El asunto de la semana ha puesto a debate del salario mínimo en dos sentidos: en el aumento al mismo y su desindexación, y como está demostrado, los salarios en México son los más bajos del mundo, en especial por lo menos en los últimos diez años, en que los salarios mínimos han perdido un 70 por ciento de su poder adquisitivo.
Ahora este nivel salarial está por debajo de la línea de bienestar de acuerdo con el Consejo para la Evaluación de la Política Social (Coneval), lo que significa que no alcanza para comprar los bienes necesarios para una familia.
En el país, el 35 por ciento de la Población Económicamente Activa u ocupada percibe entre uno y dos salarios mínimos que resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de una familia de cuatro integrantes en promedio.
El artículo 123 constitucional de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario mínimo tiene que satisfacer las necesidades materiales y recreativas del trabajador y su familia.
Uno de los argumentos de por qué no se aumentan los salarios mínimos en el país consiste en que resultaba una política inflacionaria porque el salario mínimo desde 1977 fue utilizado como unidad de cuenta para el cobro de multas y recargos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Además, los créditos a los trabajadores sobre las viviendas estaban indexados a los salarios mínimos y muchos de los precios de los bienes públicos se pactaban en salarios mínimos, incluyendo los impuestos.
Por iniciativa del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera y su secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la desindexación del salario mínimo y posteriormente el Senado de la República ha hecho lo mismo con la finalidad de iniciar una política gradual de recuperación salarial sin que resulte inflacionaria.
Ante un entorno internacional adverso en términos financieros y económicos donde el sector externo está en proceso de desaceleración, para el gobierno federal no queda otra alternativa que buscar mecanismos de reactivación del mercado interno.
Sin embargo, en el supuesto de una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, y a su vez dando por hecho un aumento de la productividad laboral, los salarios nunca alcanzaran aumentar a la velocidad, por lo menos de los niveles inflacionarios.
El salario es el precio del trabajo y constituye una variable fundamental de la economía, sin embargo los salarios siempre crecen por debajo de las tasas de ganancia del capital, de lo contrario, las empresas perderían ingresos.
En términos marxistas, el salario es sólo el precio del valor de la fuerza o capacidad productiva del trabajador que en una jornada laboral de ocho horas, sólo en cuatro horas de trabajo productivo el trabajador produce el valor del salario y las otras cuatro horas son un plustrabajo, el cual se apropia el empresario o capitalista.
Así pues, en el capitalismo, el trabajador únicamente cuenta con su fuerza de trabajo y a su vez no tiene ningún medio de producción, es decir, maquinaria, herramientas y materia prima para elaborar alguna mercancía y poderla vender en el mercado, por lo tanto no le queda más remedio que vender su fuerza de trabajo bajo la apariencia de trabajo al empresario o capitalista para poder sobrevivir.
El empresario o capitalista, en términos formales, arriesga su dinero convertido en capital a través de la compra de maquinaria y equipo de herramientas para producir mercancías y a su vez contratar trabajadores a los cuales se les paga un salario supuestamente por su trabajo, pero en realidad lo que compra es fuerza de trabajo que en el proceso productivo, dentro de una jornada de ocho horas, se convierte en trabajo necesario y excedente, el primero es el pago del valor de la fuerza de trabajo del trabajador y el segundo es el plustrabajo que se apropia el empresario o capitalista, de esta manera se consuma la relación social de explotación capitalista, fuente de todas las ganancias.
De esta forma cualquier manera de incremento de los salarios mínimos no anula la relación del explotación del trabajo asalariado, aunque existan mecanismos compensatorios para que no únicamente el salario en sí mismo aumente, sino también las prestaciones sociales que a lo largo de muchas luchas sindicales han logrado los trabajadores conquistar.
Por lo pronto, estos cambios en la legislación y la homologación del salario mínimo si bien resultan en apariencia un beneficio para la clase trabajadora, en los hechos no anula en el mediano y en el largo plazo la explotación del capital sobre el trabajo, porque al final de cuentas lo único que importa para el empresario o capitalista es incrementar su capital a costa de los salarios.
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