Francisco Lemus
Visor
Las deudas del gobierno estatal
Jueves 1 de Octubre de 2015
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Con cuentas por pagar de corto plazo superiores a los ocho mil millones de pesos, el gobierno de Fausto Vallejo-Jesús Reyna-Fausto Vallejo-Salvador Jara se despide generando una gran incertidumbre entre los proveedores, más de uno ha de recordar las deudas que quedaron sin pagar tras el último cambio de gobierno.
La política de apoyar a los pequeños y medianos empresarios promoviendo que el gobierno estatal adquiriera sus insumos de ellos no luce tan positiva ahora. Michoacán es la entidad con el mayor adeudo con ocho mil 484 millones de pesos, notable diferencia con el segundo en la lista, que es Nuevo León, con cuatro mil 409 millones de pesos.
Estos datos presentados el lunes pasado por el periódico Reforma en su primera plana son un aviso del negro porvenir de los proveedores del gobierno estatal, y un deja vu de lo ocurrido casi cuatro años atrás, cuando las deudas dejadas por el gobierno de Leonel Godoy no fueron cubiertas por la nueva administración.
Hubo casos en los que se puso como condición a proveedores –seguramente pequeños, no grandes empresas– que si querían mantenerse en tal estatus debían olvidarse de las cuentas vencidas o, de lo contrario, mantener su exigencia de cobrar por los servicios prestados, pero entonces no obtener nuevos contratos.
Contraer deudas no necesariamente debe ser satanizado, un gran número de personas contraen deudas, como el pago a meses sin intereses, sin que eso necesariamente implique que esté firmando una sentencia de muerte. Muchas de las grandes obras de infraestructura jamás se hubieran llevado a cabo sin la ayuda del crédito.
El problema está en la pertinencia del uso de esa deuda, si en verdad es necesario endeudarse para llevar a cabo una obra determinada. El problema está en que las obras que suelen realizarse no son las más pertinentes, sino aquellas que pueden hacer más publicidad, o las que requieren quienes tienen más poder, no quienes más las necesitan.
Contraer deudas para tener una lona nueva en cada evento del gobierno estatal, como es la actual costumbre, así como todo lo relacionado con eventos protocolarios, en verdad requiere ser cuestionado. No se diga para gastos en papelería, tomando en consideración que cada cambio en la administración implica deshacerse de todo lo que tenga logotipos del gobierno previo.
Como forma de poner en marcha a la economía puede no ser tan malo estar renovando ese tipo de cosas, para los pequeños proveedores es un aliciente, si dejamos de lado el costo ambiental de toda esa basura; pero qué economía se está poniendo en marcha si es muy probable que esas deudas del gobierno jamás sean pagadas o no se paguen en tiempo y forma.
Esto lleva a otras perversiones, ya que la reducida confianza que tienen los proveedores en el gobierno estatal hará que cobren más caro o que su trabajo sea deficiente, aunque parece que el gobierno no suele poner normas con respecto a ese tema llamado calidad. Finalmente, quien paga ese costo es la sociedad, ya sea por precios más altos o malos servicios o productos.

Sobre el autor
Francisco Javier Lemus Yáñez Es doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma universidad, y Licenciado en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En 2010 inició sus labores como reportero de economía en Cambio de Michoacán, desde 2011 colabora con el segmento Visor en el cual trata temas de economía, política y sociedad. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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