Jorge Álvarez Banderas
El ABC de los transitorios
Viernes 15 de Enero de 2016
A- A A+

El canje general de placas propuesto por el señor gobernador del estado de Michoacán y aprobado por los integrantes de la LXXIII Legislatura local en los últimos párrafos de los artículos 14 y 15 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2016 prevé dos artículos transitorios relevantes e infundados que permitirían lograr el amparo y protección de la justicia de la unión de los particulares que decidan ejercitar ese derecho constitucional.
Por un lado, se establece el periodo de 6 meses para llevar a cabo dicho canje general de placas, esto es, del 1º de marzo al 31 de agosto de 2016; mientras que por otro lado se precisa una decisión discriminatoria, al establecer un descuento del 20 por ciento a quienes hagan el pago ante la Secretaría de Finanzas y Administración (Secretaría) de la entidad en el mes de enero y del diez por ciento para el mes de febrero, aspecto contrario a la naturaleza de los tributos.
Más aún, se aclara que en el caso de la adquisición de placas para un vehículo adquirido en el presente año 2016, se le dotará de su juego de placas vigentes hasta el año 2015; veamos, si las placas actuales ya no son vigentes, pagarán por unas vigentes y les darán unas no vigentes, un galimatías, ¿no?, este supuesto sólo se dará si en ese momento aún el estado no cuenta con las nuevas placas, debiendo canjearlas en la fecha que dé a conocer la secretaría a través de los diversos medios de comunicación, lo que no originará recargos, multas o cualquier otro accesorio de derechos. Sin embargo, es de todos conocido que actualmente la secretaría ya no cuenta con placas para motocicletas.
Ahora bien, ¿cuál es el costo que pagará o pagó el gobierno del estado al proveedor de dichas placas y engomado u holograma? Teniendo este dato, se podrá acreditar fehacientemente mediante el juicio de amparo la irrazonable proporción entre el costo y la cantidad establecida en el ordenamiento legal en cita, lo que conlleva a obtener una resolución favorable para el particular.
La ciudadanía tiene varias alternativas en materia jurídica, una es la de impugnar la norma por su sola entrada en vigor, aquí el inconveniente es que al solicitar la suspensión del acto reclamado, el juez de distrito le requerirá se deposite la cantidad de dos mil 296.50 pesos para que surta efectos dicha suspensión y pueda circular con las actuales placas sin problema; sin embargo, no hay que descartar los actos de molestia al ser detenido por los agentes de Tránsito y explicar mostrando la sentencia en su caso o suspensión otorgada, de que puede circular con dichas placas. La otra es hacerlo una vez que se hace el pago de los derechos correspondientes, en este supuesto no solicita la suspensión del acto reclamado y no garantiza nada ante el Juzgado; si al final del juicio le dan la razón, podrá solicitar la devolución de lo pagado de manera indebida en cumplimiento de la sentencia y seguramente se quedará con sus placas vigentes. Una más es esperar el requerimiento de pago por parte de la autoridad y siga circulando con las actuales placas, será hasta ese momento en que pueda considerarse el primer acto de aplicación.
En atención a lo expuesto, la ciudadanía podrá decidir que camino tomar; hay un particular y un partido político que ofrecen una figura inexistente en la Ley de Amparo que es el “amparo colectivo”, cuidado, lo sugerente es agotar el juicio en lo individual en su momento.
Todo lo anterior puede resultar más sencillo si se logra la derogación del canje de placas por parte del legislador, si esta usted interesado puede firmar dos peticiones en la plataforma www.change.org dirigidas a quien propuso y aprobó tal determinación que además atenta contra la economía de muchas familias por su inequidad tributaria, o bien ingresar a las ligas abajo señaladas para su firma:
https://www.change.org/p/lxxiii-legislatura-michoacán-no-al-canje-de-placas-en-michoacán.
https://www.change.org/p/gobernador-del-estado-de-michoacán-congreso-del-estado-de-michoacán-no-al-reemplacamiento-vehicular-en-michoacán.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
Comentarios
Columnas recientes

La reforma penal fiscal

¿GOLPE DE ESTADO?

“Empleados” académicos

EL TERCERO COLABORADOR FISCAL

¿Y la causa grave?

Los alegatos “de oreja” a regulación

La Tercera Sala de la Scjn

¿Amnistía?

