casos en el ámbito privado– han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana”.
El rendimiento del Informe del actual presidente tiene lugar en medio del enrarecimiento y la inconformidad social ante los sucesos antes mencionados por él mismo, los cuales siguen quedando en la impunidad, la falta de resultados en la política económica, el incremento de la pobreza y los escasos resultados en materia de seguridad.
La aprobación presidencial ha caído estrepitosamente en el último trimestre de acuerdo con los datos de la empresa Buendía & Laredo. Sólo el 35 por ciento de la población está de acuerdo con la conducción presidencial, y curiosamente es entre los propios correligionarios partidistas del presidente donde más parece haber caído dicha aprobación, ya que del 87 por ciento de opiniones favorables dentro del priismo en febrero de 2013, se redujo a 60 por ciento en esta última muestra presentada en agosto.
El priismo, como otros sectores políticos y de ciudadanos, se muestran desencantados del liderazgo presidencial, las razones pudieran ser varias: las reformas tan aplaudidas y aduladas en su origen no han aterrizado, una política fiscal que recae en la minimizada clase media, la corrupción que permea instituciones, la impunidad que campea por todo el país, pobreza que no se abate, inseguridad constante y encima, la devaluación del peso. Quién sabe si las diez medidas anunciadas por Peña Nieto en su Informe de Gobierno logren revertir la irritación, la decepción y la inconformidad ciudadana.

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