Carlos Enrique Tapia
Migración México-EU
Desafíos
Miércoles 9 de Diciembre de 2015
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1. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desafió de nuevo la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, construida por el ex procurador General de la República para dar carpetazo a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hubo un incendió en Guerrero, afirma, pero no en el basurero de Cocula.
Como parte de sus trabajos, se solicitó a la PGR que expertos realizaran un estudio meteorológico y de imágenes satelitales, los cuales muestran que entre el 26 y 27 de septiembre llovió en el municipio de Cocula, además de que en ese mismo periodo no hubo ningún incendio en la zona. Los 43 no fueron incinerados como neciamente se afirma.
La reacción oficial, a pesar de las recientes evidencias, afirma que con datos supuestamente aislados no se puede llegar a conclusiones sino hasta tener la “investigación integral”. Es decir, el GIEI, los jóvenes desparecidos y sus familias siguen siendo obstaculizados para conocer lo que realmente sucedió esa fatídica noche.
2. En alguna colaboración lo he sostenido: las plazas automáticas, las canonjías sindicales, los privilegios de grupos que afirman una supuesta lucha social, entre otros asuntos hoy cuestionados en el marco de la mal llamada “Reforma Educativa”, nada tienen que ver con derechos o conquistas “históricas”. Todo ha sido producto de negociaciones perversas.
La evaluación es un mecanismo que ha sido escamoteado tanto por el sindicalismo magisterial supuestamente democrático como por los normalistas. Pero también ha sido usado por las élites económicas y políticas para constreñir el acceso a la educación, al trabajo. Es necesario encontrar un punto medio para aplicarla sin vulnerar derechos.
3. El “nuevo comienzo” se ha visto rebasado por el accionar de los normalistas y el magisterio supuestamente democrático. Semanas después, mesa de diálogo de por medio, aplica un operativo contra cientos de jóvenes cuya conducta está más allá de cualquier negociación. Situación que deberá ser evaluada con tacto y mucha política.
Una lectura de los hechos del lunes pasado cuestiona un escenario que grupos contrarios al gobierno podrían estar construyendo para recuperar protagonismo: confrontar a los jóvenes con la autoridad para acusar de represión y autoritarismo al “nuevo comienzo”. El actuar de las fuerzas del orden debe ser estricto y transparente para evitar escenarios tipo Ayotzinapa.
4. El ataque del PVEM contra el fiscal electoral, quien abrió un expediente por supuestos hechos delictivos contra Arturo Escobar es una simple cortina de humo en la que el PRI tiene un papel fundamental, que pretende legitimar lo que el INE, ese organismo electoral costosísimo e inoperante, no sancionó: la podredumbre documentada de ese partido.
Sin duda, el desafío que las autoridades enfrentan va más allá de la podredumbre del PVEM. Este grupúsculo partidista pretende normalizar un conjunto de conductas electorales que en su momento violentaron el proceso electoral, mientras se pretende revertir una Reforma Electoral que prohíbe la compra de espacios por particulares para denostar a la oposición.
5. A pesar de la poca concurrencia a las urnas en las elecciones del pasado domingo (Distrito XII de Hidalgo y Sahuayo), se reafirmó el rechazo local y regional contra el PRI. No se puede afirmar como un hecho generalizado, pero la respuesta ciudadana muestra el hartazgo contra este partido político y la política en general. Una actitud que debería preocupar a los políticos.
Es preocupante el hartazgo ciudadano, no sólo porque aleja a los ciudadanos de las urnas, sino también porque eleva a los cargos públicos a partidos y personajes que responden a criterios partidistas, no a los intereses de la ciudadanía. Esto permite que los electos caminen sin agendas que respondan a la gente y promuevan asuntos personales y grupales.
6. El no al supuesto Corredor Cultural Chapultepec, cuestiona al jefe de Gobierno del DF y particularmente al PRD y sus huestes chuchistas, la derecha neoliberal de la mal llamada izquierda electoral. La pretensión de privatizar un espacio público fue atajada por la ciudadanía, la que podría asestar un nuevo golpe a un partido que no escucha a la gente.
Esta respuesta ciudadana rechaza la corrupción y prepotencia de un político y su partido que en la capital del país continúa agotando sus espacios de acción. Debería servir como reflexión al “nuevo comienzo”, pues las actitudes patriarcales y autoritarias del gobierno michoacano aparecen subrepticiamente en algunos discursos y actos político-mediáticos.
La ciudadanía, como se vio en el caso del llamado Corredor Cultural Chapultepec, suele desafiar a los gobiernos autoritarios y prepotentes, igualmente se ausenta cuando de ejercer el voto se trata. Ambos extremos muestran el carácter de la cultura política, la participación cívica y el hartazgo político y social que prevalece en el país.
Asimismo, los ciudadanos desafían a la autoridad ante escenarios en los que grupos de interés y de poder intentan imponer su marca. Tal es el caso del magisterio llamado democrático y los normalistas. En ambos casos, las movilizaciones se hacen en nombre del “pueblo”, pero el hartazgo colectivo muestra que ningún pueblo apoya a los dos.
Para los expertos este accionar ciudadano debería ser preocupante, pero cada vez más su miopía analítica se queda en la defensa irrestricta de grupos, conductas y supuestos derechos sindicales e “históricos”, sin ver que la ciudadanía, organizada o no, se aleja de estas movilizaciones y se ha instalado en la defensa de asuntos inmediatos.
Adicionalmente, los gobiernos federal y estatal han erosionado la “independencia” de las organizaciones no gubernamentales al inscribirlas en un padrón y destinarles recursos públicos, lo que ha implicado cierto control e incluso corruptelas. Estos escenarios forman parte de las respuestas sesgadas y anti movilizaciones de muchos ciudadanos.
En este sentido, tanto la sociedad como los gobiernos tienen desafíos importantes ante escenarios como los planteados. El “nuevo comienzo”, por ejemplo, tendría que dejar de gobernar en los medios y hacer que sus funcionarios propongan, ejecuten y sean transparentes. Hay una centralización excesiva que recuerda mucho al godoyato.
Igualmente es urgente usar las herramientas existentes para gobernar en lugar de regresar a situaciones supuestamente superadas. Es el caso de las finanzas, en lugar de revivir gravámenes o inventar nuevos impuestos, sería bueno aplicar la ley. Por ejemplo, si el Reglamento de Tránsito se aplicara, se obtendrían ingresos adicionales por multas.
En otra colaboración he insistido en que las ciudades, carreteras y brechas michoacanas son un peligro para peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, por señalar algunos casos, porque muy pocos atienden el Reglamento de Tránsito, además de que la gente no parece apreciar su vida. Accidentes con muertos es asunto de todos los días.
Para los ciudadanos es un desafío cambiar cómo se mueven en ciudades, carreteras y brechas, pero la aplicación de la ley, más allá de supuestas “culturas” viales, en realidad es simple educación vial, puede poner cierto orden. El alcoholímetro, por ejemplo, el control de las emisiones contaminantes, el respeto al Reglamento de Tránsito, harían cierta diferencia.

Sobre el autor
Antropólogo social, doctor en Historia. Colabora en Cambio de Michoacán desde 1996, con una breve interrupción en 2001-2003. Se especializa en estudios migratorios, en particular la historia y problemática actual de la migración México-Estados Unidos, Michoacán-Estados Unidos, y problemas relacionados con políticas públicas, desarrollo socioeconómico, tendencias políticas y partidistas, participación ciudadana. Por ello dedica también sus columnas a entender y analizar el rumbo social, económico, político y cultural de Michoacán y México en general, desde una perspectiva crítica y ciudadana.
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