El Paquete Económico 2020

El buen mexicano en materia fiscal

La realidad de las pensiones en la UMSNH

La suerte de Vicente Fox

El sindicalismo charro y ¿su extinción?

El expresidente deudor

Darío II

Verificación vehicular inconstitucional

Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional

La tutela judicial efectiva II

La tutela judicial “efectiva”

La paridad de género, demagogia constitucional

Aranceles y tarifas

El tráfico de comprobantes fiscales

Detenciones ilegales (Cocotra vs Uber)

Darío

El interés legítimo

Los “retoques” que vienen

El “interés superior” en la UMSNH

El “Testamento”

Las iniciativas “menores”

El control tributario: SAT

La fiscalización desde el Estado

La oralidad en el TFJA

Los puntos sobre las íes: UMSNH

Revisiones electrónicas: SAT

El debido proceso legal

Inconstitucional, el canje de placas en Michoacán

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa

San Nicolás y la laicidad (UMSNH)

Elección de consejeros universitarios

¿Sólo Campeche y Tabasco en crisis?

¡Extra!

Las “empresas productivas” del Estado

SCJN: AR 750/2015

Los dos Poderes de la Unión

El reglamento fallido: UMSNH

Nueva sociedad mercantil

Huelga: SPUM-UMSNH

¿Estamos innovando?

El endeudamiento 2016

La seguridad, ¿de quién?

La versión estenográfica: SCJN-UMNSH

¿Caso cerrado?

El ABC de los transitorios

No al canje de placas

¿Nueva Ley de Participación Ciudadana?

La educación como un derecho humano

Si no es Chana, es Juana

La bipolaridad del Estado mexicano

Miscelánea mercantil

Ucareo

El IVA en alimentos

Los “premios” legislativosº

El “nuevo” Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Los “brigadistas”

¿Sirve el voto nulo?, sí

Artículo 6º: Ley Reglamentaria

CCXVI Aniversario de la Instauración de los Estudios de Derecho en el Estado de Michoacán

Cine gratis

Colosio

De Apatzingán a Santiago-Ario

Día de la Bandera

¿Viajero frecuente?

La verificación vehicular

La representación popular

Nuevo rector de la UMSNH: ¿nuevo estatuto? II

Las “buenas” noticias del fisco federal

La Comisión de Rectoría UMSNH

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

¿Revolución Mexicana?

El fisco y el Buen Fin

Se busca

Crímenes de lesa humanidad

El ejercicio del poder

La contrarreforma fiscal

El “mito” del Impuesto Sobre Tenencia

Las becas del Pronabes

UMSNH: La gratuidad de la educación

El Consejo

Firme la Reforma Fiscal 2014: SCJN

SCJN: ¿Impartidora de justicia?

Empréstitos y privilegios

El derecho a la información: UMSNH

Y ¿Si los abandonamos?

¿No hay ingresos en Michoacán?

Mamá Rosa y el Estado fallido

Competencia

Nuevo rector UMSNH: ¿Nuevo estatuto?

La “pronta y expedita” impartición de justicia en México

(6, 4) (Ocampo) (UMSNH)

La Prodecon y sus nuevos lineamientos

La iniciativa ciudadana: Su regulación

El “marco” jurídico

El comercio informal en la UMSNH

Las cuotas universitarias y su “sustento” legal

La subcontratación laboral en la UMSNH

Un estímulo fiscal para el Régimen de Incorporación Fiscal

Los informes justificados: UMSNH

Los informes previos: UMSNH

La suspensión definitiva: UMSNH

El “pacto” fiscal

La progresividad educativa UMSNH

Y… ¿Dónde están los “convenios? UMSNH

La CEDH vs UMSNH

La corrupción (?) en la FDCS UMSNH

De “alzados” a “burócratas”

Michoacán: la claudicación del Estado

Las amenazas

El laberinto michoacano

La lista “negra” del SAT

UMSNH, ¿sucumbirá?

México: El derecho a la Revolución Fundamentación moral o jurídica / IV

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

Una introducción al conflicto de la Tierra Caliente en Michoacán

El régimen de incorporación fiscal

Las guardias comunitarias o grupos de autodefensa

Los estímulos fiscales en el Buen Fin

Los derechos del contribuyente II

Los derechos del contribuyente

Los derechos del contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Del servicio de representación y defensa

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el ombudsman fiscal

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

El sostenimiento del gasto público