Ayotzinapa: ¿qué sigue?

Eduardo Nava Hernández

Con la presentación el pasado domingo del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca de sus investigaciones en el caso de Iguala, no sólo este expediente sino la defensa de los derechos humanos mismos han entrado en una nueva etapa. Si bien es cierto que el Informe Ayotzinapa, como lo denominaron los expertos, no llega hasta su propósito último, dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, sí logra desenmarañar la red de ocultamientos y falsificaciones en la que incurrieron diversas autoridades en torno a los sangrientos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Demostraron fehacientemente que, por la vía andada por la Procuraduría General de la República — primordialmente en el periodo de Jesús Murillo Karam—, no se encontraría la verdad.
La acción del grupo especial de expertos tiene pocos precedentes. Los que podemos rastrear más visiblemente se refieren a la búsqueda de desaparecidos y asesinados bajo gobiernos de dictadura militar en distintos países; pero no en regímenes pretendidamente democráticos, como corresponde al de México. Este solo hecho marca un hito en las luchas por los derechos humanos en el contexto internacional. En naciones como Uruguay, Argentina, Guatemala y otros, las pesquisas han conducido a enjuiciar a altos mandos del Ejército y aún a ex presidentes militares que actualmente purgan prisión. Hoy la pregunta es si en México se podrá llegar, dada la densidad del tejido institucional desplegado en torno al caso, a una situación semejante.
Y es que en el expediente destaca la existencia de ocultamientos de información importante en las pesquisas oficiales: el seguimiento en tiempo real a los autobuses en que se trasladaban los normalistas por el C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, a través del que se coordinan las acciones de las corporaciones federales y estatales de seguridad y el Ejército); la presencia, durante los ataques a los normalistas, de elementos de la Policía Federal, la Policía Militar, el Ejército y la Inteligencia Militar; la existencia de un quinto autobús, de la línea Estrella Roja, “tomado” por los normalistas pero excluido de la escena de los hechos y de las investigaciones de la PGR; también la intervención por la Sedena de las comunicaciones en el lapso después del primer ataque a los estudiantes y durante el segundo ataque, a las que al GIEI no se dio acceso; la destrucción de grabaciones hechas por las cámaras de seguridad en las carreteras aledañas; la presencia de personal militar la noche misma de los trágicos acontecimientos en el hospital a donde los normalistas llevaron a sus heridos; la imposibilidad de entrar a las instalaciones del cuartel de la 27 Zona Militar y de entrevistar a los militares involucrados.
Pero sobre todo se ha mostrado como una gran mentira oficial lo que la PGR, en sus informes públicos del 7 de noviembre de 2014 y enero de 2015 presentó como una “verdad histórica”: que los muchachos fueron asesinados por el grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que los entregó la Policía Municipal de Iguala, sus cuerpos incinerados en una gran pira a cielo abierto, durante una noche lluviosa, en el basurero del municipio de Cocula, y los restos que quedaron lanzados en bolsas de plástico a un río. Los expertos, auxiliados por el perito en dinámica de fuego peruano José Torero, llegaron a la conclusión de que ese escenario, descrito en su momento por Murillo Karam, es física y científicamente imposible.
En conclusión, no hay aún evidencias de qué pasó realmente con los 43 jóvenes, a pesar de que la misma PGR presentó en su momento un hueso calcinado que en los peritajes sí fue identificado por científicos austriacos como perteneciente a uno de ellos.
Pero con su opacidad, es el propio gobierno federal, particularmente, la PGR, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, Cisen, y la Sedena, ha quedado involucrado, al menos en el nivel de complicidad con los crímenes de Iguala. ¿Por qué la PGR llegó a conclusiones tan absurdas, reñidas con la evidencia científica pero que en realidad intentaban dar por cerrado el expediente del paradero real de los normalistas? ¿Por qué la obcecación de la Sedena en no abrirse a las indagaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como del grupo de la CIDH? ¿Qué pasa con la información de inteligencia recabada por el Cisen en torno al caso a través de sus complejos sistemas de detección y espionaje? ¿De dónde obtuvo la PGR un hueso quemado que sí perteneció a uno de los secuestrados?
El GIEI ha expuesto una nueva hipótesis, no investigada hasta ahora. Todo el operativo policiaco (y acaso militar) del 26 de septiembre pudo tener como motivación principal el impedir que salieran de Iguala los autobuses “tomados” por los estudiantes para usarlos el 2 de octubre en una manifestación, particularmente el quinto, pues según información de la DEA de Chicago, el cártel Guerreros Unidos usa esos vehículos para transportar cargamentos de cocaína que llegan hasta esa ciudad del norte de los Estados Unidos y para traer el botín obtenido. Pero en la macabra operación no participaron sólo, ni principalmente, los miembros del grupo delincuencial, sin una logística suficiente, sino las policías municipal, ministerial y federal, e incluso elementos militares.
El narcotráfico y el escarmiento a los estudiantes podrían haber sido las causas de la brutal agresión de los policías municipales de Iguala y sus posibles acompañantes de otras corporaciones, y de la saña desplegada no sólo en el acto de la desaparición forzada de los 43, sino también en la brutal tortura, asesinato y exhibición del cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes.
De investigarse y confirmarse dicha hipótesis, afloraría la corrupción de los cuerpos policiales de élite y al de las propias fuerzas armadas y su vinculación con el trasiego de drogas al que supuestamente combaten. Pero no sólo eso: de las indagaciones del GIEI también se derivan las consecuencias de un régimen amoldado y habituado a la complicidad con las violaciones a los derechos humanos. En el caso de Iguala, aún las más altas esferas del poder político parecen apegarse a ese patrón de ocultamiento y aún de tergiversación de la información para evitar señalar responsabilidades.
Como se desprende de la presentación de un resto óseo verdadero por la PGR, los responsables de ésta saben con certeza dónde fueron a parar los 43 estudiantes desaparecidos, y probablemente muchos elementos más, claves para el esclarecimiento de las causas, el desarrollo y ocultamiento de los hechos.
No en balde las más importantes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han demandado al gobierno mexicano llevar ante la justicia a los funcionarios y ex funcionarios que condujeron la fallida investigación de Ayotzinapa. Un mínimo de congruencia con la nueva posición anunciada por Enrique Peña al dar instrucciones a “las dependencias” del gobierno mexicano de analizar y tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el GIEI —que, por su parte, la OEA de inmediato ha hecho suyas a través de su secretario general Luis Almagro en un significativo mensaje ante el Senado de la República—, indicaría que así debe ser. A la impunidad de los criminales —o de una parte de ellos— no debe sumarse la impunidad de sus encubridores.
El viraje dado al caso Ayotzinapa no se debe sólo a la dedicación y profesionalismo de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: Carlos Beristáin (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago y Alejandro Valencia (Colombia). Mucho debe también a la abnegada e inquebrantable decisión de los padres de los asesinados y desaparecidos ese 26-27 de septiembre, de sus compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos y de las numerosas redes de apoyo que en el país y en el extranjero se han formado para que este oprobioso caso no se olvide ni sea tratado con menosprecio o ignorado como tantas otras violaciones graves a los derechos humanos por las instancias encargadas de protegerlos. Nunca más, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.