El Quijote
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Purépechas y nahuas, focos rojos
Lunes 7 de Diciembre de 2015
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Aquila y Nahuatzen, dos municipios con una población preponderantemente indígena, se han convertido en los semáforos rojos de la gobernabilidad.
Aquila, con abundantes recursos minerales que en el pasado reciente fueron el filón del que el grupo delincuencial que dominaba en Michoacán, Los Caballeros Templarios, obtuvo mayor provecho al controlar la extracción, el transporte y el contrabando de mineral de hierro en la que se considera la región más rica de América Latina en ese recurso.
Una de las primeras reacciones contra el dominio criminal brotó en Aquila, expresada en los grupos de autodefensa que surgieron en esa zona desde 2009. En la era Vallejo-Reyna se intentó desarmar a los indígenas, en agosto de 2013, Marco Vinicio Aguilera, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezó un operativo mediante el cual se detuvo a más de 100 indígenas; sin embargo, la resistencia de los pobladores continuó.
Con la llegada del comisionado Alfredo Castillo fueron vanos los intentos por que los autodefensas de Aquila aceptaran el desarme, integraron una policía comunitaria liderada por Cemeí Verdía, productor de papaya que en Ostula enfrentó a Los Templarios sobreviviendo a varios enfrentamientos, pero siguieron negándose a dejar las armas.
Verdía fue detenido el 19 de julio de este año en medio de un fuerte operativo del Ejército y la Marina. La captura se dio en medio de un enfrentamiento con la población que arrojó la muerte de un menor. Procesado por delitos federales, Cemeí fue declarado absuelto diez días después, sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado le tenía reservadas dos causas más, una por el supuesto robo de de alambre de púas y otra por homicidio calificado, pues repelió una emboscada en la que pretendían asesinarlo, por lo que fue reaprendido y remitido al Cereso de Mil Cumbres de Morelia. La captura de Cemeí tensó a la región, han sido frecuentes los bloqueos carreteros en demanda de su liberación.
Nahuatzen, otro municipio indígena, éste con población purépecha, también vive un conflicto. Los habitantes de la cabecera municipal expulsaron al alcalde Miguel Prado Morales y al director de Seguridad Pública, Silviano Murguía González. Existe una vieja rivalidad entre los habitantes de la cabecera con los de Sevina y Arantepakua, comunidades pertenecientes al mismo municipio; antes de que el nuevo Ayuntamiento tomara posesión esas diferencias llevaron a enfrentamientos en los que los de la cabecera prendieron fuego a dos patrullas que tenían retenidas.
Prado, originario de Arantepakua, ganó por los votos de las tenencias y el conflicto escaló. El gobierno municipal pudo rendir protesta pero no gobernar, no pudo calentar el asiento cuando se enteró de que habían designado a un Consejo Ciudadano e instalado barricadas. A principios de octubre, miembros del Cabildo y policías municipales fueron retenidos, otra patrulla más fue quemada y la fuerza pública estatal tuvo que retroceder Ahora Prado despacha en la clandestinidad y de poco han servido el espaldarazo que le diera el gobernador Silvano Aureoles y los intentos de conciliar a las partes desplegados por la Secretaría de Gobierno. Al alcalde, para justificar su movimiento, los inconformes que mantienen tomada la sede del poder municipal lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado y al director de la Policía de “cobrar piso”. El conflicto permanece en punto muerto; mientras, el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, a quien le ha tocado el papel de bombero apaga-fuegos, ha logrado restablecer el diálogo con los inconformes y logrado la reapertura de servicios básicos que presta el gobierno del estado en Nahuatzen, como el Registro Civil y la Administración de Rentas.

Caso Mireles

Ni el ex gobernador Fausto Vallejo, ni el ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, ni el procurador José Martín Godoy Castro acataron la orden del juez Quinto de Distrito, con cabecera en Uruapan, José Armando Wong Aceituno, de presentarse a declarar como testigos en el proceso que se sigue al doctor José Manuel Mireles Valverde por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Fausto argumentó que atraviesa por problemas de salud; Castillo, a través de un subalterno, hizo llegar una carta en la que solicitó al juez rendir su declaración por escrito, y de parte del procurador Godoy no hubo explicación convincente, simplemente hizo tiempo para cumplir con el mandato judicial.
El único testigo que compareció fue Hipólito Mora Chávez, quien dejó claro que Mireles y los autodefensas portaban armas con el consentimiento de las autoridades estatales y del propio comisionado Castillo. “Siempre nos aventaron por delante”, dijo Hipólito, refiriendo que atrás de ellos iban la Policía Federal y el Ejército cuando ocurrió el avance de los grupos de autodefensa por la geografía michoacana, y señaló que Mireles debe ser liberado y en todo caso deben ser enjuiciadas las autoridades que les permitieron a ellos andar armados.
El argumento central de Ignacio Mendoza, el abogado del doctor Mireles, es que Alfredo Castillo carecía de facultades legales para autorizar la portación de armas a quienes en mayo de 2015 decidieron registrarlas. Mireles acudió a presentar las armas que tenía en su poder para que les hicieran las pruebas de balística y de ojiva y contó con los registros respectivos, después fue detenido y enviado a una cárcel de alta seguridad en Sonora por portar esas mismas armas.
En el caso de Cemeí Verdía, el abogado ha logrado resolver dos procesos judiciales; sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha sacado más procesos de la manga para tener en prisión al líder indígena, lo que francamente suena a persecución política.

