Salvador Molina Navarro
Derecho a qué...
Nuestro salario, aguinaldo y otras prestaciones laborales son derechos humanos
Martes 22 de Diciembre de 2015

La justicia sin la fuerza es irrisoria; la fuerza sin justicia es tirana.

Blaise Pascal

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A últimas fechas, por motivo del lapso para pagar aguinaldos y salarios, hemos sido testigos de diversas noticias sobre la carencia de recursos para cubrir el salario de los trabajadores y, por supuesto, tampoco podrán cubrir el aguinaldo la Universidad Michoacana, el Congreso del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, en sí la totalidad del Ejecutivo Estatal, han dado muestras de su preocupación por el tema de cumplir con el pago de salarios y otras prestaciones laborales a los burócratas del estado, por su parte, la clase burocrática del estado ha salido a manifestarse respecto de la falta de pago de salarios y aguinaldos.
Ante este panorama el gobierno señala como motivo principal la falta de recurso financiero para hacer frente a su obligación como patrón.
Pero recibir un salario, aguinaldo y demás prestaciones laborales es un derecho humano de todo trabajador como así lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo (OIT); por tanto, no tener dinero para cumplir con su pago no es una excepción legalmente válida, más aún, como ciudadanos cuestionamos a los gobernantes sobre el destino que se ha dado al dinero etiquetado para pagos de salarios y otras prestaciones laborales dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, en el cual cada dependencia, cada Poder del estado, cada organismo autónomo o descentralizado, tenía asegurada la suma monetaria suficientes y necesaria para cubrir la totalidad de sus gastos duros, tales como pago de servicios, pago de utensilios de oficina, rentas, salarios y demás gastos que son conocidos y erogados años con año, por qué existe un faltante para cubrir esta obligación, qué destino le dieron al numerario etiquetado para cubrir los salarios de cada uno de los trabajadores y sus demás prestaciones laborales calculadas desde el comienzo del año, quién será responsable por el desvío, la aplicación indebida o el robo de los recursos monetarios destinados al pago de salarios, estas respuestas y preguntas se pierden en el discurso que han emprendido los gobernantes para presumir sus gestiones efectivas y novedosas ante el congresos, la Federación y demás dependencias para gestionar los recursos, aprovechan esta lamentable situación para hacer gala que son los mejores gobernantes, pues han logrado aterrizar dos mil millones de pesos provenientes de la Federación para hacer frente al pago de salarios y aguinaldos. No señores, lo que a la sociedad michoacana nos importa no es lo que hacen para poder cumplir con su obligación de pagar, es su obligación y su deber garantizar el pago de salarios, lo que nos importa es saber dónde quedó ese dinero, porque no centran su discurso en investigar qué pasó con el dinero, quién va a pagar por la responsabilidad penal, administrativa y moral por este suceso.
Esta tema se está volviendo cómodo para el gobierno y nos están acostumbrando a escucharlo, cada mes, cada fin de año, cada comienzo de año se escucha el mismo lamento: “No existe dinero suficiente para garantizar el pago de salarios, pero haremos gestiones efectivas para lograr atraer los fondos necesarios para cubrir el pago, pedimos a los sindicatos y a los trabajadores su solidaridad y que se sumen a este esfuerzo por conseguir el dinero para el pago”, por favor, están violentado derechos humanos, pero además dentro del Código Penal del Estado, anterior al Código Penal expedido por motivo del Nuevo Sistema de “Justicia” Penal, se establecía en su título décimo noveno los delitos contra el trabajo y la previsión social, donde en las fracciones II y VII del artículo 336 castigaba la retención del salario en todo o en parte y el no pago del salario mínimo, ahora bien, el señalar que no pago por no tener dinero es, en cierta manera una retención no legal del salario, más aún en no pagar un solo peso por el salario de una quincena o el aguinaldo es no pagar ni el salario mínimo, puesto que el delito señalado no impone un lapso para constituir el injusto. Cabe destacar que este delito desaparece de la nueva normatividad penal –casualmente dejan de inscribirse como delitos todos aquellos que por diversas circunstancias perjudicaban o podían ser aplicados a los que ejercen funciones en el gobierno–, así pues, nos venden la idea de que pagar los salarios de los trabajadores es un acto de caridad, no señor, es justicia, justo es que el gobierno pague no sólo los salarios y demás prestaciones laborales, sino también que pague por su corrupción, por sus malos manejos, por sus acciones y omisiones, que pague como debe pagar en justicia.
El salario es parte del derecho al mínimo vital o mínimo existencial que gozamos cada ciudadano y que ha sido reconocido como tal por los tribunales federales , esta garantía descansa en los principios del Estado social de Derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, desde la cual el individuo debe tener condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del estado, dentro de lo cual está la educación, la vivienda, la salud, el salario digno, la seguridad social, el medio ambiente, entre más, así pues, el Estado, al no pagar ni salarios ni aguinaldos a los trabajadores, violenta derechos humanos fundamentales, amén de las cuestiones penales y administrativas que como funcionario responsable cada cual es acreedor, por lo que no es un favor que el Estado busque recursos para subsanar sus omisiones, es una lucha entendida y auténtica de la clase burocrática el exigir el respeto a sus derechos humanos laborales, y más aún, deben exigir con sus sindicatos y sociedad en general que se transparente el tema y que se dé a conocer a la ciudadanía el motivo por el que no se tiene dinero para pagar salarios y ahora en el cercano comienzo de un nuevo año, cada una de las dependencias o instituciones que manejen dineros públicos deberán publicar su ingreso y cuánto dinero es etiquetado para cumplir con el pago de salarios y demás prestaciones laborales, para que juntos, sociedad y gobierno, llevemos cuentas claras de cada gasto que se haga en este rubro, demos hacer trabajar nuestros espacios ciudadanos para que desde esas instituciones se exija esta actitud a los gobernantes o funcionarios públicos, no más discursos, soluciones, hechos, garantías, defensa de los derechos, seguridad jurídica, no queremos justicia irrisoria ni tiranía, queremos un Estado constitucional de Derecho respetuoso de nuestros derechos fundamentales.

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