Columba Arias Solís
Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte
Viernes 5 de Febrero de 2016
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Hace unos cuantos días, el Organismo Transparencia Internacional presentó su informe anual sobre percepción de la corrupción en los diferentes países del mundo, apoyándose en los datos que por sí y con apoyo de diversos organismos internacionales recabara para conocer avances y retrocesos en la lucha contra la corrupción.
En el informe del pasado año los resultados no fueron nada halagadores para México, el cual quedó calificado luego de las encuestas en un nada envidiable sitio 35 de una escala donde 100 es el nada corrupto. La pésima noticia es que en este informe se vuelve a catalogar en el mismo sitio al país, lo que demuestra que no hay ningún avance en la lucha contra la corrupción, esa práctica que consiste en “el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima”, a través del tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude, entre otras conductas ilícitas.
Por desgracia, no resultan sorprendentes los indicadores presentados por el organismo internacional, ya en mayo de 2015 el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron el libro de la investigadora Mario Amparo Casar sobre la corrupción en México, sus costos económicos, políticos y sociales, donde la autora además de las cifras de la corrupción, señala que aún cuando ésta es un problema que padecen distintos países en el mundo, en México constituye un verdadero lastre que abarca las instituciones de gobierno, pero también la propia sociedad forma parte de la misma.
De acuerdo con la investigación y en relación con los costos económicos de la corrupción, ésta reduce hasta en un cinco por ciento menos la inversión en los países con mayor corrupción. El ingreso de las empresas resulta afectado al tener una pérdida del cinco por ciento de las ventas, por lo que toca a la piratería, ésta provoca la pérdida de 480 mil empleos al año, y en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), tiene un costo del dos por ciento del PIB, según WEF, mientras que el Banco de México y Forbes consideran un nueve por ciento y el CEESP tasa la pérdida en un diez por ciento.
En lo que se refiere a los costos políticos como consecuencia de la corrupción, hay una profunda insatisfacción con la democracia: sólo el 37 por ciento apoya la democracia y sólo el 27 por ciento se encuentra satisfecho con ésta. El 91 por ciento no confía en los partidos políticos, el 83 por ciento no confía en los legisladores, mientras que el 80 por ciento no confía en las instituciones del sistema judicial.
Por ende, de acuerdo con la investigación desarrollada por Casar, los costos sociales de la corrupción se traducen en pérdidas de bienestar. Catorce por ciento del ingreso promedio anual de los hogares, se destina a pagos extraoficiales, pero además, existe una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia. En México, la corrupción parece haber avanzado a grandes pasos y como una gangrena, va carcomiendo todo a su alrededor.
El 88 por ciento de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población piensa que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años. Ningún estado del país se escapa de la corrupción en el sector público, pues hasta el mejor evaluado –Querétaro en ese entonces– el 64 por ciento de las personas cree que existe corrupción, y son las instituciones que se perciben más corruptas, con 91 por ciento los partidos políticos, el 90 por ciento para la Policía, el 90 por ciento para los funcionarios públicos, 87 por ciento el Poder Legislativo y 83 por ciento el Poder Judicial.
Por el lado de las empresas privadas, el 44 por ciento de ellas en México reconoció haber pagado un soborno, cuestión que nos ubica sólo por debajo de Rusia. Los encuestados manifestaron que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales se hacen para agilizar trámites y obtener licencias y permisos, y una tercera parte de estos pagos se entregaron a dependencias municipales.
Pero, ¿cómo se percibe la sociedad, la ciudadanía a sí misma en este problema de la corrupción? Curiosamente, los ciudadanos mexicanos se sienten honestos. La percepción de corrupción en los círculos cercanos es baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del Inegi, 43 por ciento de los mexicanos creen que sus familiares nunca son corruptos, 38 por ciento cree que sus vecinos nunca son corruptos, 20 por ciento cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos.
La impunidad va de la mano con la corrupción: solamente dos por ciento de los delitos de corrupción son castigados y siempre son aquellos cometidos por funcionarios inferiores.
Ante el panorama desolador de la corrupción que permea los espacios del gobierno y al cual no resulta ajena en absoluto la propia sociedad, resulta alentador el surgimiento de un grupo de ciudadanos y organizaciones que pretenden reunir 120 mil firmas a partir de ahora y hasta mayo para lograr la conformación de la legislación derivada de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, que el gobierno y el Legislativo han dejado en el baúl de los recuerdos y que les permite seguir actuando y protegiendo las prácticas de corrupción.

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