Columba Arias Solís
Nombramientos en la Suprema Corte
Viernes 6 de Noviembre de 2015
A- A A+

El próximo 30 de noviembre, los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza concluirán sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de nueva cuenta hay una agitación de las aguas que pretenden llevar a sus molinos los grupos políticos cercanos al Ejecutivo, luego de la experiencia que a penas a principios de año dejó la designación como ministro del ex jefe policiaco Medina Mora, lo que –para muchas voces– evidenció el sometimiento del Senado a la voluntad presidencial y la prevalencia de las cuotas partidistas que han alcanzado al máximo Tribunal.
Según lo establece el artículo 96 constitucional, es facultad del presidente de la República someter una terna de aspirantes a ministros a consideración del Senado, mismo que previa comparecencia de los propuestos hará la designación, a través del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, dentro del plazo improrrogable de 30 días. De no hacerlo en ese término, el cargo será ocupado por la persona que de esa terna decida el presidente.
En el caso de que el Senado rechace toda la terna, el presidente enviará otra, y si esta segunda es rechazada, ocupará el cargo de ministro la persona que designe el presidente de entre los participantes de dicha terna. Es decir que por donde quiera que se le mire, es determinación del titular del Ejecutivo la designación de ministros de la Suprema Corte, en tanto que al Senado sólo le toca un procedimiento simulado.
Mucho tendrá que caminarse todavía para lograr un procedimiento independiente de designación de ministros, un procedimiento alejado del predominio presidencial en la nominación de los aspirantes a la máxima judicatura, que garantice en consecuencia la independencia y autonomía de la Corte. Como señala Miguel Carbonell: “Allí donde no existe un sistema judicial independiente será muy difícil poder mantener que se trata de un Estado en el que los derechos de los ciudadanos están a salvo y donde la división de poderes tiene algún significado más allá de la retórica que suele acompañarlos”. Por ende, “jueces y tribunales deben funcionar de tal modo que generen confianza en los usuarios de los servicios de justicia”, puesto que “ en periodos de gran desconfianza hacia el Poder Judicial, los ciudadanos de algunos países de América Latina han desistido masivamente de ir a los tribunales para buscar las soluciones de sus problemas”.*
Hace unos días, el pasado 14 de octubre, por primera vez la SCJN aprobó revisar si es posible impugnar el nombramiento de algún miembro de la misma, al atraer un recurso que impugna la constitucionalidad del nombramiento de uno de sus ministros, recurso promovido por ex funcionarios de la PGR que fueron dados de baja cuando el ministro impugnado, Eduardo Medina Mora, era titular de dicha dependencia, los cuales, a través de un amparo, recurrieron su inclusión en la terna para ministro señalando “el inadecuado perfil, la fama, la residencia y el proceso de selección de Medina Mora”; sin embargo, en aquel tiempo el juez lo desecha por considerarlo improcedente, por lo que los quejosos inconformes con la decisión impugnan que ni siquiera se hubiera admitido a trámite su demanda.
La Segunda Sala de la Corte atrae el caso considerando que por su relevancia y trascendencia permitirá interpretar diversos preceptos constitucionales, por lo que debería analizarse, y es que los recurrentes alegan que la designación de ministros no es discrecional ni soberana para el Senado ni para el Ejecutivo federal, ya que constituye una garantía judicial del gobernado prevista en el artículo 17 constitucional. Empero, no se trata de revisar si estuvo correcto o no el nombramiento de Medina Mora, únicamente la revisión versará sobre la posibilidad de impugnar el proceso, para, si se acuerda afirmativamente, enviar el caso al Juzgado que negó su admisión, quien deberá entonces resolver si el nombramiento fue legal. Pasarán varios meses antes de que se realice dicha revisión, no obstante, esa determinación es ya un importante precedente en la historia de la Suprema Corte.
Medina Mora fue elegido ministro de la Corte por el Senado de la República, con una oposición de diversos sectores del país como nunca había sucedido en los procesos de designación en la Corte, más de 20 mil firmas fueron entregadas a la Cámara Alta solicitando que no fuera designado, cosa que por supuesto no tuvo efecto y el 17 de marzo Medina Mora rindió protesta como flamante ministro.
A raíz de esa última y cuestionada designación empiezan a resonar muchas voces que demandan al Senado reencauzar su función en el proceso del nombramiento de los dos ministros que tendrán que elegirse próximamente. Desde los primeros días de octubre diversos grupos y ciudadanos en general han estado recabando firmas para solicitar tanto al Senado como al presidente que en los próximos nombramientos no se incluyan a militantes de los partidos políticos ni tampoco a sus “cuates”.
La petición al presidente exige la inclusión en las ternas a candidatos que sean portadores –además de las dotes de jurista– de otros valores que son indeclinables en el actuar de los máximos jueces del país: honestidad, probidad, capacidad, independencia y la determinación de hacer valer el ordenamiento constitucional, frente y pese a todos, incluyendo la voluntad presidencial.


*Carbonell, Enrique, “El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia: una propuesta de reforma”, en www.biblio.juridicas.unam.mx.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada