Columba Arias Solís
Reforma frustrada
Viernes 2 de Octubre de 2015
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Todas las leyes, como cuerpos normativos que rigen determinados ámbitos de la sociedad, deben recoger en sus disposiciones los cambios que aquella va presentando a lo largo del tiempo. Actualización, evolución y modernización son vocablos que van de la mano con las reformas a las diferentes normas.
Actualizar las normas jurídicas resulta indispensable si no se quiere quedar atrás en el desarrollo del derecho o entorpecer la aplicación de éste en perjuicio de la sociedad.
La función notarial en nuestro país se encuentra bajo la potestad del titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, quien está facultado por la respectiva ley para autorizar a los profesionales del derecho previo a haber reunido los requisitos respectivos para ejercerla.
En el estado de Michoacán, el artículo 1° de la Ley del Notariado establece que el notariado es una función de orden público y su ejercicio se encargará a los notarios públicos, regulando esta función en sus apartados del 34 al 86.
Por su puesto, la función notarial no debe ser ajena a las transformaciones sociales, a las demandas de la ciudadanía, y por ende, constantemente ha de revisarse y actualizarse en beneficio de la población.
Sin embargo, en el estado de Michoacán ha sido complicado lograr las indispensables actualizaciones al marco jurídico que rige la función notarial, apenas durante los últimos 30 años se han logrado un par de reformas que tienen que ver con el uso del protocolo abierto y el aviso preventivo ante el Registro Público de la Propiedad.
Durante los últimos quince años se emprendieron diversos proyectos para modernizar la Ley del Notariado de nuestra entidad, proyectos que por distintas circunstancias se frustraron y han pasado varias legislaturas y gobernantes sin que surja una nueva ley que integre todos los cambios, los avances que otras legislaciones en todo el país los diputados han considerado necesario incluir.
Hace un par de años, la diputada Bertha Ligia López, integrante de la pasada LXXII Legislatura local, luego de escuchar los planteamientos de diversos grupos de notarios de nuestra entidad, inició con el concurso de estos, a trabajar en el desarrollo de un proyecto que incluyera las propuestas del cuerpo notarial, en aras de mejorar la profesionalización de los fedatarios, la certeza y legalidad que la actuación de éstos brindan a la sociedad, buscando mejorar los perfiles de los abogados que ingresen a desempeñar la función notarial.
En ese contexto, luego de lograr los consensos con distintas fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados, con las comisiones correspondientes, el pasado 22 de agosto, por fin se aprobó por mayoría del pleno, la minuta que contenía la reforma a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, en lo relativo a la inclusión como requisitos indispensables para aspirar a obtener la patente de notario la experiencia en materia notarial, así como el examen de oposición correspondiente; además, la inclusión en la ley de la actualización constante de conocimientos con miras a su certificación.
Cabe señalar que las reformas anteriores, de un gran significado y avance para el notariado michoacano, en legislaciones como la del Distrito Federal se encuentran contenidas desde hace más de 50 años, y en otros estados del país han sido incluidas en prácticamente todas las normas que regulan la función notarial.
Cuando se pensaba que por fin en Michoacán se había dado un gran avance con la reforma citada, y no obstante la palabra de quien es ya ex titular del Ejecutivo, en el sentido de estar de acuerdo con la minuta de reforma y del compromiso de respetar el trabajo legislativo sobre la misma, y pese al obsequio de 20 días para su publicación, mediante una burda chicanada coordinada entre la Mesa Directiva de la Cámara que ya concluyó y el propio ex Ejecutivo, la minuta de reforma se envió con demora y se regresó a la Cámara de Diputados con las observaciones de aquel, el 14 de septiembre, exactamente a la hora en que habían concluido las labores de la Cáªmara que aprobara la reforma y la nueva Legislatura no protestaba aún.
Se frustró la reforma a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán gracias a que el ex titular del Ejecutivo privilegió sus muy particulares intereses por encima de los de los michoacanos que se verían beneficiados con la inclusión en la ley de requisitos que incidirían en la mayor profesionalización de la función notarial. Intereses del ex gobernador que estuvieron disimulándose pero que hoy están a la vista de todas y todos los michoacanos. ¿Cuánto más habrá que esperar para que la legislación notarial michoacana quede homologada con las demás leyes del país? Las y los diputados de la actual Legislatura tienen la palabra, ojalá pese en ellos el interés por el beneficio ciudadano que el ex gobernador no tuvo.

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