Ramón Guzmán Ramos
Evaluación con policías y leyes a conveniencia
Sábado 28 de Noviembre de 2015
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Uno de los argumentos que de manera reiterada ha esgrimido el secretario de Educación para justificar sus amenazas y los operativos policiacos que ha ordenado contra los maestros es que se trata de hacer respetar la ley. En un país donde el gobierno es el primero en hacer a un lado las leyes para imponer sus decisiones arbitrarias, invocar la norma desde una posición oficial no puede sino caer en la incongruencia. Una de las causas más severas de la actual crisis de legalidad que padecemos es, en efecto, la violación del orden jurídico que nos rige. Lo primero que uno se preguntaría es por qué el gobierno no muestra este mismo celo en los otros pendientes que hay. Es abrumador el número de agujeros oscuros que tenemos en el país por donde la ley ni siquiera se asoma. Esta lógica sencilla nos haría deducir que la desproporcionada movilización policiaca con que Aurelio Nuño Mayer acompaña sus advertencias tiene en realidad un propósito distinto al expresado públicamente.
El Estado ha convertido a la ley en una herramienta que se puede usar a discreción para beneficio o perjuicio de quién se quiera dirigir. La Ley de Servicio Profesional Docente, por ejemplo, se hizo para crear controles administrativos directos y más severos sobre los maestros y el enfoque que usan en los procesos de formación de sus alumnos, y también para cambiar radicalmente el esquema de contratación y situación laboral que tenían. Es una ley que elimina el Contrato Colectivo del Trabajo y permite su despido sin la posibilidad de apelación alguna, borrando derechos constitucionales como el de la seguridad y estabilidad en el empleo, la antigüedad y el escalafón. La autoridad ha dicho una y otra vez –algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó– que el derecho de los maestros no puede estar por encima del derecho de los niños a una educación de calidad. Como si fueran derechos excluyentes. Como si no existiera una opción distinta, otras formas de evaluar que pudieran conciliar ambos derechos de una manera armónica: el de los niños y el de los docentes. Una ley de este tipo contradice el espíritu original de la Constitución porque es violatoria de derechos primordiales y no va dirigida realmente al fin que dice perseguir, sin mencionar el conflicto social de grandes proporciones que ha generado.
Hacer leyes debería tener como fundamento el bienestar y la armonía de la sociedad pero en México los legisladores han pervertido esta función. Se han dedicado a crear nuevas leyes o a echar abajo las que apenas ayer aprobaron según los intereses que persigan y la línea que les “tiren” desde instancias superiores. En estos días, por ejemplo, se plantean volver a reformar la Ley Electoral para que uno de los aspirantes a la Presidencia de la República ya no aparezca en promocionales de radio y televisión. Algunas encuestas han mostrado que las preferencias ciudadanas favorecen a quien acaba de ser nombrado presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de manera que hay que hacer una ley para enviarlo de regreso a las sombras. Otro ejemplo es el de la contratación de publicidad política en los medios. La televisión y la radio se quedaban con una gran parte de los dineros públicos que los partidos y sus candidatos invertían en difusión. Esto quedó prohibido. Pero seguramente que los consorcios televisivos presionaron para que tal impedimento se echara abajo. Los dueños de los grandes medios de comunicación electrónicos no tienen necesidad de tomar las calles para que los diputados y senadores acaten su demanda y echen abajo una ley que los perjudica.
La Ley de Desarrollo Profesional Docente, sin embargo –una ley que ha sido hecha para despojar a los maestros de sus derechos laborales, que no contiene una propuesta concreta para la construcción de un nuevo modelo pedagógico–, no tiene posibilidades de ser revisada y, eventualmente, derogada por los legisladores. Ellos no están para escuchar y atender las demandas que en este sentido piden los sectores de la sociedad que resultan afectados. Ya no digamos para condenar ese despliegue desproporcionado de la fuerza pública que el secretario de Educación ordena y despliega cada vez que quiere hacerla cumplir. El Congreso de la Unión tendría que llamar a cuentas a Aurelio Nuño por instaurar un estado policiaco en las entidades donde la evaluación punitiva es rechazada.
Ya se vio, sin embargo, que el despliegue de miles de policías federales que el titular de la SEP utiliza para levantar fortalezas y cercar las sedes no ha echado abajo el ánimo y la decisión de los maestros de no cejar en su lucha, ni siquiera la acción directa para reprimirlos con violencia irracional. En estados como Veracruz, Durango, Sonora, Chihuahua, por mencionar algunos, donde no existía un movimiento organizado como los que integra la CNTE, los docentes se organizaron por su cuenta y acudieron a las sedes a manifestar su inconformidad. Ni siquiera los grupos parapoliciacos que se unieron a la golpiza los disuadieron. El movimiento de rechazo a la evaluación para el despido tiene ahora un nuevo impulso a nivel nacional. Surge donde antes no existía y se extiende desafiando a la mano de hierro de Aurelio Nuño. En Michoacán las expectativas del gobierno se desplomaron en esta evaluación. De un universo original de alrededor de seis mil profesores enlistados para evaluarse, sólo una tercera parte, según datos oficiales, terminó por presentarse a las sedes. Hay que destacar el hecho de que muchos docentes fueron sacados de sus domicilios y transportados en medio de operativos policíacos que denigran la dignidad de cualquiera. Seguramente que un buen número de los que se evaluaron pertenecen a la fracción institucional del SNTE, cuya dirigencia nacional, encabezada por Juan Díaz de la Torre, discípulo renegado de Elba Esther Gordillo, ha decidido entregar en bandeja de plata al sindicato. Con tal despliegue de fuerzas el gobierno tendría que haberse apuntado un triunfo total. Pero a pesar de esa campaña generalizada de intimidación, la mayoría de los mentores decidió mantenerse en la lucha.
Sigue en la lista Oaxaca, a donde el secretario de Educación desplegará, según ha expresado él mismo, diez mil policías federales sumados a los que se encuentran en la entidad. Luego Guerrero y Chiapas. Los maestros se han convertido en el enemigo público número uno del gobierno. O aceptan la evaluación o quedan despedidos. ¿No que no es punitiva? Y si se resisten organizadamente y recurren a la desobediencia civil, entonces les echan encima a las fuerzas del Estado. De pronto todos se han unido en contra de los mentores: no sólo el secretario de Educación, que amenaza con su espada en alto cada vez que aparece en público, sino los diputados y los senadores, los partidos políticos, los gobernadores de las entidades donde tiene lugar la evaluación, la mayoría de los medios de comunicación, los grandes empresarios. Y el único delito que los docentes han cometido es exigir que se derogue la mal llamada Reforma Educativa y el gobierno abra las puertas al diálogo; que se les tome en cuenta para construir la reforma que la educación y el país realmente necesitan.

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