Normalistas, sin espacio para el chantaje

En el encuentro que sostuvieron el pasado miércoles en la Ciudad de México, una representación de líderes de las ocho escuelas Normales de Michoacán, escoltados por líderes de la CNTE, jugaron una de sus últimas cartas para conseguir plazas automáticas para los egresados de las escuelas normalistas.
El gobierno federal –ya que legalmente la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la única instancia administrativa que está facultada para asignar plazas– y el gobierno del estado fueron firmes y no se movieron de su postura de que las plazas sólo se consiguen mediante la aplicación de un examen y que por ende ya no se pueden asignar en forma automática.
Con esta postura, los estudiantes normalistas y sus asesores magisteriales no tuvieron otra opción que replegarse a sus sedes y levantar el plantón que desde hacía una semana mantenían en el primer cuadro de Morelia.
Asimismo, el gobierno michoacano refrendó la legalidad de la aplicación de la Reforma Educativa en el estado, no sólo para meter al redil a los grupos sociales que han abusado del chantaje político para obtener sus prebendas, sino para darle orden, legalidad, así como control administrativo y financiero a uno de los sectores más importantes del estado y que debe ser uno de los factores que incidan en el desarrollo: la educación pública.
El gobernador del estado, Silvano Aureoles, ha advertido en diferentes foros que si no resuelve el tema de educación, no se va a resolver el tema de las finanzas públicas en Michoacán, y ha reiterado que las prioridades en su gobierno son la seguridad, la educación y las finanzas.
Cabe destacar que en el estado hay un déficit de seis mil 900 millones de pesos sólo por concepto de nóminas de la Secretaría de Educación, es decir que la mayor parte del gasto destinado al sector educativo se utiliza para pagar salarios.
Desde hace aproximadamente 20 años se comenzó a institucionalizar la práctica de otorgar plazas automáticas a los egresados de las Normales, y esta práctica se desvirtuó en las redes de la corrupción y se patentizaron prácticas ilegales como la herencia de plazas, la venta y la asignación al contentillo a través de las ya famosas minutas al margen de la negociación institucional.
Así, desde que se instauró ésta práctica, la nómina del sector educativo creció entre el 37 y el 40 por ciento, y por ende, la rectoría de la administración del sector a los gobiernos estatales se fue torciendo en favor de los intereses de los grupos sociales.
A decir del responsable del Ejecutivo estatal, a partir de esta administración quien quiera tener una plaza de profesor deberá participar en las evaluaciones realizadas por el gobierno federal, incluyendo a los estudiantes de las Normales rurales que no estarán al margen de la ley.
Subrayando la postura gubernamental: aquellos estudiantes normalistas de Michoacán que quieren seguir teniendo su plaza de manera automática, ya se acabó esa posibilidad si no es a través de la evaluación; es decir, a través de un concurso nacional para ser maestro, y eso implica que todos los normalistas tienen que hacer examen. Se acabó el tiempo del pase automático.

