Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el debate por Michoacán!
Nueva administración para nuevo gobierno
Viernes 11 de Septiembre de 2015
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La reforma de la administración pública es un tema bastante viejo en México y en Michoacán. Aún las áreas sustantivas del gobierno, como los instrumentos de la “fuerza legítima”, la recaudación de impuestos y la procuración e impartición de justicia son sometidas frecuentemente a las adecuaciones necesarias para elevar su eficiencia y eficacia ante circunstancias cambiantes.
La importancia de la administración pública deriva de dos aspectos principales. De una parte, la necesidad de todo gobierno de tomar decisiones y de que esas decisiones se cumplan. De otra, el gobierno debe tener capacidad para alcanzar las finalidades que son de interés para toda la sociedad.
El aparato administrativo permite, en consecuencia, que se tomen decisiones, que esas decisiones se cumplan y que cuanto se haga sea de beneficio público. En todo caso, habrá que considerar de qué tipo de decisiones se trata y a quién benefician, así como a la masa de trabajadores operativos que integran propiamente la administración y que con alguna regularidad se le denomina burocracia.
Cualquier modificación a la administración pública parte del supuesto de la racionalidad que permite mejorar el servicio que presta. No obstante, con mucha frecuencia los cambios que se introducen suponen que una decisión administrativa constituye en sí misma una solución de fondo a los problemas específicos que se presentan. En Michoacán hay muchos ejemplos, pudiéndose citar dos recientes que ahora tratan de corregirse.
El primero se refiere a los jóvenes, que representan las generaciones de relevo y cuyo tratamiento debe ser forzosamente integral, de acuerdo con el modelo social que se pretenda construir hacia el futuro. Ciertamente, una parte de la problemática de los jóvenes es su educación, como estricto adiestramiento laboral para el futuro, pero con eso está la formación de su estructura conceptual para entender el universo, el mundo, su país y su entorno inmediato. Están sus valores, lo que consideran importante, sus principios como código de su vida, donde entra la valoración de los suyos y de su patria. Todo eso y más, demandan los jóvenes. Lamentablemente, la respuesta fue crear una Secretaría de los Jóvenes, como la solución. ¿De qué? Todavía muchos se lo preguntan.
Lo mismo ocurrió con las mujeres. A su discriminación, desamparo, enormes desventajas económicas, sociales, educativas, familiares, víctimas de abusos y prejuicios, se respondió con la creación de una Secretaría de la Mujer, cuya existencia fue penosamente desconocida, por la mayor parte de las mujeres michoacanas, hundidas en el abandono y la desesperación.
Ahora, en días pasados, el Ejecutivo del estado turnó al Poder Legislativo la iniciativa que contiene importantes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, incluyendo la desaparición de las secretarías de los Jóvenes y de la Mujer para sustituirse por institutos especializados en la atención de estas áreas. Algunas otras modificaciones importantes, son la creación de las secretarías de la Contraloría, de Innovación, Ciencias y Desarrollo Tecnológico, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Transporte y Movilidad, a la vez que se fortalecen las atribuciones del área económica, turismo y salud, cambiándose el nombre a la Secretaría de Desarrollo Rural para que en lo sucesivo se llame Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, SUMA se llamaría Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, entre otras modificaciones.
También se crea la Coordinación General de Gabinete y Planeación dentro de la Oficina del Gobernador, en sustitución de la actual Coordinación para el Desarrollo, con un amplio poder centralizado para coordinar el gabinete legal y ampliado del Poder Ejecutivo, en tanto a la Secretaría de Gobierno le son asignadas funciones de gobernanza, equivalentes a la atención de problemas de coyuntura en el día a día gubernamental.
Sobre esta iniciativa podrían formularse distintas consideraciones. La primera consiste en que antes de saber qué hacer, se diseña el instrumento para hacer. Primero se diseña la administración antes de que se conozca lo que se propone hacer el gobierno, tanto en su programa de gobierno como en el Plan de Desarrollo para Michoacán.
En esta condiciones surge la duda sobre los contenidos concretos de trabajo que habrán de asignarse a las instancias creadas por la reforma administrativa. Pareciera que el criterio aplicado consiste en primero organizar y después definir qué hacer con esa organización.
En segundo lugar surge el problema de la correspondencia para los fines de complementariedad, entre las líneas de trabajo y los programas del gobierno federal con el gobierno estatal. Un caso específico anunciado por el presidente en su pasado Informe está relacionado con las Zonas Económicas Especiales. ¿Quién podrá actuar como contraparte michoacana? Tampoco hay en la iniciativa de reformas, alguna mención sobre las regiones, a pesar de la diversidad natural, cultural, económica y social de Michoacán. Una Secretaría de Desarrollo Regional y Local que coordinará los esfuerzos de los órdenes del gobierno, en función de proyectos estratégicos, continúa representando un vacío.
Sobre todo no hay en la iniciativa de reformas, los señalamientos con que la población puede participar en la toma de decisiones, su vigilancia y la evaluación de los resultados. La verdad absoluta no corresponde a los gobiernos, sino al conjunto de la sociedad como aproximación a una totalidad. Una administración democrática, con acuerdos con la población y con los sindicatos, cada quien sintiéndose sujeto y no objeto, sin duda sería más eficiente y más humana.
Por otra parte, ¿de veras los trabajadores de la administración pública se expresan con satisfacción y respeto de sus jefes y funcionarios? Ese conflicto es básico y debe eliminarse. Hace falta modestia que impida aquello de que “el jefe nunca se equivoca y si se equivoca vuelve a mandar”. Son aberraciones de persistencia injustificable. Básicamente, el futuro de la administración pública depende de los trabajadores, de los que saben y conocen. La democracia en la administración pública es posible, hacia adentro y hacia fuera.
Aparte están los costos de la administración pública, ante la exigencia ciudadana de su reducción, para ampliar las posibilidades, de invertir en proyectos de desarrollo y de servicios para elevar los niveles de bienestar. Existen quejas reiteradas sobre los costos elevados de la burocracia, pero se ha carecido de capacidad para encontrar en el diálogo, las soluciones adecuadas entre el gobierno empleador y el trabajador necesitado. Este es un asunto complejo que no puede resolverlo sólo el gobierno, como tampoco sólo los trabajadores. La negociación es indispensable y cuanto antes mejor.
En todo lo demás habrá que esperar la práctica como criterio de verdad.

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