Carlos Enrique Tapia
Migración México-EU
La otra crisis
Miércoles 14 de Octubre de 2015
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Solemos suponer que las crisis económicas, por sus efectos generalizados en los mercados, las empresas, el consumo, el bienestar, deberían importarnos más como ciudadanos. Los otros aspectos de la vida cotidiana parecen accesorios. Al menos mediáticamente no se les pone en el centro de las preocupaciones y los asuntos urgentes.
En años pasados, la ONU, diversas ONG y cientos, quizá miles de mexicanos que se han organizado ante la ola de desaparecidos, feminicidios, desplazados, han llamado la atención sobre la configuración de escenarios y patrones sistemáticos que implican violaciones graves a los derechos humanos en México. Ayotzinapa no es un caso extraordinario o aislado.
La otra crisis, la que los discursos desdeñan, ocultan o ponen en un plano ínfimo, ya no es un llamado de atención. La CIDH, a pesar de las sonrisas amables y las airadas respuestas, la ha puesto en los reflectores. México vive actualmente una profunda y despiadada crisis de los derechos humanos, la cual no se resuelve con la recuperación económica.
Impunidad, complicidad, corrupción, van de la mano del incremento de la inseguridad y la violación de los derechos humanos. En su informe preliminar, la CIDH asienta que existe un preocupante patrón, probablemente configurado en los últimos quince años que apunta a acciones sistemáticas: desapariciones, asesinatos extrajudiciales, abusos policíaco-militares.
A pesar de la precipitada y airada respuesta del gobierno mexicano, en voz de un funcionario encargado de los derechos humanos, quien negó una situación generalizada, descalificó el trabajo de la CIDH, que documentó hechos de seis entidades del país, aduciendo que cualquier caso es aislado y extraordinario, la violación de los derechos humanos es innegable.
La descalificación gubernamental únicamente abona a la impunidad y complicidad. Ayotzinapa no es un caso aislado, su actualidad resume años, décadas de abusos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Entre el movimiento estudiantil del 68 y Ayotzinapa hay un patrón de violaciones a los derechos humanos.
El supuesto nacionalismo del encargado de las Fuerzas Armadas, aplaudidos por algunos, no justifica el encubrimiento y complicidad del Estado mexicano en situaciones graves. La airada defensa no abona a una sociedad democrática y abierta, donde las diferentes materias y áreas gubernamentales deben ser sujetas de crítica y cuestionamiento.
Someter al escrutinio ciudadano conductas individuales y colectivas del gobierno, no socava las instituciones, excepto que se suponga que las estructuras institucionales y burocráticas están fuera de las normas a las que todos los mexicanos están sujetas. Violentar los derechos humanos no es un asunto excepcional y que no deba ser cuestionado.
El Estado mexicano, los gobiernos de los tres niveles, autoridades e instituciones, no son parte de ninguna excepcionalidad. Además de los compromisos internacionales que ha asumido el gobierno mexicano, el camino a una sociedad democrática y abierta se funda también en el respeto a los derechos humanos. La crisis es parte de las otras crisis.
Las crisis económicas, con sus aparentes recuperaciones cíclicas, desnudan la crisis de los derechos humanos. La inseguridad profundiza esta crisis pero la complicidad, la impunidad y la corrupción le ofrecen vías para su permanencia y extensión. El patrón sistemático que se ha configurado es parte de un proceso en el que convergen diversas tendencias.
