Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Derechos humanos
Miércoles 4 de Noviembre de 2015
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La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 tiene como propósito asegurar la vigencia de los derechos humanos, es decir que estos se cumplan en beneficio de su día a día de las personas, para lo cual se considera necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno y la población en general, pero sobre todos los miembros integrantes de los grupos vulnerables, conozcan y comprendan el alcance de su contenido y los beneficios de su aplicación; la ausencia de su conocimiento o la falta de su demanda no permite que la población sea beneficiada íntegramente.
El planteamiento de implementar la reforma constitucional está basado en un instrumento de política pública publicado en 2014, sí, me refiero al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014- 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014 y fue presentado por el presidente de la República el 25 de junio, como el instrumento rector en la materia que tiene como fin tres posicionamientos: consolidar la política de Estado de derechos humanos, contribuir a los logros del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Michoacán no cuenta con un instrumento de política pública, un programa estatal de derechos humanos desde el gobierno del estado que permita avanzar en materia de derechos humanos, no obstante se cuenta con el órgano autónomo de derechos humanos y la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, quienes han venido atendiendo por mandato de ley las acciones de protección y defensa de los derechos humanos.
Para la implementación de la reforma constitucional de 2011 es fundamental trabajar en distintos escenarios que permitan ir avanzando en la cultura de la legalidad: la capacitación de todos los servidores públicos, la difusión social de sus contenidos y la armonización de la normatividad administrativa con los principios de derechos humanos, todo ello en el marco de coordinación con los poderes y órdenes de gobierno y del fomento a la participación social en el proceso mismo de información y formación.
Para hacer efectivo el respeto de los derechos humanos es fundamental que en la sociedad se acorte la distancia entre el discurso político y la concreción práctica de los estándares nacionales e internacionales (sistema universal y sistema interamericano) de derechos humanos; las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas requieren de una mayor participación en la construcción de las políticas públicas para el fortalecimiento de la difusión, protección y garantía de los derechos humanos y de su instrumentación que les permita igualmente la evaluación y el seguimiento.
La impunidad y la corrupción son males que aún nos aquejan como sociedad, en dichas prácticas están implícitos actos violatorios de los derechos humanos; por ello, la demanda generalizada de la sociedad civil ha sido la adopción e instrumentación de sanciones fuertes contra quienes incurran en violaciones a derechos humanos; por otro lado, también se observa que existen servidores públicos que desconocen cuál es el alcance que su función pública tiene en el goce y respeto de los derechos humanos, con lo que en ocasiones se observan actos de obstaculización o incluso violar un derecho.
Podríamos sumar igualmente el hecho de que la normatividad vigente de las responsabilidades de servidores públicos no tiene un enfoque de derechos humanos, cultura de la igualdad y no discriminación y de equidad con perspectiva de género, esto es un enfoque diferenciado en la atención a la población y por otro lado las obligaciones sobre su respeto a los derechos humanos no se contemplan en los códigos los cuales igualmente tendrían que ser reformados con otra filosofía y redefinición del concepto de servidor público.
Más aún, la población no ve avances cuando pese a que algunos servidores públicos son sancionados por su actitud violatoria de los derechos humanos, estos continúan al servicio de su función pública.
Por otro lado, parte de las obligaciones del Estado mexicano son la prevención y garantía de los derechos humanos; pese a ello existe una percepción de la población de que la misma continúa siendo de manera insuficiente; hoy se generan violaciones a los derechos humanos que la población demanda una efectiva protección de los mismos a través de los instrumentos de exigibilidad y “justiciabilidad”, de la reparación del daño y atención a las víctimas (asesoría jurídica, médica, psicológica, entre otras en su contacto inmediato).
Por otro lado, es importante precisar que contamos con nuevos instrumentos de exigibilidad y “justiciabilidad” de los derechos humanos, en la práctica se percibe que funcionan de manera aislada. Además, no existe una difusión efectiva de dichos instrumentos, así como de una evaluación integral.
Termino diciendo que uno de los retos y demandas de la sociedad civil es la aplicación de sanciones contra quienes incurran en violaciones a derechos humanos como una medida que las inhiba y no se repitan.

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