Columba Arias Solís
El derecho de réplica
Viernes 11 de Diciembre de 2015
A- A A+

En México, el derecho de réplica como una garantía constitucional para los gobernados, apenas en noviembre de 2007 quedó instituido gracias a la reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes de dicha reforma, ese derecho se regulaba en la antiquísima Ley de Imprenta, donde figuró durante su casi centenaria vigencia prácticamente en calidad de letra muerta, no obstante que nuestro país ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) el 3 de febrero de 1981, que en relación con este derecho señala que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”.
Durante la mayor parte del siglo pasado y los primeros siete años del actual, el derecho de todas las personas a dar su versión de los hechos cuando son mencionados negativamente en los medios de información, fue inexistente, prevaleciendo –como lo señalara Jaime Cárdenas– el punto de vista de la información proporcionada por los medios de comunicación y agencias hegemónicas y dominantes. Además de incluirse como garantía constitucional, el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció que los precandidatos, candidatos y partidos políticos pueden ejercer el derecho de réplica.
Lento y sinuoso ha sido el camino recorrido en el legislativo para llegar al punto de aprobar la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional representada por la Ley del Derecho de Réplica, ya que desde el 13 de diciembre de 2007 se presentó la primera iniciativa por parte de integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, luego, entre abril de 2008 y septiembre de 2009, habrían de presentarse cuatro proyectos más de legisladores de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
El pasado 13 de octubre, en medio de un largo debate y dejando de lado las reservas presentadas por diversos legisladores de las fracciones de los partidos Acción Nacional, PRD y Del Trabajo a determinados artículos, se aprobó la ley reglamentaria del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política en materia del derecho de réplica.
Empero, la satisfacción por la aprobación de una ley largamente esperada quedó opacada porque en la misma –según lo expresaron en las reservas los legisladores– se privilegiaron los intereses de las agencias y medios de comunicación, puesto que estos pueden negar el derecho de réplica en las siguientes circunstancias:
Se trate de transmisiones en vivo y consideren que la réplica ya se realizó, consideren que el afectado no se está limitando a la aclaración de datos, sino que tiene otros fines; la información presuntamente inexacta se base en datos oficiales, la declaración de un servidor público o provenga de alguna agencia de noticias.
Hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Derecho de Réplica, reglamentaria del artículo 6 párrafo primero de la Constitución; sin embargo, dicha acción no tiene que ver con los puntos señalados en perjuicio del gobernado afectado por noticias falsas o inexactas. La acción promovida por la CNDH se sustenta en que al señalar la ley como sujetos obligados, además de las agencias de noticias, los medios de comunicación, los productores independientes a “cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, sin precisar qué se debe entender por el mismo, “se permite una interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la Ley del Derecho Réplica, y por lo tanto, de sus consecuencias y acciones”, toda vez que para poder acudir ante el juez a ejercer dicho derecho se requiere previamente haber exigido la reparación ante el sujeto obligado. Por ende, la falta de certeza sobre los sujetos obligados imposibilita al posible afectado el acceder por esta vía la restitución de sus derechos.
Es importante que la CNDH de oficio interponga acciones de inconstitucionalidad cuando presume violaciones a derechos de quienes pudieran ser presuntamente demandados, empero, extraña que no suceda lo mismo en los casos que la Ley del Derecho de Réplica considera que los sujetos de la misma no están obligados a conceder dicho derecho a quienes se asumen como presuntos ofendidos.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada