Jerjes Aguirre Avellaneda
¡Para el debate por Michoacán!
Lo hecho y no hecho en el campo michoacano (primera parte)
Viernes 22 de Enero de 2016
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El campo michoacano está enfrentado a grandes desafíos históricos. Por una parte, no pudo realizarse plenamente el modelo revolucionario sustentado en las formas de propiedad social y, por otra, careció de las condiciones para insertarse con éxito en la globalización con dominio de la economía de mercado.
A pesar de los enclaves agro-exportadores con presencia extranjera, las grandes mayorías rurales, integradas por pequeños productores y trabajadores asalariados, fueron colocadas en situaciones de desventaja para producir y competir, careciendo de los apoyos mínimos para superar el estancamiento y la pobreza creciente.
El campo fue la fuente de abastecimiento de obreros en los procesos de industrialización y origen de la migración internacional. Sin embargo, lo uno y lo otro dejaron de representar soluciones que permitan la sobrevivencia digna de la población campesina. Los rezagos se acumulan y la producción de alimentos se ha convertido en un riesgo de amplias proporciones.
Se ha intentado imponer a los campesinos ideas y prácticas del más rígido individualismo, a la vez que merman sistemáticamente su capacidad de organización. Dispersos, poco pueden hacer por sí mismos cumpliendo con sus responsabilidades colectivas.
En el campo se han producido enormes procesos de diferenciación económica y social. De una parte, los sectores productivos vinculados con la globalización de los mercado. Por otra, productores medianos, orientados hacia los consumos nacionales y finalmente, los pequeños productores, que son la mayoría, cuya motivación productiva principal es la subsistencia. Uno y otros tienen problemas específicos y deben ser objeto de políticas públicas específicas. Son estas mayorías campesinas las que necesitan los mayores apoyos y los mayores alientos.
Las reglas de operación de los programas oficiales establecen amplios márgenes para las decisiones discrecionales, en tanto que no distinguen que no es lo mismo un productor temporalero, minifundista, que un productor altamente orientado a la comercialización. Uno es el ganadero de traspatio y otro es el ganadero de grandes hatos. Reglas distintas para productores diferentes en sus posibilidades y potencial tiene carácter de justicia.
El cuadro de realidades del campo es amplio e incluye desigualdad económica y social, pobreza y marginación, deterioro de los suelos, limitaciones crecientes en la disponibilidad del agua, sufre los efectos de las alteraciones climáticas, minifundio dominante, bajos rendimientos, creciente proletarización rural, migración, feminización, envejecimiento del campo y ausencia de inversiones, desempleo, pérdida de la seguridad alimentaria, tierras ociosas y pérdida de la esperanza de que el campo permite trabajar para vivir con calidad y dignidad.
El 70 por ciento de los predios agrícolas son minifundios temporaleros. Del millón y cuarto de hectáreas que se cultivan en la entidad, alrededor de 900 mil dependen para su cultivo de las lluvias, sin apoyos y dependiendo de los “consejos técnicos” de los comerciantes en agroquímicos y productos veterinarios. Más de 150 mil jefes de familia trabajan como jornaleros agrícolas en las plantaciones comerciales y al año abandonan al estado cerca de 60 mil michoacanos, incluyendo la migración interna, según cifras del Conapo. Municipios y regiones enteras se están despoblando como realidad de miseria y ausencia de oportunidades.
Evidentemente no basta que Michoacán sea el primer productor nacional hortofrutícola, cuando las mayorías rurales se debaten en el abandono, por desinterés y por olvido.
En consecuencia, aún en la conciencia sobre las tendencias que excluyen, como si el gobierno fuera el dueño de la verdad absoluta, es pertinente considerar la conveniencia para establecer una reingeniería de la administración pública para el campo, que permita incorporar el conocimiento y la experiencia campesina desde las localidades, los municipios y las regiones en todas las acciones para el desarrollo y el bienestar rural, evitando las duplicidades y una rigurosa transversalidad. Al mismo tiempo es urgente la creación de una instancia gubernamental específica para la atención del pequeño productor, sea ejidatario, comunero o propietario particular.
Asimismo, el futuro no está sólo en el trabajo eficiente sobre la tierra. En todas partes el desarrollo rural termina por hacer indispensable la industria y los servicios. Por eso, desde ahora, es imprescindible un enfoque para desarrollar territorios como unidades territoriales de desarrollo integral.
Por otra parte, conviene hacer obligatoria la planeación del desarrollo agropecuario y forestal por ciclos de producción, anuales y de largo plazo, con metas y concurrencias institucionales precisas, que permitan evaluar y corregir resultados. Habrá que rescatar la experiencia en el desarrollo de cuencas hidrológicas y de regiones claramente definidas por sus recursos, vocaciones productivas y culturales. Es viable también, la integración de mecanismos institucionales autónomos para la planeación y evaluación del desarrollo rural.
Por su parte, los pequeños productores en sus distintas modalidades representan la gran reserva productiva de Michoacán y por tanto, ante los vacíos institucionales y sin retomar prácticas paternalistas, deben establecer sus propias instancias de financiamiento y crédito, asistencia técnica y posibilidades de comercialización con equidad.
Muchos recursos ha gastado el país para el desarrollo del campo, con resultados que han favorecido a los menos en perjuicio de los más. Por eso los campesinos, en su condición de productores, plantean que los recursos presupuestarios destinados al campo, alienten la producción, productividad y competitividad, específicamente de los pequeños productores, buscando convertirse en empresarios, con un alto sentido de responsabilidad social en sus propios valores de convivencia, solidaridad y cultura.
Igualmente debe destacarse que los campesinos, como productores, buscan y proponen su participación en los asuntos que los afectan. Proponen una democracia activa y de corresponsabilidad. Corresponsabilidad en la planeación y las políticas públicas, las asignaciones presupuestarias, la integración y realización de programas, en su vigilancia y en la evaluación final de los resultados para modificar y corregir las acciones subsecuentes.

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