Obviedades. 1. Pactitis. La mercadotecnia perredista va por un pacto; es decir, las élites políticas y económicas en Michoacán acuerden repartir el pastel. Los ciudadanos recordarán que el último pacto firmado por el PRD sirvió para legalizar la depredación y expropiación de los recursos naturales, además de otorgarles a las transnacionales innumerables privilegios. 2. Afirma el independiente presidente municipal de Morelia que se revirtió la construcción de un puente que supuestamente evitaría el molesto trayecto del tren en Periférico Independencia porque la empresa Kansas City Southern, propietaria de un ferrocarril que le fue vendido a precio de ganga por el ex presidente Ernesto Zedillo, de cuya empresa es ahora consejero, impuso la condición de poner una barda a nivel del piso para aportar dinero para su construcción. 3. Agenda de seguridad del “nuevo comienzo”: Miles de efectivos policiaco-militares, detención de presuntos implicados con el crimen organizado, balas contra prevención, análisis y una estrategia nada diferente contra el crimen organizado. La política de Enrique Peña Nieto-Felipe Calderón aterrizando con fuerza de nuevo en Michoacán. 4. TTP-ATP. El acuerdo celebrado por el presidente Obama, defendido por un México subordinado a las estrategias comerciales de Estados Unidos y las transnacionales, contradice el libre comercio y la innovación, pues restringiría el comercio en un área geográfica muy importante. Pretende regular el comercio según los intereses de industrias específicas, sistemas de arbitraje que afectarían a las comunidades si las transnacionales presumen que las normativas nacionales disminuyen la rentabilidad esperada, ampliar los derechos de propiedad intelectual de la industria farmacéutica transnacional, al limitar la competencia, innovación y elevar los precios, y ratifica la subordinación mexicana en un acuerdo entre desiguales. 5. Ricardo Anaya, presidente del PAN, impone la línea del represor y déspota de Puebla, Moreno Valle, suponiendo que la mano dura le sumará votos. 6. El ofrecimiento del gobierno de Silvano Aureoles de más dinero público al CRIT, un organismo privado de caridad pública, es la acción típica de cualquier gobierno neoliberal de derecha. Si el sistema de salud pública está siendo desmantelado, mejor dárselo a la IP-Televisa, pues de nada serviría a hospitales y servicios públicos de salud, cuyos sindicatos están al servicio de los trabajadores, no de la IP. 7. A la cancelación del puente que privilegia al ferrocarril, siguió una andanada de reproches contra el independiente presidente municipal, sin conceder que los ciudadanos morelianos tienen derecho a una vida urbana que no esté constantemente amenazada por un ferrocarril, cuyos propietarios, con la connivencia y complicidad de los gobiernos estatal y municipal, ha impuesto sus reglas. Quienes defienden al tren, aduciendo que en otros países la convivencia tren-ciudadanos es excepcional, mienten al aplicar sus ilustrados viajes a una ciudad en caos como Morelia. 8. La denuncia de Carmen Aristegui ante la CIDH incluye la denegación de justicia por el Estado mexicano y la censura por un juez, a lo que agregamos la violación a nuestros derechos ciudadanos resguardados por la Constitución. 9. Enrique Peña Nieto festina la creación de un millón 614 mil empleos en lo que va de su administración, pero en tres años ni siquiera ha alcanzado la cifra o la mitad de la misma que según los indicadores demográficos y de la PEA se requieren realmente: dos millones anuales, es decir, para alegrarnos debían haberse creado seis millones. Y si revisamos la calidad de los empleos, sean permanentes o eventuales, persiste y se profundiza la precariedad. 10. Lectores de noticias, locutores, editorialistas, defienden al ferrocarril que trastoca la vida ciudadana en Morelia, ignorando que Kansas City Southern únicamente busca imponer su paso, sin ninguna regulación, sin respeto a los morelianos; se suman al dicho priista de la “supuesta sana convivencia” con un tren que durante años ha ignorado la calidad de vida de los morelianos que habitan más allá de la debacle urbana de la Loma de Santa María y más allá.

Sobre el autor
Antropólogo social, doctor en Historia. Colabora en Cambio de Michoacán desde 1996, con una breve interrupción en 2001-2003. Se especializa en estudios migratorios, en particular la historia y problemática actual de la migración México-Estados Unidos, Michoacán-Estados Unidos, y problemas relacionados con políticas públicas, desarrollo socioeconómico, tendencias políticas y partidistas, participación ciudadana. Por ello dedica también sus columnas a entender y analizar el rumbo social, económico, político y cultural de Michoacán y México en general, desde una perspectiva crítica y ciudadana.
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