CEDH, la politización del relevo

Un gran número de las comparecencias ante el Poder Legislativo de los aspirantes a dirigir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no solo ha cabildeado con los propios diputados locales, sino que en su lucha por arribar al organismo se hacen llegar respaldos de organizaciones civiles y tratan de posicionar sus virtudes en forma mediática.
Sin embargo, más allá de todo eso, que le da un toque prácticamente político-electoral a dicho relevo, también una mayoría ha optado por descalificar el trabajo de la actual Presidencia de la CEDH, a cargo de José María Cázares Solórzano, quien está en los últimos días de su periodo de permanencia oficial.
Los parcialmente críticos mostraron las que consideran fallas en la CEDH y que sólo ellos pueden subsanarlas, aún así ningún aspirante enfatizó los aciertos que ha tenido en los últimos cuatro años, entre ellos el impulso del Ombudsmóvil, el atajo al fenómeno del bullying y la atención a los las víctimas de la violencia en Tierra Caliente.
Por ello, uno de los programas estratégicos fue la puesta en operación del denominado Ombudsmóvil, con el objetivo de acercar los servicios del organismo a los 113 municipios del estado, particularmente a comunidades que no tenían cerca una oficina de la Comisión.
El fenómeno del bullying o acoso escolar tomó fuerza en la entidad sin que alguna autoridad estableciera mecanismos de atención a esta problemática, cada vez se hacía más presente tanto en las primarias como secundarias.
Ante esta situación la CEDH implementó el Programa para la Prevención de la Violencia en la Convivencia Escolar, a través del cual se desarrollaron acciones de capacitación en todo el estado dirigidas no sólo a los estudiantes, sino a los maestros y padres de familia, con la intención de concientizarlos sobre este fenómeno.
A la par se atendieron quejas contra las autoridades escolares por omisión o violación a los derechos de seguridad de los menores en las instituciones educativas.
A raíz de la situación de violencia por la que atravesó el estado, otro tipo de fenómenos aparecieron en Michoacán, como los llamados autodefensas, los desplazados, los desaparecidos provocados por la omisión de la autoridad en el tema de la seguridad y los cuales requirieron de la atención del organismo.
Por ello se efectuó el “Informe especial: Derechos humanos en zonas de conflicto en el estado de Michoacán”, a fin de coadyuvar con las autoridades y encontrar soluciones en esos temas.
En ese estudio el organismo estableció la preocupante situación en la que se encontraban algunas poblaciones debido a la inseguridad que generaba incertidumbre y a la percepción de ausencia de autoridad, orden y control, lo que debilitaba el Estado de Derecho.

UMSNH, por una Policía científica

Es parte de la realidad de que Michoacán requiere urgentemente de contar con auténticos profesionales en materia de atención a la investigación, seguimiento y combate a la delincuencia en campo, es decir, peritos, técnicos y personal de apoyo a las acciones de procuración de justicia y de seguridad pública, los cuales estén alineados con los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), lo cual conlleva a tener una Policía científica y altamente capacitada.
Ante tal situación, la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo ha recurrido a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para buscar el mecanismo que permita que desde las aulas emerja el nuevo tipo de profesional de la investigación policial que requiere el estado.
Temas englobados dentro de la criminalística como la medicina forense, dactiloscopia, balística, preservación de la escena de crimen, cadena de custodia, apoyo de la química, física y mecánica en la investigación policial, sin olvidar el respeto a las garantías individuales, son asuntos que al menos de manera general deben conocer los policías del siglo XXI.
Por lo tanto, no existe otra posibilidad, o se capacita y profesionaliza a los policías que ya cuentan con la evaluación de los controles de confianza, o se seguirá padeciendo por la falta de eficiencia en la investigación y es preciso recurrir a la academia, representada por la Universidad Michoacana, la institución de educación superior más importante del estado, para cubrir la necesidad antes referida.
Los primeros pasos ya se dieron durante la reciente reunión entre el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, y el procurador de Justicia, Martín Godoy Castro, con el rector de la UMSNH, Medardo Serna González, para delinear la estrategia que debe seguirse en la atención del tema. Se espera que en las próximas semanas se formalice el acuerdo por medio del cual se permitirá poner en práctica la estrategia académica para lograr la profesionalización de quienes de manera lírica desarrollan una labor en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública.

Molino de vientos

1- El Aula Máter del Colegio de San Nicolás de Hidalgo fue sede del merecido homenaje, a un año de su muerte, de quien fuera politólogo y jurista, Arnaldo Córdova, y al cual acudieron figuras como Cristóbal Arias Solís, Xuchitl Vázquez Pallares, Iris Vianey Mendoza, Alfonso Solórzano y Julio Santoyo, entre otros; ahí, los dos últimos recordaron cómo el nicolaita logró influir en los cambios sociales y políticos del país.
2- A dar una conferencia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) vino el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, el cual, extrañamente, estuvo ausente en el homenaje póstumo realizado a su padre, Arnaldo Córdova. En ese marco, el funcionario federal apuntó que “hay una responsabilidad colectiva para garantizar que las elecciones sean la vía privilegiada para recrear la pluralidad y resolver nuestra conflictiva política”.
3- Hay que destacar la importancia del acuerdo entre el llamado magisterio democrático y el gobierno michoacano en el sentido de la realización de un congreso educativo a nivel estatal. No se trata de cualquier convenio, sino de uno que tiene que ver con la educación de los niños y adolescentes de la entidad y por ello habrá que establecer desde el inicio las reglas de juego, para evitar imposiciones de un lado o de otro…
4- Ahora resulta que en el Congreso del Estado –señalado como uno de los más “obesos” y caros del país–, los discursos en torno a la conmemoración de un Aniversario más del Canje de Prisioneros en Acuitzio estuvieron más allá de la organización y hasta de los propios asistentes a la sesión plenaria correspondiente. Fueron mensajes legislativos que rebasaron la media de la gran mayoría de los eventos conmemorativos anteriores…

Sancho

Bueno, los diputados locales ya presentaron su agenda legislativa única, sólo falta que la cumplan casi al pie de la letra.

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