Salvador Molina Navarro
Derecho a qué...
El derecho a estar informado, de la letra a su realidad
Martes 19 de Enero de 2016

Un principio básico de una democracia sana es el diálogo abierto y la transparencia.

Peter Fenn.

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A últimas fechas hemos escuchado en varios discursos la importancia que le dan a los derechos humanos. Dentro de este esquema está el derecho de tener acceso a la información pública, este derecho se ha ido gestando como una herramienta para evidenciar, investigar y castigar los actos de corrupción y malos manejos de los dineros públicos, mediante la información los ciudadanos ganamos prerrogativas, el tener información garantiza una posición de poder ante el fuerte y el arbitrario, también sabemos que México y, por ende, Michoacán, son democráticos y como tales el poder radica en el pueblo, así entonces se han generado instituciones ciudadanas para garantizar el acceso a la información pública, tal es el caso de Itaimich, que como espacio ciudadano la clase política pretende politizar y manejar, no se ha logrado ciudadanizarlo totalmente, sin embargo dicho organismo ha dado visas de buenos resultados en el ámbito de su competencia, el nuevo grupo de consejeros se ha preocupado por difundir en la ciudadanía el derecho a ser informados, en estas líneas de acción el lunes 18 de enero de 2016 dieron a conocer los resultados respecto de su métrica realizada para ver qué autoridades e instituciones gubernamentales se ajustan a los mínimos necesarios en materia de transparencia.
En primer lugar debe establecerse que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano como así se ha interpretado por el Poder Judicial Federal , por tanto, no es opcional su acatamiento por parte de las personas físicas o morales que manejan dinero público, sino que es una obligación que debe llevar aparejada una sanción en caso de inobservancia o violación al derecho de acceso a la información.
De ahí lo lamentable de ocuparse en diseñar un discurso que señale la preocupación de los actores políticos de proteger y respetar la transparencia en sus ejercicios públicos, hemos escuchado la famosa Declaración 3 de 3 por parte de varios actores políticos, también se ha dicho que en su gestión o en su gobierno se combatirá frontalmente la corrupción y se observará, sin ningún distingo, el Estado de Derecho, se respetarán los derechos de los ciudadanos, pero vemos que en el campo de la realidad no hacen honor a sus palabras, nos enteramos que no tienen problemas y se les hace fácil faltar a la honorabilidad y a la ética, quienes ejercen el poder, hasta hoy en día, se aseguran de tener control en las herramientas jurídicas o de menos en las consecuencias de sus acciones contrarias a la ética y a la legalidad, así pues en la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, sólo prevé como consecuencias por inobservar las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información las siguientes:
“ARTÍCULO 114. El Instituto aplicará los siguientes medios de apremio al servidor público que desacate una resolución:
“I. Apercibimiento;
“II. Amonestación privada;
“III. Amonestación pública; y,
“IV. Multa de 100 a 500 días de salario mínimo vigente en el estado y en caso de reincidencia, en la aplicación de multa, se aplicará el doble de la misma.
“El Consejo determinará los medios de apremio según el caso, tomando en cuenta la gravedad.
“Para determinar la gravedad el Consejo deberá considerar la situación económica, la reincidencia y el daño causado.
“El Instituto enterará a la dependencia correspondiente, para la aplicación de las multas”.
Al saberse propensos a incumplir con las obligaciones contraídas en esta materia, las autoridades dejan liviana la sanción para no meterse en embrollos, sin embargo, con lo que se tiene se debe aplicar sanciones a los que violentes o inobserven su obligación en este rubro, como en el caso de Michoacán que la gran mayoría de los servidores públicos no cumplen con su obligación de transparentar la información y permitir el acceso a ésta, lo anterior no es una apreciación subjetiva de su servidor, estos datos se obtienen de la en la métrica referida que realizó y dio a conocer el Itaimich, de donde se advierte que la mayoría de los servidores públicos e instituciones del Estado están reprobadas, no cumplen no con las exigencias mínimas señaladas en nuestra ley.
Los datos arrojados indican que de 216 sujetos obligados 121 están reprobados y de esos reprobados el 80 por ciento tienen cero de calificación –esto equivale a poco más de 96 sujetos obligados con calificación de cero–, resaltándose solamente el compromiso cumplido por parte del propio Itaimich, el Instituto Electoral de Michoacán y el Poder Judicial del Estado, con calificaciones superiores a 9.
Estando en este supuesto, ¿qué esperamos como ciudadanos?, en primer lugar que nuestro Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán cierre con broche de oro su labor de estadística, aplicando de forma legal y justa las sanciones correspondientes a cada organismo, que haga del dominio público qué sanción se aplicó, a qué institución o servidor público y qué cumplimiento se le dio. Es menester que como ciudadanos estemos al tanto de nuestros derechos y que cuando se hagan esfuerzos por fortalecerlos todos demos uso a esas herramientas, debemos informarnos acerca del derecho humano de acceder a la información, debemos aclarar todas nuestras dudas y hacer público el resultado, tenemos derecho a saber, existe la obligación de informar, hay herramientas que vinculan este derecho y esta obligación –verbigracia el Itaimich- , hagamos uso de estás, ejerzamos nuestros derechos en los cauces legales y, en su caso, hagamos valer las consecuencias jurídicas, solamente así podemos tomar el control como ciudadanos, la información da certeza a las críticas, rumbo a las acciones y fortaleza a quienes la poseen, generemos el cambio desde nuestros espacios y abonemos al respeto, difusión, garantía y goce de nuestros derechos humanos.
No provoquemos, los ciudadanos, el desuso de nuestros derechos y el olvido de la obligatoriedad que conlleva su observancia.

FB. Salvador Molina
TW. @SalvadorMolina_

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