Gerardo A. Herrera Pérez
Debatamos Michoacán
Mecanismos de seguimiento, ¿para qué?
Miércoles 20 de Enero de 2016
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La discapacidad continúa siendo un fenómeno de diferencia de trato social y como sociedad no lo podemos permitir; la discapacidad no puede ser vista como una causa de exclusión social, tampoco como una cuestión de dádiva, debe ser visto a la luz de los derechos humanos.
La sociedad somos nosotros, quienes la integramos, y somos los responsables de incluir a quienes son personas con discapacidad para que participen activamente en la vida de sus comunidades y contribuyan a su desarrollo, las personas con discapacidad no pueden quedar al margen de la toma de decisiones y de participar en la instrumentación de estrategias de desarrollo. Las personas con discapacidad no pueden ser vistas en un marco de asistencialismo, o bien en un marco patológico de rehabilitación; insisto: las personas con discapacidad deben ser vistas como otro ciudadano en el marco del respeto a su dignidad y sus derechos humanos.
Día con día debemos reflexionar sobre los problemas por los que atraviesan las personas con discapacidad; es una oportunidad para reflexionar, con ánimo crítico y propositivo, si las instancias gubernamentales están cumpliendo con los mandatos de ley, con las nuevas modificaciones constitucionales en materia de derechos humanos, esto es, saber si cumplen adecuadamente las necesidades y demandas de la población con discapacidad en Michoacán, pero también en cada uno de los 113 municipios (2011 marcó un nuevo paradigma social para la inclusión y el respeto a los derechos humanos). En Michoacán hacer esta reflexión nos ayuda a visibilizar a una población que rebasa las más de 250 mil personas con discapacidad y conocer si están o no excluidas del ejercicio de los derechos que tienen como mexicanos, como michoacanos.
Lo que observo en mis recorridos diarios en las vías públicas y en ocasiones en espacios privados es que quienes viven con una o más discapacidades enfrentan condiciones adversas para movilizarse, para encontrar una fuente de empleo, para cruzar las avenidas, para comprender las nuevas tecnologías, para acceder a una educación inclusiva, en general para que los bienes y servicios públicos estén transversalizados con cuestiones de cultura para la atención de la discapacidad (intérpretes de lengua de señas mexicana, formatos braille, señalética inteligente, entre otros), derechos humanos, igualdad, y equidad con perspectiva de género.
Hace ya más de quince años, uno de los pilares de la democracia en México, Gilberto Rincón Gallardo, impulsó en las Naciones Unidas acciones para la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad; una realidad para muchos mexicanos pero una realidad necesaria para más de 650 millones de personas con discapacidad en el mundo.
A la vuelta de los años la Convención fue aprobada por las Naciones Unidas y ratificada por México en 2007; la Convención tiene como propósito proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva, una gran responsabilidad para las instituciones, para la sociedad también.
La Convención plantea entre sus principios el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Para que los estados miembros cumplan con dichos principios de la Convención, el artículo 33 de la misma plantea la aplicación y seguimiento de un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas en diferentes sectores y a diferentes niveles.
Durante estos años nunca se ha diseñado, mucho menos instrumentado, ningún mecanismo de seguimiento para saber qué tanto se avanza en la aplicación de los principios de la Convención de mérito.
Sabemos, los boletines de prensa así lo manifiestan, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos avanza en el diseño y aplicación del mecanismo nacional y el que aplicaran los órganos autónomos estatales de la Convención para cumplir con las necesidades más sentidas de la población con discapacidad; dicho diseño ha sido presentado por la CNDH como un primer proyecto en el seno de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos; con ello, la CNDH pretende emprender una estrategia conjunta para la instrumentación del mecanismo nacional de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La CNDH ha planteado que son cuando menos dos objetivos los que pretende dicha estrategia. El primero, ser un instrumento que detone la creación e implementación de los mecanismos estatales en colaboración estrecha con el mecanismo nacional “y el segundo, fijar los criterios para el diseño e instrumentación de dichos mecanismos a través de un trabajo coordinado entre los 32 organismos de protección en las entidades federativas del país y la CNDH, a efecto de que en un futuro todos los mecanismos de monitoreo –desde su respectivo ámbito de competencia– logren coordinar esfuerzos para la efectiva vigilancia en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
La CNDH sugiere la adopción reglas de operación comunes para el efectivo trabajo coordinado de la Comisiones Nacional y estatales con la sociedad civil (tal como lo señala el artículo 33 párrafos 1, 2 y 3 de la Convención), “que contribuya en la debida implementación de las observaciones emitidas por el Comité de Expertos de la Convención tras analizar el informe inicial de México en cuestiones tales como la igualdad y no discriminación contra las personas con discapacidad por factores de exclusión social, como edad, género, preferencias sexuales, pertenencia étnica y ruralidad; la implementación de acciones para prevenir y combatir la discriminación que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad, el desarrollo de programas de toma de conciencia sobre este sector poblacional como titulares de derechos, la implementación de medidas de accesibilidad aplicables al entorno físico, transporte, información y comunicaciones; el establecimiento de acciones que permitan a las personas con discapacidad accedan a la justicia, la adopción de medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra los niños y niñas con discapacidad intrafamiliar, entre otras recomendaciones”.
La CNDH plantea un ejercicio de revisión en un primer momento de dichos instrumentos por parte de la comisiones estatales, para en un segundo momento ponerlas a disposición de la sociedad civil para que ésta haga el debido escrutinio.
Me parece que este es el momento idóneo para impulsar este proceso de instrumentación del mecanismo; primero, iniciando con el aporte de las comisiones estatales, después de la sociedad civil, pero en este proceso me parece que para el caso de Michoacán será importante porque tenemos autoridades de reciente ingreso y ya fue constituido el Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, además de que el congreso recientemente nombre ombudsman para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Así que las organizaciones de la sociedad civil que atienden las problemáticas de discapacidad de las comunidades de personas sordas, de las comunidades de personas ciegas, de las comunidades de personas con discapacidad intelectual y motoras pronto podrán participar en la revisión y adecuaciones correspondientes al mecanismo que habrá de impulsarse por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán con la participación en su momento de las organizaciones de la sociedad civil.

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